Las diferencias entre la Colombia Humana que proponemos y Maduro

Es claro que, desaparecida la lucha armada en Colombia, esta dejó de ser la causa del miedo construido en la sociedad colombiana. El país estaría a punto de vivir como no lo ha hecho en décadas, la sensación de la ausencia del miedo dada la desaparición de las guerrillas de las Farc y prontamente del ELN. La sociedad sin miedo es la posibilidad concreta e inmediata de la sociedad democrática.

El miedo ha sido el instrumento fundamental con el que una casta política hereditaria ha podido gobernar sobre una mayoría de la población a la que ha excluido de las decisiones fundamentales y de la producción y el reparto de la riqueza. Esa casta política se ha hundido, hoy en una corrupción sin límites y ha llegado a niveles de incapacidad extremos para solucionar los problemas fundamentales que aquejan a la sociedad.

Desde el pasado el miedo ha sido el instrumento de la dominación.

Con el miedo buscaron quitarle las mayorías a Gaitán tildándolo de comunista, y al final lo asesinaron cuando él logró, a pesar de las masacres desatadas, la movilización nacional de las mayorías desposeídas y las clases trabajadoras que representaba.

Posteriormente, con el miedo desatado por el chulavismo, lograron paralizar la energía del pueblo gaitanista que buscaba las reformas democráticas prometidas desde el gobierno de Pumarejo. El país fue gobernado durante doce años por los aliados de Hitler, Mussolini y Franco, sin siquiera un tribunal que condenara los crímenes cometidos: un verdadero genocidio.

El miedo ha sido el instrumento de la dominación, de la subordinación de toda una sociedad a lo injusto, a la sinrazón, a la adoración irracional de la muerte misma, al matarse entre sí, a la corrupción. Tras el miedo nos han hecho odiar la paz, al otro diferente, a la diferencia, a la posibilidad del cambio, a quienes nada tienen y andan sin nada por las calles, a quienes

El miedo produce la desconfianza al cambio y la aceptación pasiva de la ignominia.

Así han podido impedir que se configure una mayoría democrática en Colombia. Han construido en la clase media el miedo al campesino y al joven de la barriada popular. Le tienen más miedo “al de abajo” que ven como amenaza, que a los dueños de los bancos que la dejan sin pensión, sin casa y sin trabajo. Con el miedo han impedido que los y las trabajadoras se organicen e incluso odien la organización, con el miedo silenciaron al campesino y le quitaron su derecho de ciudadanía. Con el miedo desataron un genocidio político sin resistencia en el país.

Ante la desaparición de las guerrillas y la lucha armada en Colombia, las castas políticas corruptas necesitan urgentemente una nueva razón para el miedo. De eso depende su continuidad en el poder.

Con la ayuda de los medios de comunicación más importantes, cuyos propietarios también necesitan del miedo, para vender más noticias, han encontrado la nueva bandera que aterroriza: el gobierno de Maduro, su política económica, o como la han denominado últimamente: el llamado “castrochavismo”, aún con Castro y Chávez ya muertos.

La estrategia consiste en llenar la conciencia de la gente con imágenes de un gobierno vecino, que permita el odio, la indignación generalizada, y logrado el efecto, los dueños de la estrategia, proceden a señalar a todos los que plantean un cambio en Colombia como imitadores de ese “modelo”. Así de nuevo surge el miedo y lo usan para generar la desconfianza contra todos los que plantean el cambio. Esperan así que ese miedo lleve a la gente a votar por los mismos para que continúe lo mismo: la violencia, la desigualdad social, la economía raquítica y fósil y sobretodo, el pillaje. La incapacidad, la injusticia y la corrupción quedan ocultas con el nuevo miedo.

Por tanto, hay que desnudar la mentira del miedo, si queremos la transformación de Colombia, si queremos un país que pueda dotar igualitariamente de capacidades a su gente y permitirle usarlas en libertad, y si queremos una democracia profunda en nuestro país.

¿Pretendemos construir en Colombia una imitación de la Venezuela actual y uniformar a la sociedad con boinas rojas?

El modelo venezolano se afinca en la distribución social de una renta petrolera, que es el producto del azar geológico y de su precio internacional y no de la capacidad productiva de su sociedad. Como toda renta, si su precio es alto, puede ser captada por grupos minoritarios como en las monarquías árabes, y enriquecerlos sustancialmente, o puede socializarse al conjunto de la población, o a clanes o tribus extensas, como intentaron líderes carismáticos y caudillos, como Nasser, Gadafi, Hussein o Chávez. Muchas veces el intento de socialización de la renta petrolera fue el reemplazo de una casta que se la apropiaba por otra.

Como lo demuestra la realidad, al bajar el precio del petróleo, se cae todo el edificio. Pero el descenso del precio del petróleo no es producto del azar; tanto su ascenso como su descenso, se construye políticamente y muchas veces ese camino político es la simple y terrible violencia bárbara. Vemos hoy, por ejemplo, zonas enteras en el medio oriente que quedan con su Estado destruido y con una desvertebración violenta de toda la sociedad impulsada por agentes externos con alta capacidad de destrucción y de terror.

Las invasiones de hoy en esos países no buscan reemplazar violentamente gobiernos por oposiciones, para supuestamente restablecer la democracia, sino que, como lo vemos en Siria, Irak, Libia, y Palestina, destruyen a la oposición, a los gobiernos, a los Estados y a las sociedades mismas. Zonas sin Estado, cubiertas por el pillaje militar de nuevos fascismos con ropaje religioso y sociedades nómadas sin destino y sin capacidad, aterrorizadas. Los nuevos “asesinos de masas” como los llama el filósofo Alain Badiou, dominan el territorio. En esas zonas solo prosperan los negocios del pillaje de las multinacionales del petróleo y del crimen.

Las zonas sin Estado y de los asesinos de masas, ya no solo están en el medio oriente, han pasado a Africa, el Sudán, Somalia, el Congo minero, la Nigeria poderosa también como país petrolero, y del Africa, las fuerzas que planifican la destrucción de estos Estados y Sociedades, sin destruir sus riquezas mineras, eso si, que se apropian, buscan pasar a la rica América Latina. Colombia ya ha sido un territorio explorado y martirizado por los “asesinos de masas” que crecen con el narcotráfico y que nosotros llamamos paramilitares.

El petróleo y el carbón no solo son las materias primas energéticas que producen el cambio climático y que entraña la amenaza más seria contra la vida en el planeta en millones de años ya transcurridos, sino que, además, conduce por dinámicas políticas, sociales y militares que produce la captura de la renta petrolera y que llevan a la barbarie.

Venezuela como país petrolero, padece los problemas de la distribución de la renta y la crisis de la caída del precio del petróleo, pero amplificados por una pésima política económica. Venezuela puede rehacerse a partir del dialogo de su sociedad en paz o seguir el camino de Siria e Irak. A la clase política corrupta de Colombia le conviene el camino de la violencia, es ese camino de destrucción social el que posibilita la generalización del miedo en nuestra propia sociedad. Pero el camino de la violencia en Venezuela, como el de Colombia, no implica para nada el reemplazo de un régimen por una democracia depositada como valor en virtud de los medios de comunicación, en la oposición; solo ingenuos pueden creer eso, el camino de la violencia tanto en Colombia como en Venezuela solo destruye sociedades y estados, no simplemente gobiernos, y deja el territorio en manos de los “asesinos de masas” y del pillaje, y claro está, de las multinacionales y sus negocios de minerales. La democracia en el mundo de hoy, no es producto de la injerencia de intereses ajenos a las sociedades sino solo producto del acuerdo propio de esas sociedades.

¿Es posible plantear seriamente una reproducción del modelo venezolano en Colombia? La respuesta es ¡No!

En primer lugar, porque lo que buscamos las fuerzas del cambio no es como repartir la renta petrolera o carbonera, sino como pasar a una economía con alta capacidad productiva, es decir cimentada en el trabajo y el saber humano.

La experiencia que la depredación del carbón y del petróleo ha dejado en la sociedad colombiana y en la naturaleza y el agua en nuestro territorio, nos ha permitido ver con claridad que nuestro camino no es construir un país inmerso y dependiente de la renta petrolera, o carbonera, a ese tipo de país nos llevó Pastrana, Uribe y Santos. Nada más parecido a la economía venezolana que la economía que nos ha dejado Pastrana, Uribe y Santos. A esa economía dependiente de la extracción de materias primas que producen el cambio climático en el mundo y que acaban todas las ramas de la economía productiva en nuestro país, la he llamado la Economía Raquítica y Fósil. El camino que proponemos como fuerzas del cambio es el de ser una potencia agraria y que desarrolle con fortaleza la capacidad industrial; y para ello debemos alejarnos del carbón y del petróleo.

Para construir una economía de alta capacidad productiva agroindustrial necesitamos no solo de la capacidad activa, planificadora y reguladora del estado, no solo de la capacidad de las ciudadanías locales para determinar el uso de su territorio, sino de la participación activa del mundo privado del país. Financiar un proceso de industrialización no es fácil, lograr una tenencia democrática sobre la tierra y el agua que nos permita usar su potencial productivo no es fácil; y no lo puede hacer solo el Estado. El mundo de la agricultura y del emprendimiento industrial es fundamentalmente un mundo privado del que se espera asociatividad y pluralismo democrático. Podemos construir cooperativas industriales en el pequeño y mediano municipio, con las gentes de allí mismo, asociaciones de trabajo para la economía creativa e inmaterial en las grandes ciudades, podemos lograr asociatividad de los campesinos y campesinas en pos de su transformación en granjeros, pero todos esos esfuerzos de crecimiento de la capacidad productiva, pasará siempre por la libre decisión de personas que son libres e independientes al Estado. Personas libres que para ser libres tienen que gozar de la educación y la cultura. Por eso la mayor capacidad que el estado puede entregar para la libertad, además de la vida física, es el impulso a la educación y la cultura universal.

Como lo demostramos en Bogotá Humana, no expropiamos a nadie, no alteramos la forma de vida de la clase media alta de la ciudad, no molestamos a ningún oponente del gobierno, ni a sus expresiones políticas, no intervenimos sus comunicaciones, ninguna familia tuvo que salir del país por nuestra acción gubernamental. Bogotá Humana logró una ciudad que pudiera reconocer su propia diversidad cultural como fuente de riqueza. La diversidad fue nuestra consigna: la Democracia multicolor.

La Bogotá Humana no repartió simplemente rentas, sino, sobre todo, capacidades. Alimentar al niño y la niña en su primera infancia, llevar el médico al hogar del estrato uno y dos de manera permanente, llevar la música clásica y la cultura a la niñez y a los colegios, lograr la inversión más alta en educación del país y de la historia, sostener por justicia y deber moral al viejo, lograr una movilidad que incluyera a los que tenían que caminar a la fuerza largas jornadas, o hacer del agua un derecho, no son formas de repartición de renta que anulen las capacidades productivas, sino que educación, salud, movilidad incluyente, cultura, son instrumentos, que incrementan las capacidades productivas de la sociedad.

No solo disminuimos la pobreza y la desigualdad social a su grado históricamente más bajo, sino que Bogotá Humana logró la tasa más alta de ocupación laboral de la historia de la ciudad.

El estallido espectacular de la cultura y el arte, tanto en su producción como en su presentación que vivimos en la Bogotá Humana, mostró un Estado capaz de brindar espacios, muros, lugares, y recursos, para la creación libre de las personas. El Estado en la Bogotá Humana no anuló la libertad de las personas, sino que se puso a su servicio.

Bogotá Humana mostró una institucionalidad pública que acompañó y no sustituyó la libertad humana.

Por eso no se puede equiparar nuestras propuestas económicas a las que se practican en Venezuela, y muchísimo menos, la práctica que sustituye la financiación del petróleo, dada la caída de su precio internacional, por la emisión de dinero para financiar el gasto social, lo cual provoca la hiperinflación.

Nos interesa mantener una disciplina monetaria que garantice que nuestros esfuerzos se centren en el crecimiento real de la productividad de la sociedad colombiana. El gasto social imprescindible para la disminución de la pobreza y la desigualdad no puede financiarse ni con rentas que dependen de factores externos, como la del petróleo y el carbón, y que se evaporan, ni por emisiones monetarias inflacionarias. El enriquecimiento general de una sociedad solo depende de su productividad, de su trabajo.

No nos interesa una economía de puerto que entregue la alimentación de su sociedad a las importaciones y por tanto a los intereses que manipulan la importación. Venezuela importa toda su alimentación y Colombia ya importa 13 millones de toneladas al año. Nosotros para convertir a Colombia en potencia agroindustrial y ambiental debemos reemplazar la importación por producción nacional lo que implica no solamente un papel activo del Estado, sino muy activo de sus campesinos y campesinas, de las universidades y de los y las emprendedoras que quieran producir alimentos. Y para convertir a Colombia en potencia ambiental debemos revitalizar nuestros ecosistemas, ordenar el territorio alrededor del agua y separarnos paulatina pero decididamente del carbón y del petróleo.

Así que lo que proponemos nada tiene que ver con la pretensión de los medios de ponernos una boina roja.

La democracia multicolor que proponemos para la Colombia Humana es un cambio real del país que se medirá en que las personas puedan ser lo que quieran ser. La política del amor, implica la comprensión del otro y de la otra, el entendimiento de lo que no es uno mismo, una construcción compartida, a dos, como dijera el filósofo Badiou, que es en realidad a millones, a multitudes.

Así que no se dejen engañar de los constructores del miedo, porque son ellos los constructores reales de la muerte y del pillaje en Colombia.

 

 

 

 

 

 

La Policía Política de Vargas Lleras

Después de una multa por ochenta millones de dólares que me impuso arbitrariamente la Contraloría por no subir las tarifas de Transmilenio, y ahora que ha sido admitida la demanda contra esa decisión por el tribunal administrativo de Cundinamarca, se propone el contralor de Bogotá Juan Carlos Granados, ex gobernador de Cambio Radical de Boyacá, imponerme una nueva multa por más de 230 millones de dólares.

Además de embargar mis bienes que no eran sino dos cuentas de banco sin fondos que tenía desde hacía más de 30 años, y de impedirme laborar en mi país, el contralor Granados ha embargado los bienes del secretario de hacienda Ricardo Bonilla, gran profesor de economía de la U Nacional, de Aldo Cadena: un rancho de paja en Magdalena, y del actual alcalde de Ibagué y secretario de salud de Bogotá Humana: Guillermo Alfonso Jaramillo: tres hectáreas de tierra.

Se trata de una labor sistemática de persecución contra los dirigentes del Progresismo hecha desde un aparato administrativo del Estado usado como fortín de la clase política corrupta de la capital y de Vargas Lleras mi oponente hacia la Presidencia de la República.

En su actividad de embargo y de incautación de bienes, como lo hacía el partido conservador contra los liberales a principios del siglo XX, la policía política de Vargas Lleras se encuentra sorprendida. Entre más sube en la jerarquía de funcionarios de la Bogotá Humana, menos bienes tienen. ¿Que sucedería si esos embargos se hicieran contra la familia Uribe, los dirigentes uribistas o los de Cambio Radical, incluida la familia de Vargas lleras?

Para lograr tamaño desatino el contralor Granados, con varios procesos en la fiscalía por corrupción, ha quebrantado la ley varias veces.

En primer lugar, cuestiona mis decisiones expresadas a través de mi decreto tarifario, o las tomadas conjuntamente en la junta directiva de la EEB, cuando son asuntos que no me convierten en sujeto fiscal, ni están contempladas en la ley que regla el control fiscal.

Sabedor de ese prevaricato el contralor Granados excusa su actuación asimilando para sus procesos administrativos las presunciones de causa grave que se encuentran en la ley de la acción judicial de repetición, olvidando que ese proceso está reservado exclusivamente para los jueces, goza de todas las garantías de los procesos judiciales y no puede ser asimilado por autoridades administrativas que no tienen poder de sanción.

Las presunciones de culpa grave del proceso judicial de repetición son: a) haber sido condenado penal o disciplinariamente por los hechos y b) infringir flagrantemente la ley. Ninguna se produce en mi conducta.

Pero es así como logra multas tan altas, que no han sido impuestas a ningún colombiano, ni siquiera aquellos condenados penalmente por corrupción, como el caso de los empresarios de obras del cartel de contratación o el alcalde Samuel Moreno.

Las multas que me ha impuesto Granados son más altas que lo que le pagaron a Colombia como indemnización por robarse Panamá, o las que pagó el gobierno alemán como indemnización por la primera guerra mundial.

Tamaño exabrupto se hace bajo el silencio de la prensa, cuyos directores en el fondo se complacen con las medidas, bajo la inacción del Presidente de la República, y bajo la mirada del Contralor General de la Nación que luego de estos exabruptos se extraña porque demandan el poder de su órgano administrativo para eliminar derechos políticos de los ciudadanos colombianos, tal como lo hizo Alejandro Ordoñez en su momento.

Mi decisión de construir una tarifa diferencial que no es un subsidio, y de establecer el subsidio Sisben, ese si subsidio, permitió que medio millón de personas, de los estratos con menos capacidad de pago de Bogotá se subieran diariamente a un bus, cuando antes por razones económicas hacían largas jornadas a pie, logró disminuir los tiempos promedio de movilidad de Bogotá y desacelerar el uso del carro y la moto logrando una base de mayor sustentabilidad en la movilidad, medidas que debían ser acompañadas de la construcción del metro y los tranvías que el mismo contralor Granados ha dejado suspender. El decreto de tarifas es hoy plenamente legal y se expidió bajo mis competencias constitucionales y legales como autoridad de transporte de la ciudad.

No solo el decreto de tarifas es legal, sino el del POT, el del aseo. Tenemos la paradoja, imposible en un país democrático en donde se me multa y se me intenta quitar mis derechos políticos por medidas que expedí y que los jueces han declarado legales, o donde no han encontrado razones hasta el momento para declarar una ilegalidad de mis actuaciones.

El proceso por el cual se compraron al grupo privado extranjero CITI sus acciones en TGI, fue acompañado de la mejor asesoría técnica, la empresa que valoró las acciones: Sumatoria, es de la mayor experiencia y prestigio en Colombia en valoración de empresas, sus dueños no tiene la más mínima afinidad ideológica o política conmigo, y yo me ceñí a su consejo técnico que mostraba que dicha operación sería la más rentable para la EEB y por tanto para los intereses de Bogotá en por lo menos la última década. Y Así fue.

La rentabilidad esperada del 28% en el primer año fue del 35%, en el 2014; en ese año logramos la primera repartición de dividendos por 600.000 millones de pesos, y TGI se convirtió en el mayor aportante de utilidades a EEB, desplazando a Codensa en ello. Convertí a TGI en la joya de la Corona de EEB.

Al contrario del detrimento patrimonial que pregona Granados, la empresa EEB duplicó su valor entre el 2011 y el 2015, lo cual significa un sustancial incremento del patrimonio de la ciudad de Bogotá. Sin embargo, por estos logros se me multará con 230 millones de dólares. Granados con funcionarios sin los conocimientos técnicos y la experiencia de Sumatoria, dice que esa empresa se equivocó en su método de valoración y que por tanto yo soy culpable por haber seguido su estudio.

Como en las decisiones de EEB participaron personas cercanas a Santos, a Luis Carlos Sarmiento y a Vargas Lleras, Granados comenzó por exonerarlas, y algo sin precedentes: la oferta con el precio exacto de la acción propuesta por EEB al CITI se hizo cuando no era alcalde y el alcalde era Pardo; sin embargo, a Pardo lo exoneró y a mí me acusó.

Granados fue un gobernador de Boyacá con serios cuestionamientos de corrupción, que el fiscal Néstor H Martínez no investiga, dado que Granados es militante de cambio Radical. Granados oficia como la policía política de Vargas Lleras y trata de debilitar la fuerza del progresismo y mi candidatura presidencial no por métodos democráticos, el de la confrontación de tesis y programas, sino con el método tradicional de la oligarquía: la eliminación del rival.

Completo año y medio de casi absoluto bloqueo económico. Sin ingresos excepto algunas conferencias, mi familia ha podido apenas resistir, mis hijos estudiar. No tengo ni cuentas, ni tarjetas, ni opción de empleo alguno. De no ser por los apoyos de simpatizantes en el país que me han permitido que me pueda mantener en Colombia, mi familia tendría vulnerada las condiciones mínimas de existencia física. Gracias al apoyo de personas humildes y trabajadoras en todo el país puedo mantener erguida la bandera progresista.

Pero Vargas Lleras está preocupado por las encuestas, no entiende del porqué de su fortaleza y agudiza su represión a través de su policía política enquistada en órganos del Estado contra la dirigencia progresista y contra mí.

Creo que es el momento de movilizarnos, de convocar las fuerzas que defienden la democracia en América y en el mundo, de solicitar a la justicia su acción. Si nosotros dejamos violar nuestros propios derechos políticos fundamentales, no tendremos autoridad para defender los derechos de la sociedad colombiana.

Vargas Lleras está demostrando la clase de gobernante que sería si es elegido. Las posibilidades de la Paz y de la democracia serían mínimas. Entre más nos persigue es porque más razón y fuerza tenemos. Saben que fuerzas importantes del pueblo nos acompañan y que estas crecen. Les da enorme temor perder los privilegios que han utilizado para el enriquecimiento ilegal de una clase política que ya no es capaz de gobernar a Colombia.

Las acciones de la Contraloría no nos inhabilitan ni para inscribirnos ni para ejercer el cargo de Presidente de la República. Las inhabilidades para ser Presidente son taxativas y están descritas en la Constitución Nacional, la deuda fiscal no aparece en ellas.

Pero con esas acciones arbitrarias buscan construir en el imaginario ciudadano el que gobernamos mal o fuimos descuidados con los recursos del pueblo.

Buscan ocultar que son ellos los que han dejado morir centenares de niños de hambre en la Guajira, que han entregado territorios completos a las mafias de la corrupción y del narcotráfico, que dilapidaron miles de millones de dólares en negocios como los de Reficar, las concesiones 4G con sus contratistas de siempre: Odebrecht, Sarmiento, Solarte, que usufructúan el negocio de los recaudos de transporte, del saneamiento básico, con protección de otro de sus integrantes de su policía política, el señor Robledo de la SIC; que entregaron con procedimientos corruptos y contra el interés general de la Nación y de los colombianos Isagen y Cafesalud.

La policía política de esa corrupción es la que nos persigue. Tenemos la conciencia tranquila, pero la gravedad de su acción nos demuestra que no tenemos más opción que ganar

La lucha más digna que puede librar un pueblo es por su educación

La Asamblea Nacional Constituyente así lo reconoció en 1991 y por eso expidió un artículo que aseguraba que el presupuesto para la educación creciera por encima de los ingresos corrientes de la Nación, es decir que creciera más que lo que crecen los impuestos; como los ingresos corrientes crecen por encima no solo de la inflación, sino también, de la economía, cada año se aseguraba que cada vez un porcentaje mayor del presupuesto financiaría la educación pública en Colombia.

Con motivo de la crisis de la banca privada en el gobierno de Pastrana, este hizo una reforma constitucional en el Congreso y recortó recursos a la educación de manera transitoria para financiar la crisis económica de ese momento, girando créditos subsidiados a los banqueros privados con recursos públicos; luego Uribe transformó esa reforma transitoria en permanente y se llevó los recursos que eran para la educación ya no para salvar banqueros privados sino para hacer la guerra que llamó seguridad democrática. Decenas de miles de jóvenes quedaron tendidos en los campos de batalla.

Desde entonces el deterioro de la educación en Colombia, una de las peores del mundo, se profundiza.

La oligarquía, Pastrana, Uribe, Santos y Vargas Lleras usaron los recursos de la educación para financiar la crisis de sus bancos y su guerra

Aunque sectores específicos del magisterio, el estudiantado y algunos padres de familia salieron a las calles a defender los recursos de la educación lo cierto es que hemos tenido una sociedad que ha aplaudido mayoritariamente que sus recursos para su propia educación los gasten en salvar banqueros y comprar armas. En vez de la educación, la desigualdad máxima y la muerte.

Hemos tenido una sociedad que en su mayoría creyó que la seguridad mejoraría si en vez de abrir universidades y pagar más maestros debía comprarse más balas y tanques y aviones de combate.

Balas y no libros, parece ser la consigna de una sociedad que renuncia al saber humano y se entrega a la bestialidad de la violencia.

Cuando llegamos a gobernar la capital de Colombia quisimos dar un mensaje completamente diferente: Duplicamos el presupuesto de la educación, que fue la prioridad del gasto, cuadruplicamos el de la Cultura y triplicamos el esfuerzo financiero para atender a la primera infancia.

Los resultados fueron sorprendentes en inclusión juvenil, disminución de la desigualdad y la pobreza y disminución de la violencia. La construcción de una Democracia viva y multicolor se tocaba con las manos.

Sin embargo, sectores de la sociedad determinantes en las elecciones decidieron que era más importante el cemento que el cerebro, que Bogotá sería mejor para todos tachonada de troncales de Transmilenio que llena de Universidades, colegios, culturas y saberes y equilibrada con la naturaleza.

Para una Paz de verdad, para la construcción de una convivencia democrática de larga duración, para la superación de la desigualdad social y la pobreza debemos recuperar para la educación los dineros que les quitó Pastrana y Uribe y sus entonces ministros y senadores: Santos y Vargas Lleras.

Le solicito al Presidente de la República por la vía del llamado “Fast Track” restablecer el articulo original de la Constitución del 91 sobre financiación de la educación y cumplir así, con su palabra entregada el 7 de agosto del 2014 en lugar de reprimir con violencia al magisterio

Golpear un maestro en vez de aumentar la financiación de la educación es la demostración más vil de la ignorancia y la irracionalidad.

Si un gobierno Progresista es elegido en Colombia el año entrante, nos comprometemos a recuperar la senda del crecimiento real de los recursos de la educación para garantizar los tres años de preescolar en todo el país con un cambio drástico y de calidad en la atención de la primera infancia que debe ser propiciada directamente por el Estado y no por contratistas tercerizados que en caso de empresas y fundaciones, son en realidad mecanismos de robo del dinero público por la clase política tradicional.

Nos comprometemos a una jornada única cuyo objetivo sea enseñar a pensar en libertad.

Nos comprometemos a forjar el derecho a la educación superior. Con una universidad pública extendida con más de 500.000 nuevos cupos iniciales, gratuita para el estrato uno, dos y tres y de calidad buscando que la Universidad Nacional sea la primera en América Latina y se ubique entre las cien mejores del mundo.

Una universidad que sea capaz de investigar y que ligada a la producción y las culturas nacionales generen la creación del pensamiento en todos los órdenes de la Ciencia.

Necesitamos la fuerza del saber de nuestro lado. El objetivo de una democracia consiste en lograr que el lugar protagónico en una sociedad sea el saber y el o la maestro, y no el traqueto y el corrupto como actualmente nos sucede.

La sociedad progresista es la sociedad del saber múltiple.

SOBRE LA TRAGEDIA DE MOCOA

Por Gustavo Petro

La muerte de las hasta ahora 254 personas en Mocoa, entre ellas más de 40 niños y niñas por las avalanchas de varios rios no es un desastre natural, es un desastre político. El país no tiene un plan real y financiado de adaptación al cambio climático en razón a que intereses económicos poderosos se lo impiden.

El nuevo vicepresidente debería tomar en sus manos tareas de adaptación al cambio climático en Colombia y mirarlo como lo que es: un problema de seguridad ciudadana, el mayor de Colombia. El anterior vicepresidente era un negacionista del cambio climático, igual que su partido Cambio Radical, muchas de las casas llamadas gratuitas están alejadas de los centros de las ciudades y en territorios de riesgo climático. Los militantes de Cambio Radical se dedicaron desde sus puestos de poder a eliminar las decisiones ambientales que podían impedir el establecimiento de barrios hechos por sus constructores, autopistas privatizadas 4G o zonas de exploración minera.

El Cambio climático es producido por el consumo de carbón y petróleo y gas natural en el mundo desarrollado que arroja gases efecto invernadero y provocan trastornos profundos y crecientes del clima, junto a la corrupción de la clase política colombiana produjo un arma letal: no solo el incremento inusitado de las lluvias en Putumayo, sino la muerte en Mocoa por imprevisión absoluta de su clase política

Si los municipios siguen haciendo Planes de Ordenamiento Territorial como plantillas calcadas y pagadas a contratistas corruptos y aprobados por concejos ignorantes o, peor, supeditados también por corrupción a especuladores inmobiliarios, y grandes terratenientes y compañías mineras, condenarán a mucha gente a la muerte.

Los tiempos de la adaptación al cambio climático, serán más lentos que los eventos climáticos cada vez más fuertes. Hay que comenzar ya. Entre menos se mitigue la emisión de gases efecto invernadero en los países desarrollados, y Trump ya anunció no hacerlo, más costosa será la adaptación de nuestros territorios y nuestra población para salvar la vida.

Buena parte de nuestra población rural y urbana está situada en zonas de alto riesgo climático por su condición económica y la desigualdad social, la violencia ha llevado a miles de familias a vivir al lado de quebradas, ríos y pendientes en sitios con remoción en masa.

Nosotros hicimos un esfuerzo por enseñarle al país como se tomaban medidas de prevención del riesgo. Bogotá en el POT 2013 hizo el primer plan de adaptación al cambio climático de Colombia, pero de inmediato Camacol, el gremio de los constructores, el gobierno nacional, con su ministro de vivienda Henao y la magistrada Elizabeth García González, amiga del procurador Ordoñez, quien había nombrado a un familiar suyo, lo suspendieron.

El POT que adaptaba a Bogotá al cambio climático decretado en el 2013 por la Bogotá Humana hoy es legal, pero está suspendido por una magistrada del Consejo de Estado, cuando el Consejo de Estado negó tener competencia para estudiar su legalidad.

Luego hicimos el IDIGER con su Fondo por más de cien mil millones de pesos para comprar tierras que liberaran el espacio al agua junto a humedales, ríos, quebradas y para reubicar más de cinco mil familias de las quince mil que hay que reubicar en la ciudad capital.

Los planes de ordenamiento territorial no son para privilegiar intereses económicos poderosos sino para privilegiar la vida y la sostenibilidad de la población en el territorio.

Es por eso que la justicia colombiana debe comprender un nuevo ámbito del derecho: la justicia climática. A diferencia de jueces como la magistrada García, o Velilla, o como aquel que detuvo la construcción de vivienda social para privilegiar parqueaderos del estrato seis de Bogotá, se necesita una justicia que comprenda que la sostenibilidad ambiental, afectada por intereses económicos poderosos, es también la sostenibilidad de la vida humana.

Simplemente no se puede vivir de manera permanente, ni construir urbanizaciones y asentamientos humanos en zonas de alto riesgo climático. la Nación debe financiar la reubicación de la población que habita en estas zonas de riesgo y su presupuesto debe ser suficiente y prioritario. Implica una verdadera reforma agraria y urbana que el país está en mora de hacer.

En cada territorio hay que elaborar un mapa de riesgo climático que debe ser la base para elaborar los planes de ordenamiento territorial. Ese ordenamiento implica liberar espacios al agua y reubicar su población

Hay que hacer mapas de riesgo en el territorio con modelos probabilísticos climáticos y escenarios diferentes de aumento de temperatura global. La Universidad Nacional en red con otras universidades y Planeación Nacional están llamados a cumplir esta tarea.

Hace un mes leí el plan nacional para la adaptación al cambio climático que hizo el gobierno. No es sino retórica. No tiene recursos, delega en las débiles autoridades locales la responsabilidad. La adaptación al cambio climático es una responsabilidad local, nacional y mundial.

Adaptar a Colombia al cambio climático implica enfrentar intereses económicos poderosos. Por eso es que suspendieron el POT de Bogotá. Implica reconocer que hay un interés general sobre el particular, la vida sobre el mercado, implica construir bienes comunes en el territorio.

Liberar los espacios del agua, ordenar el territorio alrededor del agua, ubicar la población en zonas de bajo riesgo climático, una nueva agricultura de alimentos que ocupe todas las tierras fértiles y que no emita gases efecto invernadero, democrática en la tenencia de la tierra, pluritécnica, con uso de semillas ancestrales más resistentes y propias al clima, una restauración de los ecosistemas en Colombia. Y un respeto absoluto al agua.

Hoy registramos que en un solo hecho ocurrido en Colombia superó el número de muertos de Perú por calentamiento costero del Pacífico: Que nuestro país está más atrás que Perú y Ecuador, que hoy no cuenta un solo muerto, a la adaptación a los trastornos profundos del clima que cada vez serán más poderosos.

Desde Bogotá Humana criticamos al gobierno nacional que manejará el cambio climático como una estrategia de atención del desastre y no de prevención del riesgo, ahora recogemos las consecuencias de tal equivocación e imprevisión en cadáveres.

El ordenamiento territorial alrededor del agua es vital para salvar la vida. Se vuelve el compromiso progresista a escala nacional.

La Corrupción: De las letrinas a la Ruta del Sol

La Corrupción del Poder Político en Colombia

 

Por Gustavo Petro

 

En el año 2.000 realicé un debate sobre los auxilios parlamentarios prohibidos por la Constitución, pero revividos clandestinamente por Andrés Pastrana.

Encontré toda la lista de parlamentarios beneficiarios, decenas de ellos, que se distinguían con códigos secretos. La entrega de centenares de miles de millones de pesos del erario a ellos a través de cupos que se establecían a cambio de su voto favorable a políticas del gobierno pastranista, es uno de los mayores hechos de corrupción de Colombia.

Los mayores beneficiarios según mi denuncia eran los parlamentarios Vicente Blel y Otto Bula.

El que repartía los auxilios era el entonces ministro de hacienda y hoy Presidente de la República y premio Nobel, Juan Manuel Santos.

Otto Bula era el que seguía en la lista al senado de Mario Uribe Escobar y su testaferro. Otto Bula como Mario Uribe como Santos, eran en ese entonces, pastranistas.

Otto era un productor de quesos de Sahagún, el quesero le decían, que de pronto se volvió rico.

Aunque la prensa hizo eco de mi debate, no profundizó en él. La investigación fue archivada por el fiscal Luis Camilo Osorio y la investigación de la contraloría la ocultaron después que Carlos Ossa se fue. La prensa no volvió nunca más a mencionar el debate.

¿Cuál era la razón de ese silencio?

Al final de mi debate mostré cómo los lugares geográficos de los centenares de proyectos señalados por los congresistas, por eso los llamaron cupos indicativos, y que se financiaban con recursos públicos y que en su mayoría eran construcción de letrinas, que en realidad nunca se hicieron, se ubicaban en las zonas bajo control paramilitar. Así comencé mi investigación sobre la articulación entre clase política colombiana y el narcotráfico paramilitar.

La prensa no hizo eco de esa investigación porque mostraba que el mecanismo de financiación del paramilitarismo con recursos públicos se hacía a partir de una fuerte alianza entre las mafias políticas locales y los más importantes “estadistas” de corte nacional de origen bogotano o antioqueño. La pulpa del establecimiento colombiano al que pertenecen los dueños de la prensa privada del país.

Hoy Otto Bula es famoso, es nuevamente el testaferro de los congresistas. Se había enriquecido con tierra barata que los campesinos vendían después de cada masacre paramilitar y que el luego compraba para entregarla a Mario Uribe, primo de Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, para venderlas después a precios bien caros. Parte de las ganancias iban a Mancuso y otros paramilitares y parte a los bolsillos de los políticos de Córdoba y Antioquia.

El negocio de la tierra barata revendida a precios altos gracias al terror paramilitar, fue no solo el negocio de Mario Uribe  y Otto Bula sino el de Francisco Javier Piedrahita, el del papá de Uribe Vélez, el de Uribe Vélez y el de su amigo William Vélez, y el de muchos políticos locales, empresarios poderosos y magistrados de la justicia.

Ese mecanismo de captura de rentas gracias al terror es el que explica porque tenemos el desplazamiento más grande del mundo, mayor que el de Siria, de millones de personas desalojadas de sus tierras y pueblos y llevadas a la pobreza y la miseria como víctimas de la violencia en las ciudades del país.

Durante toda la primera década del siglo XXI hice varios debates demostrando con nombres propios, los vínculos de la clase política local, antioqueña, santandereana, nortesantandereana, sucreña, del Magdalena, con el paramilitarismo narcotraficante. La prensa se silenciaba no solo ante las masacres y sus autores, sino ante mis debates. Solo la Corte Suprema de Justicia de entonces los recogió y al volverlos procesos judiciales exitosos y expandir la investigación a todo el país fue objeto como yo, de la persecución del gobierno a través del DAS. Decenas de senadores y políticos locales fueron a parar a la cárcel, pero no sus jefes.

Otto Bula y Mario Uribe ya no eran pastranistas, se habían vuelto uribistas como la mayor parte de la clase política local. Las castas comenzaron a caer en prisión. Los García Romero de Sucre, Los Araujo Noguera del Cesar, Mario Uribe y los Suarez Mira de Antioquia, los Vives, los Caballero, los Jattin y los López de Córdoba, los Aguilar de Santander, los Gnecco de Cesar, los Gómez de la Guajira, etc., etc., etc.

Los debates y los procesos judiciales de la Corte Suprema de Justicia demostraron efectivamente que el poder local en Colombia, donde está la mayoría del electorado, se construía a partir de una fuerte alianza entre clase política local y narcotráfico paramilitar y que este estaba ligado al poder central de Colombia, en ese entonces en manos del Presidente Uribe.

En el año 2010, conjuntamente con Carlos Vicente de Roux y Luis Carlos Avellaneda realizamos el informe sobre la contratación de Bogotá develando el llamado cartel de la contratación.

Allí con nombres propios mostramos como operaba una serie de conglomerados de constructores convertidos en grandes contratistas del Estado, los Nule, Conalvías, los Solarte, los William Vélez de Odinsa, y, escúchenlo bien: Odebrecht.

Dijimos que los grandes contratistas eran pirámides financiadas con el erario y que solo podían crecer y sostenerse con el pago de fuertes coimas que dejaban huecos financieros en los proyectos que construían y que solo se podían llenar con nuevos contratos más grandes que a su vez solo se conseguían con pagos mayores de coimas y así sucesivamente.

Los Nule eran el primer conglomerado en caerse como un castillo de naipe al no ser beneficiarios de la Ruta del Sol. Dijimos en ese julio del 2010, que los demás también caerían por la misma razón. El gran contratista-pirámide del Estado en el momento en que sus fichas políticas no ganan, pierden contratación y se caen como castillos de naipes.

Así se cayó Conalvías, a pesar de las excelentes relaciones con la prensa que tenía su propietario Andrés Jaramillo, y así se cayó luego Odebrecht

¿Porque la prensa uso nuestro informe solo para atacar a los Nule, y no para atacar los demás grandes consorcios delictivos?

¿Por qué a pesar de nuestra denuncia sobre Odebrecht, y su contrato del túnel de Canoas en el Distrito y de la Ruta del Sol con el gobierno de Uribe, y de mostrar que  operaba como empresa igual que los Nule, con coimas, no fue seguida por la prensa? ¿Por qué la prensa privada silenció esa denuncia y ¿Por qué la justicia colombiana no produjo la investigación que nosotros solicitábamos y la centró exclusivamente en los Nule y Samuel Moreno y solo hasta seis años después se produce, con sorpresa de la prensa colombiana, pero a partir de la confesión de lo ya denunciado entonces por el senador Petro, pero ante la justicia gringa?

Otto Bula, que dejó de ser uribista, ahora es liberal y santista, y ha sido el intermediario testaferro de las coimas pagadas por Odebrecht. Sus destinatarios han sido congresistas y funcionarios del entorno de Santos para lograr la ampliación al contrato de la ruta del Sol que entregó Uribe a dedo, con una nueva vía entre Ocaña y Gamarra por casi un billón de pesos. Ni Samuel Moreno realizó ampliaciones de contratos de esa magnitud.

La adición del contrato de la ruta del sol con una nueva vía tiene dos protagonistas societarios: Odebrecht, mayoritario, y Luis Carlos Sarmiento Angulo, minoritario, el hombre más rico de Colombia.

De nuevo la coalición entre mafias políticas locales y el establecimiento cachaco colombiano se hace presente, y por eso de nuevo se silencia la prensa.

Los Nule sabían de la existencia del cartel nacional de la contratación que conformó Uribe y que se traspasó a Santos. La fiscalía les aplicó una especie de extorsión al revés, “si hablan los condenamos más fuerte”, les dijeron. La prensa los volvió el chivo expiatorio para no ocuparse de los otros conglomerados: Solarte, Conalvías, Odinsa, Odebrecht. Hasta el antiguo propietario de Odinsa, William Vélez, comenzó a hacer ejercicios para adueñarse del canal Uno a través de Yamid Amat y Luis Carlos Sarmiento, socio de Odebrecht se quedó con el Tiempo.

La extorsión que hacían fiscales con el objetivo no de encontrar la verdad sino de ocultarla, se volvió explícita. Una carta enviada por Emilio Tapia al Fiscal Montealegre lo demuestra, allí dice que el fiscal Valbuena le exigía que no hablara sino de los implicados en coimas del Distrito y de Samuel, buscando proteger otro emporio contractual de carácter nacional, el de la Familia Ríos que se quedó con el Recaudo Bogotá, la mayor contratación del cartel.

Recaudo Bogotá es en realidad un banco, que, por su tamaño, 63 billones, y la facilidad de su operación, haría palidecer a Odebrecht. La familia Ríos es su propietaria, ya esa familia llevó a la quiebra a Trans Santiago en Chile el Transmilenio construido en la capital de ese país, y junto a sus testaferros panameños se quedó con la mayor contratación de la historia de Colombia, el Recaudo Bogotá, protegidos por el Procurador Ordoñez y por el Superintendente de industria y comercio, Robledo, todos amigos del Vicepresidente de la República Germán Vargas Lleras.

Un político local bogotano, Alberto Ríos, aliado a un “estadista” del establecimiento, Vargas Lleras, muestran no solo la dinámica del poder local y nacional, sino la dinámica de la corrupción.

Los contratistas se volvieron dueños de la política y de la prensa.

Este resumen no solo de una actividad política centrada en la lucha contra la corrupción que realicé tiene un objetivo: mostrar el porqué del altísimo nivel de corrupción de Colombia.

El Poder Político de Colombia funciona como una alianza entre el establecimiento, círculo cerrado y hereditario de dueños de la economía, los medios y el Estado central, con las mafias políticas locales ligadas al narcotráfico y el paramilitarismo. Es esta alianza la que permite su gobernabilidad; sin ella no podrían ganar elecciones, dado que el establecimiento no ejerce ningún liderazgo sobre la ciudadanía, no es legítimo, y dado que la clase política local es experta en obtener los votos, pero solo comprándolos. Unos y otros configuran el poder político del país, y su costo es que la alianza solo se mantiene si se permite el robo del erario público. La corrupción es su cemento.

Si la ciudadanía liberara su voto y dejará de fortalecer las castas políticas locales, como el emporio de los Nule, el poder político actual de Colombia se derrumbaría como un castillo de naipes. El cambio del país y la Democracia serían posibles.

Por tanto, pensar en reformas en el congreso contra la corrupción para que los mismos corruptos decidan si las aprueban o no, o es de personas ilusas o es un engaño premeditado.

La corrupción se supera con el voto libre, con una prensa independiente del poder político o económico, con la derrota del establecimiento en el poder central y con un proceso constituyente que democratice los territorios de Colombia.

El Mandado de vargas Lleras al contralor Distrital Granados

Han considerado en la Contraloría Distrital que es un detrimento patrimonial financiar con el presupuesto público, el transporte público masivo de la ciudad. Han considerado que la única fuente de financiación del transporte debe ser el pasaje que pagan los usuarios, no importa su coste.

¿Es cierto que financiar el transporte público con el presupuesto es un detrimento patrimonial?

¿Se trata de una política pública populista?

¿Una decisión de sostener financieramente el transporte público con diversas fuentes, entre ellas el presupuesto es anti técnica como afirmó una periodista?

La respuesta es No.

Todos los sistemas masivos de transporte público del mundo, se financian con fuentes diversas que, aunque incluyen las tarifas de los usuarios, también incluyen los presupuestos públicos. El subsidio al transporte es un hecho generalizado en el mundo.

De no ser así la demanda de pasajeros disminuiría drásticamente y quebrarían todos los sistemas públicos, en detrimento de la calidad de vida de las ciudades que verían aumentar sustancialmente el número de viajes en carro y moto.

Tampoco es ilegal o arbitrario establecer un mecanismo de financiación del presupuesto público al sistema de transporte. Desde el 2009 tanto el Distrito y después, en el 2010, la Nación, con la ley del plan de desarrollo, pasaron del concepto de auto sostenibilidad, es decir la financiación a partir solo de tarifas de los usuarios, al de sostenibilidad y costeabilidad, es decir, la financiación plural con tarifas y otras formas como cobros por congestión, parafiscales y por supuesto, presupuesto.

En mi administración apliqué la ley del plan nacional de desarrollo y el decreto distrital 69 del 2009, que establecen el contemporáneo criterio de sostenibilidad y costeabilidad con pluralidad de fuentes financieras, y aprobé en el concejo partidas presupuestales para tal fin. Financié el transporte público masivo, con las tarifas de los usuarios y los recursos presupuestales.

La financiación con presupuesto a la movilidad ciudadana, y a los costos operacionales del sistema público masivo, no es un detrimento patrimonial, equivale al gasto social que se hace por ejemplo en la atención de la niñez o a la educación pública.

Tampoco es anti técnico pasar a una financiación parcial del transporte con el presupuesto. La implementación del SITP que llegó a tener tarifas técnicas, es decir costos operacionales por pasajero de hasta 8.000 pesos, no sería posible si este costo se cargara exclusivamente a los usuarios; simplemente estos se hubieran pasado por centenares de miles o al transporte público tradicional que cobra 1.000 pesos pasajero, o a la moto y el carro, agravando las condiciones de congestión y movilidad de la ciudad.

Lo anti técnico hubiera sido mantener el principio de auto sostenibilidad, principio único en Colombia que expresa un viejo fundamentalismo neoliberal ya normativamente superado, porque hubiera quebrado el SITP antes de la implementación y hubiera colapsado en una magnitud mayor, las estaciones de Transmilenio en hora pico.

La política tarifaria en transporte es de la competencia del alcalde, legal y constitucionalmente. Los decretos que expedí gozan de total legalidad. El gasto público social hecho en el transporte de acuerdo a la última encuesta de transporte del DANE en 2014 mostró toda su pertinencia: Aumentó la demanda global por el sistema público, se desaceleró la compra de motos, se estancó la tasa de uso del carro, aumentó sustancialmente el uso del bus por los estratos más pobres de la ciudad, que antes caminaban, y hasta se logró aumentar la tasa de uso del transporte público por el estrato seis. Por ello, entre otras medidas, disminuyó el tiempo promedio de viajes en la ciudad de 62 minutos en el 2011 a 56 minutos en el 2014.

¿Es populista la medida?

El Banco Mundial que acompañó el proceso logró evidenciar a través de su estudio que la principal política que logró efectivamente ayudar a superar la pobreza en la Bogotá Humana fue el subsidio de transporte a los más pobres, porque estos lo usaron efectivamente para buscar mejores opciones de ocupación laboral en los centros mismos de las transacciones económicas y dejaron de estar segregados geográficamente por el impedimento económico que le representaba las tarifas de los buses.

Es decir el fundamento de la política de superación de la pobreza en Bogotá fue el acercamiento y la apertura de esta población a la producción y la generación de ingresos, gracias a la abaratamiento de sus costos de transporte, un camino completamente ajeno al populismo.

¿Por qué entonces se me persigue en la contraloría y se me multa con más de doscientos mil millones de pesos, que no tengo, por la implementación de la política pública tarifaria en el transporte?

Porque el contralor es de Vargas Lleras. No le importa al Contralor que su decisión asegure el camino de la quiebra de todos los sistemas masivos del transporte público del país, sino que solo quiere sacar de la contienda política al aspirante más popular del progresismo.

A Granados no le interesa que está persiguiendo una política pública, sin tener competencias para ello, le interesa es hacer un favor al vicepresidente de la República Germán Vargas Lleras.

El contralor Granados, repite el camino de los colonizadores españoles que embargaban los bienes de los criollos republicanos, y el de los conservadores de principios del siglo XX que expropiaban a todo el que fuera liberal y lo condenaban al ostracismo.

El contralor Granados cree que beneficia a Vargas Lleras ayudando a cercenar los derechos políticos del que escribe estas líneas.

Paradójicamente, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica, que como tal es obligatoria para Colombia, sobre el caso del entonces candidato venezolano Leopoldo López, prohíbe taxativamente que contralores, y funcionarios administrativos similares, usando el procedimiento de la multa cercenen los derechos políticos de los ciudadanos.