La Corrupción: De las letrinas a la Ruta del Sol

La Corrupción del Poder Político en Colombia

 

Por Gustavo Petro

 

En el año 2.000 realicé un debate sobre los auxilios parlamentarios prohibidos por la Constitución, pero revividos clandestinamente por Andrés Pastrana.

Encontré toda la lista de parlamentarios beneficiarios, decenas de ellos, que se distinguían con códigos secretos. La entrega de centenares de miles de millones de pesos del erario a ellos a través de cupos que se establecían a cambio de su voto favorable a políticas del gobierno pastranista, es uno de los mayores hechos de corrupción de Colombia.

Los mayores beneficiarios según mi denuncia eran los parlamentarios Vicente Blel y Otto Bula.

El que repartía los auxilios era el entonces ministro de hacienda y hoy Presidente de la República y premio Nobel, Juan Manuel Santos.

Otto Bula era el que seguía en la lista al senado de Mario Uribe Escobar y su testaferro. Otto Bula como Mario Uribe como Santos, eran en ese entonces, pastranistas.

Otto era un productor de quesos de Sahagún, el quesero le decían, que de pronto se volvió rico.

Aunque la prensa hizo eco de mi debate, no profundizó en él. La investigación fue archivada por el fiscal Luis Camilo Osorio y la investigación de la contraloría la ocultaron después que Carlos Ossa se fue. La prensa no volvió nunca más a mencionar el debate.

¿Cuál era la razón de ese silencio?

Al final de mi debate mostré cómo los lugares geográficos de los centenares de proyectos señalados por los congresistas, por eso los llamaron cupos indicativos, y que se financiaban con recursos públicos y que en su mayoría eran construcción de letrinas, que en realidad nunca se hicieron, se ubicaban en las zonas bajo control paramilitar. Así comencé mi investigación sobre la articulación entre clase política colombiana y el narcotráfico paramilitar.

La prensa no hizo eco de esa investigación porque mostraba que el mecanismo de financiación del paramilitarismo con recursos públicos se hacía a partir de una fuerte alianza entre las mafias políticas locales y los más importantes “estadistas” de corte nacional de origen bogotano o antioqueño. La pulpa del establecimiento colombiano al que pertenecen los dueños de la prensa privada del país.

Hoy Otto Bula es famoso, es nuevamente el testaferro de los congresistas. Se había enriquecido con tierra barata que los campesinos vendían después de cada masacre paramilitar y que el luego compraba para entregarla a Mario Uribe, primo de Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, para venderlas después a precios bien caros. Parte de las ganancias iban a Mancuso y otros paramilitares y parte a los bolsillos de los políticos de Córdoba y Antioquia.

El negocio de la tierra barata revendida a precios altos gracias al terror paramilitar, fue no solo el negocio de Mario Uribe  y Otto Bula sino el de Francisco Javier Piedrahita, el del papá de Uribe Vélez, el de Uribe Vélez y el de su amigo William Vélez, y el de muchos políticos locales, empresarios poderosos y magistrados de la justicia.

Ese mecanismo de captura de rentas gracias al terror es el que explica porque tenemos el desplazamiento más grande del mundo, mayor que el de Siria, de millones de personas desalojadas de sus tierras y pueblos y llevadas a la pobreza y la miseria como víctimas de la violencia en las ciudades del país.

Durante toda la primera década del siglo XXI hice varios debates demostrando con nombres propios, los vínculos de la clase política local, antioqueña, santandereana, nortesantandereana, sucreña, del Magdalena, con el paramilitarismo narcotraficante. La prensa se silenciaba no solo ante las masacres y sus autores, sino ante mis debates. Solo la Corte Suprema de Justicia de entonces los recogió y al volverlos procesos judiciales exitosos y expandir la investigación a todo el país fue objeto como yo, de la persecución del gobierno a través del DAS. Decenas de senadores y políticos locales fueron a parar a la cárcel, pero no sus jefes.

Otto Bula y Mario Uribe ya no eran pastranistas, se habían vuelto uribistas como la mayor parte de la clase política local. Las castas comenzaron a caer en prisión. Los García Romero de Sucre, Los Araujo Noguera del Cesar, Mario Uribe y los Suarez Mira de Antioquia, los Vives, los Caballero, los Jattin y los López de Córdoba, los Aguilar de Santander, los Gnecco de Cesar, los Gómez de la Guajira, etc., etc., etc.

Los debates y los procesos judiciales de la Corte Suprema de Justicia demostraron efectivamente que el poder local en Colombia, donde está la mayoría del electorado, se construía a partir de una fuerte alianza entre clase política local y narcotráfico paramilitar y que este estaba ligado al poder central de Colombia, en ese entonces en manos del Presidente Uribe.

En el año 2010, conjuntamente con Carlos Vicente de Roux y Luis Carlos Avellaneda realizamos el informe sobre la contratación de Bogotá develando el llamado cartel de la contratación.

Allí con nombres propios mostramos como operaba una serie de conglomerados de constructores convertidos en grandes contratistas del Estado, los Nule, Conalvías, los Solarte, los William Vélez de Odinsa, y, escúchenlo bien: Odebrecht.

Dijimos que los grandes contratistas eran pirámides financiadas con el erario y que solo podían crecer y sostenerse con el pago de fuertes coimas que dejaban huecos financieros en los proyectos que construían y que solo se podían llenar con nuevos contratos más grandes que a su vez solo se conseguían con pagos mayores de coimas y así sucesivamente.

Los Nule eran el primer conglomerado en caerse como un castillo de naipe al no ser beneficiarios de la Ruta del Sol. Dijimos en ese julio del 2010, que los demás también caerían por la misma razón. El gran contratista-pirámide del Estado en el momento en que sus fichas políticas no ganan, pierden contratación y se caen como castillos de naipes.

Así se cayó Conalvías, a pesar de las excelentes relaciones con la prensa que tenía su propietario Andrés Jaramillo, y así se cayó luego Odebrecht

¿Porque la prensa uso nuestro informe solo para atacar a los Nule, y no para atacar los demás grandes consorcios delictivos?

¿Por qué a pesar de nuestra denuncia sobre Odebrecht, y su contrato del túnel de Canoas en el Distrito y de la Ruta del Sol con el gobierno de Uribe, y de mostrar que  operaba como empresa igual que los Nule, con coimas, no fue seguida por la prensa? ¿Por qué la prensa privada silenció esa denuncia y ¿Por qué la justicia colombiana no produjo la investigación que nosotros solicitábamos y la centró exclusivamente en los Nule y Samuel Moreno y solo hasta seis años después se produce, con sorpresa de la prensa colombiana, pero a partir de la confesión de lo ya denunciado entonces por el senador Petro, pero ante la justicia gringa?

Otto Bula, que dejó de ser uribista, ahora es liberal y santista, y ha sido el intermediario testaferro de las coimas pagadas por Odebrecht. Sus destinatarios han sido congresistas y funcionarios del entorno de Santos para lograr la ampliación al contrato de la ruta del Sol que entregó Uribe a dedo, con una nueva vía entre Ocaña y Gamarra por casi un billón de pesos. Ni Samuel Moreno realizó ampliaciones de contratos de esa magnitud.

La adición del contrato de la ruta del sol con una nueva vía tiene dos protagonistas societarios: Odebrecht, mayoritario, y Luis Carlos Sarmiento Angulo, minoritario, el hombre más rico de Colombia.

De nuevo la coalición entre mafias políticas locales y el establecimiento cachaco colombiano se hace presente, y por eso de nuevo se silencia la prensa.

Los Nule sabían de la existencia del cartel nacional de la contratación que conformó Uribe y que se traspasó a Santos. La fiscalía les aplicó una especie de extorsión al revés, “si hablan los condenamos más fuerte”, les dijeron. La prensa los volvió el chivo expiatorio para no ocuparse de los otros conglomerados: Solarte, Conalvías, Odinsa, Odebrecht. Hasta el antiguo propietario de Odinsa, William Vélez, comenzó a hacer ejercicios para adueñarse del canal Uno a través de Yamid Amat y Luis Carlos Sarmiento, socio de Odebrecht se quedó con el Tiempo.

La extorsión que hacían fiscales con el objetivo no de encontrar la verdad sino de ocultarla, se volvió explícita. Una carta enviada por Emilio Tapia al Fiscal Montealegre lo demuestra, allí dice que el fiscal Valbuena le exigía que no hablara sino de los implicados en coimas del Distrito y de Samuel, buscando proteger otro emporio contractual de carácter nacional, el de la Familia Ríos que se quedó con el Recaudo Bogotá, la mayor contratación del cartel.

Recaudo Bogotá es en realidad un banco, que, por su tamaño, 63 billones, y la facilidad de su operación, haría palidecer a Odebrecht. La familia Ríos es su propietaria, ya esa familia llevó a la quiebra a Trans Santiago en Chile el Transmilenio construido en la capital de ese país, y junto a sus testaferros panameños se quedó con la mayor contratación de la historia de Colombia, el Recaudo Bogotá, protegidos por el Procurador Ordoñez y por el Superintendente de industria y comercio, Robledo, todos amigos del Vicepresidente de la República Germán Vargas Lleras.

Un político local bogotano, Alberto Ríos, aliado a un “estadista” del establecimiento, Vargas Lleras, muestran no solo la dinámica del poder local y nacional, sino la dinámica de la corrupción.

Los contratistas se volvieron dueños de la política y de la prensa.

Este resumen no solo de una actividad política centrada en la lucha contra la corrupción que realicé tiene un objetivo: mostrar el porqué del altísimo nivel de corrupción de Colombia.

El Poder Político de Colombia funciona como una alianza entre el establecimiento, círculo cerrado y hereditario de dueños de la economía, los medios y el Estado central, con las mafias políticas locales ligadas al narcotráfico y el paramilitarismo. Es esta alianza la que permite su gobernabilidad; sin ella no podrían ganar elecciones, dado que el establecimiento no ejerce ningún liderazgo sobre la ciudadanía, no es legítimo, y dado que la clase política local es experta en obtener los votos, pero solo comprándolos. Unos y otros configuran el poder político del país, y su costo es que la alianza solo se mantiene si se permite el robo del erario público. La corrupción es su cemento.

Si la ciudadanía liberara su voto y dejará de fortalecer las castas políticas locales, como el emporio de los Nule, el poder político actual de Colombia se derrumbaría como un castillo de naipes. El cambio del país y la Democracia serían posibles.

Por tanto, pensar en reformas en el congreso contra la corrupción para que los mismos corruptos decidan si las aprueban o no, o es de personas ilusas o es un engaño premeditado.

La corrupción se supera con el voto libre, con una prensa independiente del poder político o económico, con la derrota del establecimiento en el poder central y con un proceso constituyente que democratice los territorios de Colombia.

El Mandado de vargas Lleras al contralor Distrital Granados

Han considerado en la Contraloría Distrital que es un detrimento patrimonial financiar con el presupuesto público, el transporte público masivo de la ciudad. Han considerado que la única fuente de financiación del transporte debe ser el pasaje que pagan los usuarios, no importa su coste.

¿Es cierto que financiar el transporte público con el presupuesto es un detrimento patrimonial?

¿Se trata de una política pública populista?

¿Una decisión de sostener financieramente el transporte público con diversas fuentes, entre ellas el presupuesto es anti técnica como afirmó una periodista?

La respuesta es No.

Todos los sistemas masivos de transporte público del mundo, se financian con fuentes diversas que, aunque incluyen las tarifas de los usuarios, también incluyen los presupuestos públicos. El subsidio al transporte es un hecho generalizado en el mundo.

De no ser así la demanda de pasajeros disminuiría drásticamente y quebrarían todos los sistemas públicos, en detrimento de la calidad de vida de las ciudades que verían aumentar sustancialmente el número de viajes en carro y moto.

Tampoco es ilegal o arbitrario establecer un mecanismo de financiación del presupuesto público al sistema de transporte. Desde el 2009 tanto el Distrito y después, en el 2010, la Nación, con la ley del plan de desarrollo, pasaron del concepto de auto sostenibilidad, es decir la financiación a partir solo de tarifas de los usuarios, al de sostenibilidad y costeabilidad, es decir, la financiación plural con tarifas y otras formas como cobros por congestión, parafiscales y por supuesto, presupuesto.

En mi administración apliqué la ley del plan nacional de desarrollo y el decreto distrital 69 del 2009, que establecen el contemporáneo criterio de sostenibilidad y costeabilidad con pluralidad de fuentes financieras, y aprobé en el concejo partidas presupuestales para tal fin. Financié el transporte público masivo, con las tarifas de los usuarios y los recursos presupuestales.

La financiación con presupuesto a la movilidad ciudadana, y a los costos operacionales del sistema público masivo, no es un detrimento patrimonial, equivale al gasto social que se hace por ejemplo en la atención de la niñez o a la educación pública.

Tampoco es anti técnico pasar a una financiación parcial del transporte con el presupuesto. La implementación del SITP que llegó a tener tarifas técnicas, es decir costos operacionales por pasajero de hasta 8.000 pesos, no sería posible si este costo se cargara exclusivamente a los usuarios; simplemente estos se hubieran pasado por centenares de miles o al transporte público tradicional que cobra 1.000 pesos pasajero, o a la moto y el carro, agravando las condiciones de congestión y movilidad de la ciudad.

Lo anti técnico hubiera sido mantener el principio de auto sostenibilidad, principio único en Colombia que expresa un viejo fundamentalismo neoliberal ya normativamente superado, porque hubiera quebrado el SITP antes de la implementación y hubiera colapsado en una magnitud mayor, las estaciones de Transmilenio en hora pico.

La política tarifaria en transporte es de la competencia del alcalde, legal y constitucionalmente. Los decretos que expedí gozan de total legalidad. El gasto público social hecho en el transporte de acuerdo a la última encuesta de transporte del DANE en 2014 mostró toda su pertinencia: Aumentó la demanda global por el sistema público, se desaceleró la compra de motos, se estancó la tasa de uso del carro, aumentó sustancialmente el uso del bus por los estratos más pobres de la ciudad, que antes caminaban, y hasta se logró aumentar la tasa de uso del transporte público por el estrato seis. Por ello, entre otras medidas, disminuyó el tiempo promedio de viajes en la ciudad de 62 minutos en el 2011 a 56 minutos en el 2014.

¿Es populista la medida?

El Banco Mundial que acompañó el proceso logró evidenciar a través de su estudio que la principal política que logró efectivamente ayudar a superar la pobreza en la Bogotá Humana fue el subsidio de transporte a los más pobres, porque estos lo usaron efectivamente para buscar mejores opciones de ocupación laboral en los centros mismos de las transacciones económicas y dejaron de estar segregados geográficamente por el impedimento económico que le representaba las tarifas de los buses.

Es decir el fundamento de la política de superación de la pobreza en Bogotá fue el acercamiento y la apertura de esta población a la producción y la generación de ingresos, gracias a la abaratamiento de sus costos de transporte, un camino completamente ajeno al populismo.

¿Por qué entonces se me persigue en la contraloría y se me multa con más de doscientos mil millones de pesos, que no tengo, por la implementación de la política pública tarifaria en el transporte?

Porque el contralor es de Vargas Lleras. No le importa al Contralor que su decisión asegure el camino de la quiebra de todos los sistemas masivos del transporte público del país, sino que solo quiere sacar de la contienda política al aspirante más popular del progresismo.

A Granados no le interesa que está persiguiendo una política pública, sin tener competencias para ello, le interesa es hacer un favor al vicepresidente de la República Germán Vargas Lleras.

El contralor Granados, repite el camino de los colonizadores españoles que embargaban los bienes de los criollos republicanos, y el de los conservadores de principios del siglo XX que expropiaban a todo el que fuera liberal y lo condenaban al ostracismo.

El contralor Granados cree que beneficia a Vargas Lleras ayudando a cercenar los derechos políticos del que escribe estas líneas.

Paradójicamente, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica, que como tal es obligatoria para Colombia, sobre el caso del entonces candidato venezolano Leopoldo López, prohíbe taxativamente que contralores, y funcionarios administrativos similares, usando el procedimiento de la multa cercenen los derechos políticos de los ciudadanos.

!Ay Bogotá!

Por Gustavo Petro

Ha sido presentado el presupuesto de Bogotá para el año 2017, y la prensa tradicional, en su afán de legitimar como sea al actual gobierno, ha cubierto con un manto de satisfacción las cifras presentadas.

Que es el mayor presupuesto de la historia, dicen; lo cual oculta en realidad el dramático recorte premeditado de los gastos en educación, salud, inclusión social y cultura hechos en el 2016, que como recursos de Capital, pasan ahora al 2017,

Que las principales inversiones serán en educación, salud, inclusión social y movilidad bajo la figura del esperado metro, y así pasan simplemente a retransmitir el comunicado de prensa de la secretaria de hacienda, sin ningún tipo de análisis que pudiera mover la pereza de los actuales comunicadores de analizar con algo de profundidad la situación de la capital del país, los mismos que en el gobierno pasado retransmitían cualquier cosa que sonara a crítica así fuese engañosa.

Una simple comparación con el presupuesto presentado en 2015 podría descubrir los senderos de hacia dónde va Bogotá.

Veamos unas cifras sencillas:

El presupuesto del 2015 fue de 17,3 billones comparado con el que se acaba de presentar por 18,7 billones. A pesar de este incremento nominal no descubren, indexando con las tasas de inflación esperada del Banco de la República, que el presupuesto del 2017 es menor: solo conservando el valor del peso del 2015, el presupuesto para ser igual al de ese año debería ser de 19,3 billones de pesos.  Lo cual refleja que se debilita, a pesar del ahorro en gasto social del 2016, las bases tributarias de la ciudad, reflejo de una economía en plena desaceleración. Pero, además, la distribución del presupuesto, marca ya la diferencia entre dos visiones de ciudad distintas:

En educación en el 2015 se presupuestaron 3,5 billones de pesos que equivalen a 3,9 billones en el 2017 dado el índice de inflación esperada; para el 2017 Peñalosa presupuesta 3,3 billones. Una caída en términos reales de aproximadamente el ¡15,3%!

En salud en el 2015 se presupuestaron 2,2 billones de pesos, que equivalen para el 2017 a 2,45 billones. Peñalosa presupuesta para el 2017: 2,2 billones con una caída en términos reales de 10,2%

En Inclusión social y primera infancia se presupuestaron en el 2015 1,3 billones que equivalen para el 2017 a 1,45 billones; Peñalosa presupuesta para el 2017, con todo y abrazo para la televisión de niños, niñas y habitantes de calle, una partida de 1,1 billones de pesos, con una caída real de ¡24,14 %! Razón tenía Santos en decir que el amor se expresa en el presupuesto.

Lo cual significa que sin sumar el efecto social que resulta del ahorro de gastos sociales del 2016, con destino a obras viales de Transmilenio en el 2017; el solo presupuesto del 2017 tendrá ya un serio impacto hacia la mitad del gobierno de Peñalosa, respecto a las prioridades de la Bogotá Humana presupuestadas en el 2015:

Es imposible financieramente incrementar la jornada única de los niveles que la dejamos en el 2015, 253.000 estudiantes; la meta de la ciudad era en tres gobiernos aumentarla a la totalidad de los 850.000 estudiantes de la educación pública. Peñalosa decidió no subir el estándar de la educación pública y más bien privatizarla.

Por eso los 30 colegios de que habla parecen ser la continuación de las obras en ejecución de colegios que dejó la Bogotá Humana, después de entregar terminadas 26 sedes nuevas. Solo que estas sedes en lugar de fortalecer la infraestructura de los colegios públicos existentes, va a convertirse jurídicamente, en colegios nuevos, para poder así, ser concesionados a entidades privadas.

Se reduce el presupuesto ligado desde la cultura: a la educación Orquesta Filarmónica, Idartes e IDRD, y que era fundamental para extender la jornada única. Este programa había logrado expandir no solo la educación artística en la primera infancia y la juventud, sino que se había constituido en propulsor de la producción de cultura y deporte de la Ciudad.

Se acaba definitivamente el programa territorios saludables, expresión de un nuevo modelo de salud preventiva y familiar centrado en los equipos médicos que de manera permanente visitaban los hogares del estrato uno y dos de la ciudad. El debilitamiento de este programa en el 2016 trajo como consecuencia el colapso de las urgencias en los hospitales y el crecimiento de tasas de morbilidad en la población. ¡Los niños que murieron por enfermedades agudas respiratorias en el 2016 fueron el doble de los que murieron en 2015!

Se desmantela el progreso hecho por Bogotá en atención a la primera infancia, por el debilitamiento del cuidado de niño(a)s de uno a tres años que hacía Integración Social en el ámbito de los hogares, como también en el ámbito institucional. No parecen estar financiados los gastos en arriendo de más de cien jardines infantiles en los barrios populares y contrario a los estándares internacionales, se agregan más niños por profesora, dañando los criterios de calidad y afecto en la atención de nuestra niñez.

Ni que hablar de los habitantes de calle. La partida destinada por Bogotá Humana por 30.000 millones para construir la ciudadela Humanidad en el Bronx, se evapora en unas cuantas losas de concreto de la próxima troncal del Transmilenio

Se anula la posibilidad de hacer crecer el número de personas de la tercera edad con bonos pensionales y más aún de aumentar sus montos mensuales.

¿Para qué ese sacrificio social?

En el presupuesto del 2017 los periodistas transcriben, creo que, alborozados falsamente, que crece por fin la partida del metro de Bogotá con 1 billón de pesos largo. Solo que no quisieron leer bien: esa partida del metro se llama, fase uno, y no leyeron del comunicado oficial que la fase uno, consta exclusivamente de troncales de buses de Transmilenio, llamadas ahora alimentadoras, y que ya estaban diseñadas y financiadas en la Bogotá Humana.

Una manera muy interesante en transformar presupuestalmente un metro subterráneo, férreo y eléctrico de gran capacidad, en los débiles buses contaminantes, mayoritariamente de marca Volvo, y sus operadores privados tan cercanos a los últimos 17 años de la vida del actual alcalde.

En diciembre del 2017, Bogotá no tendrá ninguna licitación ni de metro subterráneo, dos años de suspensión  cumple ya la licitación; cuando goza de estudios terminados, ni de metro de segundo piso, que ni siquiera tiene estudios de ingeniería.

Eso sí, si se vende la EEB y la ETB el año entrante, la ciudad gozará de unas lindas autopistas congestionadas cruzando los potreros en pos de urbanización densa de lo que iba a ser la Reserva Thomas Van Der Hammen para el uso de la vida y de nuestra niñez, aproximadamente por allá en el año 2022.

Así, los fundamentos que llevaron a la ciudad de Bogotá a ser calificada como la 26 mejor ciudad para vivir en el mundo y la tercera en Latinoamérica por la “Price Waterhouse en su estudio mundial: Inclusión social, fibra óptica, mejoramiento de la educación y la salud, cuidado de la primera infancia, inclusión social, disminución de la desigualdad social y la pobreza, reequilibrio con la naturaleza, mejoramiento del aire y del agua, se destruyen ente los ojos impávidos de lo(a)s bogotano(a)s y la complicidad de la prensa.

Es la hora de los negocios. La vida la niñez, la vejez y el saber no importan. De nuevo la orgía del concreto aplasta la humanización de la ciudad.

UN ACUERDO NACIONAL PARA PERMITIR EL PODER CONSTITUYENTE DE LA SOCIEDAD DE CARA LA PAZ

PROPUESTAS PROGRESISTAS HACIA UN ACUERDO NACIONAL

 Yo voté por el sí el 2 de octubre y sin recursos, no tenemos, le hice campaña en varios lugares del país. Desde antes anote públicamente las deficiencias que veía en el acuerdo de la Habana y la concepción de Santos sobre la Paz, pero no quiero hablar de ello en este momento.

Lo cierto es que el 2 de octubre fuimos derrotados y fundamentalmente fue derrotada una concepción de la Paz en Colombia.

He visto como de manera peligrosa en mi opinión, y movidos quizás por los sentimientos desatados, algunos sectores del sí de la mano del gobierno se han movido a no reconocer el resultado del 2 de octubre o a tratar de construir atajos fáciles que anulen en la práctica el mandato popular del día del plebiscito.

El NO del 2 de octubre significa que no se apoyó los acuerdos de la Habana. No significa, y esto debe ser igualmente reconocido, que se hubieran apoyado las propuestas que hace ahora Uribe. Las propuestas de Uribe, son de él y su movimiento, pero no pasaron por la decisión de la legitimidad popular.

El Mandato del 2 de octubre, y así es como hay que llamarlo así no lo compartamos, obliga a Santos a un nuevo acuerdo y a otra concepción de construir la Paz. Soslayarlo puede llevarnos a una nueva violencia.

Una decisión de Santos de imponer el acuerdo de la Habana, modificando algunas frases, algunos temas parciales no estructurales, a pesar de los resultados del 2 de Octubre, llevará a la Farc a una masacre.

Dentro de sectores polarizados de la sociedad colombiana en todos los territorios, surgirán fuerzas y planteamientos que verán la acción del Presidente como una burla a la decisión popular y se auto legitimarán para actuar contra el actor más débil del proceso: los excombatientes desarmados de las Farc. Por allí pasaremos a una generalización de nuevo de la violencia y la muerte como instrumento de la política y del conflicto.

Conseguiremos lo contrario de lo que nos proponemos y en el corto plazo.

El 2 de octubre señaló que el pueblo colombiano rechazó los acuerdos de Paz de la Habana y que el Presidente debe agenciar nuevos acuerdos bajo una concepción diferente y no simplemente remendarlos.

Lo cual no significa que el pueblo aprobó en contrario, las propuestas de Uribe. Al pueblo no se le pregunto sobre ello.

El Centro Democrático ha propuesto un acuerdo nacional y Santos se ha movido sobre un acuerdo de élites. No se ha  escuchado la propuesta progresista y de otros sectores de la sociedad de dotar de Poder Constituyente a la sociedad para superar el problema y legitimar la Paz en su más alto nivel.

Pues bien el poder constituyente de la sociedad, es decir su capacidad de decidir, destituir y constituir, como la base fundamental de la Democracia debe ser antecedido de un acuerdo previo nacional.

Que no es solo de Uribe y Santos, ni tampoco de partidos políticos exclusivamente, sino que debe ser mucho más integral, incluso como lo pide el ELN.

Que no debe versar sobre el contenido de las reformas e instrumentos a tratar propiamente en un acuerdo con los armados o con las reformas de la sociedad, sino que tiene que ver con los marcos generales y principios en que se circunscribirá el poder constituyente de la sociedad. Se trata de un acuerdo sobre lo fundamental como decía Álvaro Gómez Hurtado.

Me atrevo a adelantar algunas preguntas marco de ese acuerdo nacional sobre lo fundamental:

Como Paz entendemos un proceso que ponga bajo prisión a actores de la violencia o vamos hacia un perdón generalizado a cambio de la verdad?

Como  Paz dejamos la tierra despojada en manos de terceros o indemnizamos a los terceros con bonos y regresamos las tierras  a las víctimas y a quienes quieran producirlas?

Como Paz restringimos  el concepto a una desmovilización de grupos armados insurgentes? O abrimos la opción de una dejación pacífica del narcotráfico con sometimiento a la justicia y con beneficios jurídicos a los actores del narcotráfico?

Como Paz podemos modificar los modelos de salud y educación públicas y su financiación o dejamos las aspiraciones fundamentales de la sociedad y nos limitamos a los de los grupos insurgentes?

Como proceso de Paz podemos adelantar una reforma estructural a la justicia ordinaria que la haga eficaz al ciudadano, o dejamos sin solución este punto fundamental para la prevención de la violencia?

Como proceso de Paz podemos generar estatutos constitucionales del territorio que permita que su uso sea decidido por la ciudadanía? O mantenemos la actual estructura de poder en el territorio, generadora per se de la violencia?

Estos temas son generadores de violencia y muerte hoy en Colombia y no están contemplados en realidad en nuestra actual Constitución. Bajo un acuerdo general de respeto en el marco descrito se puede convocar de nuevo al constituyente para que le de contenido a la paz?

Podemos mantener y ampliar el cese al fuego mientras los armados dejan sus armas a disposición del constituyente? Puede un proceso así vincular a toda la sociedad en su diversidad, acabar la polarización ficticia y permitirnos como Nación construir la Paz?

El Poder Constituyente de Antonio Negri

He querido reproducir el espacio de la edición española de Antonio Negri en su libro El Poder Constituyente, porque me parece absolutamente pertinente a la situación que vive en Colombia después del hundimiento de los acuerdos de Paz en el Plebiscito del 2 de Octubre.

Parte de la izquierda y del movimiento social aún no se atreven a liderar  la transformación del movimiento social en poder Constituyente para obtener el bien común de la Paz.

Antes de iniciar la discusión espero del progresismo un estudio profundo de este documento, y de su aplicación como praxis, a la realidad colombiana.

Prefacio a la Edición Española de Poder Constituyente de Antonio Negri

he recorrido el desarrollo del poder constituyente en la modernidad occidental, a partir de su origen maquiaveliano, a través de las Revoluciones Inglesa, Americana y Francesa de los siglos XVII y XVIII y de la Revolución Rusa del siglo XX. El tema desarrollado en él consistía en el intento de mostrar que el poder constituyente era siempre invención de contenidos, realización de finalidades, «plenitud» de voluntades, mostraba el poder constituyente como potencia productiva de una forma Estado democrática en Maquiavelo; como capacidad de representación (fundamentada de manera clasista) en la Revolución Inglesa; como modelo de un constitucionalismo expansivo en el proyecto estadounidense; como fundación de una democracia igualitaria en la Revolución Francesa y, por último, como reorganización del concepto mismo de democracia y realización de una utopía del común en la Revolución Rusa. El libro fue escrito en la década de 1980, la primera edición italiana es de 1992 y luego aparecieron las ediciones francesa, inglesa y española (esta última realmente deficiente). Treinta años después, este libro no parece viejo: los libros envejecen cuando el concepto ha perdido toda referencia a la realidad.

Para ser más exactos, el libro habría dejado de ser útil si el «poder constituyente» hubiera olvidado el dispositivo que le caracterizara originariamente, a saber: ser motor de renovación, no tanto del orden político como del orden social, es decir, ser una potencia innovadora que emancipa a los ciudadanos de la miseria económica y de la superstición política. Ese olvido no se ha producido. Hacer olvidar los contenidos progresivos del origen es algo que corresponde más bien a los reaccionarios.

Para ellos, el poder constituyente es solo una función «excepcional» de poder de mando, un signo de violencia fundadora. Arché es, para ellos, desde tiempo inmemorial, «inicio» y «poder de mando», inseparables, confusos y mezclados, incondicionados. Para Carl Schmitt, el poder constituyente es lisa y llanamente «poder de excepción», poder que genera poder y que ha perdido toda referencia a contenidos de emancipación. Por el contrario, el poder constituyente consiste, como hemos sostenido, en la capacidad de instaurar un ordenamiento de libertad e PREFACIO A LA NUEVA EDICIÓN EN ESPAÑOL 12 | El poder constituyente igualdad, haciendo de ese fundamento pasional e ideal una máquina multitudinaria, esto es, un dispositivo de composición de la multiplicidad encaminado a la creación de instituciones comunes.

Relativizada la cuestión de la obsolescencia del concepto, pregunté- monos más bien si la historia reciente nos ha ofrecido integraciones de su figura dignas de consideración. En efecto, el último caso constituyente que el libro que comentamos aborda es el soviético, hace casi un siglo. Después, ¿de qué formas, con qué funciones originales se ha presentado –si ha vuelto a presentarse– en la historia política y en la marcha de la libertad un «poder constituyente»? ***** Pero antes de avanzar en la eventual redefinición de poder constituyente, repasemos (porque siempre renace y vuelve a presentarse) la clásica definición schmittiana del poder constituyente.

Sabemos cómo Carl Schmitt consideraba el poder constituyente: como decisión que funda la posibilidad misma de un ordenamiento jurídico, en su fieri [hacerse], y al mismo tiempo como enfrentamiento con el enemigo, sobredeterminando el poder constituyente en un acto de guerra que lo traduce en una acción dotada de un máximo de facticidad, arrojada en el ordenamiento jurídico como inmanencia absoluta. Esa inmanencia es tan profunda que a primera vista se echa en falta la relación misma entre poder constituyente y poder constituido: el poder constituyente presenta la naturaleza de un poder originario o de un contrapoder absoluto, como potencia ciertamente determinada históricamente, pero, al mismo tiempo, despojada desde el principio de toda trama existencial e instalada en las determinaciones abstractas del acontecimiento puro y de la violencia.

El poder constituyente es un acontecimiento voluntario absoluto. Aquí la historicidad misma de la forma Estado se da en la figura del poder soberano, mientras que la fundación de la soberanía es sencillamente la repetición o la sobredeterminación irracional de una soberanía de hecho, dada, necesaria, siempre igual a sí misma. De esta suerte, el poder constituyente es representado, desde el punto de vista de los contenidos, como el vacío o, si se quiere, como lo «teológico-político» en acto: paulinamente, como la fuerza opuesta al Anticristo. La definición schmittiana ha tenido una gran difusión e importancia. Su definición extremista parecía cortar el nudo aporético que el concepto jurídico de poder constituyente presentaba para los juristas: según la definición de Burdeau, «el estudio del poder constituyente presentaba desde el punto de vista jurídico una dificultad excepcional que atañe a la naturaleza híbrida de este poder […] la potencia que el poder constituyente oculta se Prefacio a la nueva edición en español | 13 muestra rebelde a una integración en un sistema jerarquizado de normas y de competencias […] el poder constituyente resulta siempre ajeno al derecho». Por otra parte, partiendo de esta aporía, recordemos el esquema antinómico con el que el poder constituyente fue estudiado en la tradición decimonónica del derecho público alemán. Por un lado, Georg Jellinek, para el cual el poder constituyente resulta de lo empírico-facticio del proceso histórico como producción normativa –instituyente– que permanece «externa» al derecho constituido. Por el otro, Hans Kelsen, donde el poder constituyente es absorbido kantianamente en la Grundnorm [norma fundamental] que cualifica el conjunto del sistema y se plantea, in actu, como su omnipotencia y su expansividad.

¡Lástima que esto restituya tan solo un proyecto de la razón kantiano y esquemático! Ahora bien, teniendo en cuenta esta situación no resuelta del problema, insistamos en el hecho de que es lógicamente erróneo escapar de su contradictoriedad a través de la vacuidad de la definición schmittiana. Como siempre ocurre en el pensamiento reaccionario, Schmitt elimina todo contenido para mantener intacta (y por ende autorizada y justificada) la violencia de la acción soberana. ***** En cambio, ¿cómo se plantea el poder constituyente, más allá del modelo moderno, esto es, en la posmodernidad? Indiquemos aquí a continuación algunas características problemáticas que subyacen a ese cuestionamiento. a) En la posmodernidad, por encima de todo hay que tener en consideración la radical modificación (de colocación) de la dimensión jurí- dico-administrativa respecto a la organización económica de la sociedad, impuesta por el capitalismo global. La sociedad ha sido completamente absorbida en la organización económica y en el poder de mando del capital: esto es, se ha «realizado» la «subsunción» de la sociedad en el capital, cuyas figuras son esencialmente las del capital financiero, que domina y reorganiza la división del trabajo en el plano global, construye la ganancia sobre el trabajo material e inmaterial de la «fábrica social» y extrae renta de la producción-reproducción de la vida y de la comunicación-circulación de los valores. El dinero es su poder constituyente, la forma en la que domina el «común productivo», se apropia de él y lo hace funcional a la explotación y a su jerarquización. b) Desde esta perspectiva, los conceptos de fuerza de trabajo global y de ciudadanía se superponen hasta tal punto que asistimos a una transfiguración biopolítica de la organización social y del poder. Ahora bien, esta inmersión del trabajo vivo en la constitución de la subjetividad política 14 |

El poder constituyente plantea un virtual antagonismo en la raíz de toda realidad institucional, una dialéctica dual y profunda que implica al mismo tiempo la condición social y la condición política. En el biopoder capitalista –como veremos más tarde– capital y trabajo vivo se enfrentan siempre, se incluyen y se excluyen: esta es la lucha a cuyo través la democracia se afirma. c) En tercer lugar, la construcción del mercado global y el relativo debilitamiento de la efectividad del Estado-nación atenúan la autonomía constitucional del Estado soberano y le imponen una progresiva homogeneización en el plano global. Esta transición es (en el interior y en el exterior del Estado-nación) conducida a través de las figuras y las diná- micas de la governance. Estas, en primer lugar, atenúan la relación entre generalidad abstracta de la ley / supremacía de la constitución y –por otra parte– la Administración; y, en segundo lugar, instituyen esta relación atenuada dentro de los movimientos globales del mercado.

Dinero y governance global se entrelazan y construyen la sociedad jurídica del capitalismo maduro en el plano global. Es evidente que en esta condición muestra también definitivamente su inconsistencia la mera reminiscencia de una concepción à la Schmitt del poder constituyente. Esta última estaba pensada para la modernidad, para el Estado-nación, estaba pensada para una estructura del derecho público europeo que contemplaba la supremacía del soberano y de su ley como algo insuperable («el Estado de derecho»): aquí, por el contrario, mediante la combinación de las diferentes figuras del derecho en la posmodernidad, nos encontramos, de manera clara y rotunda, ante un «común» institucionalizado y roto por la dialéctica entre dinero del poder de mando y trabajo vivo productivo.

Llegados a este punto, la búsqueda de una nueva definición del poder constituyente no puede dejar de hacer hincapié en los contenidos/fuerzas dialécticas de la relación de poder. En esta situación, el concepto mismo de poder constituyente, tal y como se plantea en la tradición jurídica de la modernidad, como potencia originaria e incondicionada, entra en crisis. Su inmanencia está completamente inmersa en la dinámica material de las transformaciones constitucionales y en la condicionalidad histórica. Desde esta perspectiva, cuando se habla de poder constituyente se habla inmediatamente de deconstrucción de las ordenaciones formales de las constituciones existentes y de producción normativa simultánea en la relación que vincula la acción destitutiva con la institutiva de un nuevo ordenamiento.

La governance se plantea normalmente dentro de este espacio y se caracteriza como función productiva de un sistema abierto. ***** Prefacio a la nueva edición en español | 15 Dada esta situación, puede parecer que una concepción «instituyente» puede ser considerada fundamental y central. Preguntémonos sin embargo si, dada esta escena, una concepción «institucionalista» del poder constituyente –moderna– puede ser recuperada y hacerse operativa. La cuestión es oportuna, pero la respuesta es negativa. Produciendo una definición instituyente del poder constituyente, como un pleno productivo de derechos contra el vacío de la afirmación de un puro poder de decisión, la teoría jurídica de los siglos XIX y XX hacía hincapié en las posibles diná- micas internas, que continuamente conformaron el derecho público y la Constitución. Se trata de las corrientes institucionalistas, cuya eficacia se desarrolla desde la década de 1920 hasta el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Entendiendo la lucha de clases como tejido de toda mediación social, las concepciones institucionales del derecho constitucional y público permitieron a veces organizar el encuentro de los «dos reformismos» –como a menudo les ha sido reconocido–, a saber: de las instancias reformistas que emanaban de las fuerzas políticas del trabajo y de las capitalistas, conforme a una línea «progresista», encaminada a establecer en su momento nuevas formas y constituciones de la reproducción de la sociedad. El antifascismo democrático en la década de 1930 y durante el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial se batió en estos campos.

Las Constituciones francesa, italiana y alemana de la década de 1940 son sus ejemplos más destacados. Considérese además la semejanza y tal vez la homogeneidad de este trabajo institucionalista sobre el derecho constitucional con las políticas keynesianas de desarrollo y con el propio modelo rooseveltiano del New Deal. El modelo económico del capitalismo socialdemócrata y reformista es construido precisamente mediante una orquestación jurídica de tipo institucionalista: el derecho privado da origen al derecho del trabajo y de sociedades; el derecho público organiza los derechos del welfare, etc., etc. Sin embargo, el institucionalismo moderno (aunque profundamente reformado) ha mostrado su insuficiencia frente a la crisis y las transformaciones del sistema capitalista (tanto en su forma liberal como en su forma socialista, esto es, en el tránsito más allá de la modernidad).

Lo advierten, aunque sin la capacidad de proponer alternativas, autores contemporáneos. En particular, vale la pena recordar la crítica de Giorgio Agamben, quien, ante la crisis, considera que el poder constituyente se ve inevitablemente atraído y despotenciado por el sistema del biopoder y por ende se torna incapaz de ser expresión radical de innovación social. Por otra parte, siempre ante la crisis, Balibar considera que toda figura de poder constituyente como plenitud productiva es frágil e ilusoria, mientras que su potencia se ve anulada frente a la formación del capital financiero y a sus dimensiones globales. A su modo de ver, la reivindicación de una potencia originaria del poder 16 | El poder constituyente constituyente queda reducida a una figura ética (una de las dos fuentes de la creatividad moral, tal y como la consideraba Bergson). Estas críticas reflejan la confusión actual y la presumible inadecuación de la consistencia del concepto de poder constituyente cuando este, en su figura socialdemócrata, reformista y de modelo institucionalista, se mide con la eficacia del biopoder en una fase de «subsunción real» de la sociedad en el capital. Sin embargo, cuando estas críticas achatan el poder constituyente, a menudo niegan también la resistencia de las subjetividades que entran en juego y su siempre virtual, pero no menos efectiva, capacidad de insurgencia. Por tal motivo terminan siendo «síntomas de la época» antes que soluciones del problema que plantean la productividad de los movimientos, la acumulación y la subjetivación de las pasiones y los deseos de las subjetividades. *****

Así, pues, ¿cómo empezar de nuevo a hablar de poder constituyente tras haber marcado las distancias de toda concepción moderna? El camino más útil parece consistir en leer y analizar las «formas de lucha» (que tienden a darse como «formas de vida») a partir del final de la Guerra Fría y en particular de las inventadas a partir de 2011 en las experiencias de los Occupy y de los indignados del 15M. Pero antes de hacerlo, reanudemos el discurso a partir del extraordinario terreno de experimentación que ha sido América Latina en estos últimos treinta años. a) En América Latina, el poder constituyente no se ha dado solo como movimiento singular de levantamiento, insurreción y toma del poder por parte de multitudes o, si se quiere, de las fuerzas populares, encaminado a transformarse en Constitución, sino que se ha presentado más bien como una continuidad de operaciones de renovación. Luego se ha prolongado en el tiempo a través de iniciativas constitucionales sucesivas.

El poder constituyente no parece haber renunciado aquí a representaciones simbólicas o a la exaltación de insurgencias temporales singulares (que permanecen vivas como narraciones), sino que parece haber preferido configurarse más bien como una potencia constituyente que se realiza en los tiempos (largos o breves) de un proceso más o menos radical y no obstante continuo. b) La acción económica y la política han avanzado juntas, se han hibridado continuamente. A diferencia del modo en que el poder constituyente se configuró en la modernidad –esto es, como momento de «autonomía de lo político», traducido en la fuerza jurisdiccional de las Constituciones–, las teorías y las prácticas de los procesos constituyentes, en la experiencia latinoamericana, han visto cómo el proyecto de la autonomía de lo político Prefacio a la nueva edición en español | 17 se doblega a las teorías y las prácticas de una «ontología de la liberación» social: del racismo, de las permanencias coloniales así como de las figuras del dominio capitalista particularmente indecentes (los reiterados golpes de Estado, la devastación de los derechos humanos…).

El deseo de participación económica y de decisión biopolítica se han recompuesto con fuerza, ofreciendo por ende características nuevas al concepto de poder constituyente y destruyendo en ocasiones su definición moderna originaria –que consideraba exclusivos los «derechos humanos»– mientras que aquí predominan los «derechos sociales». c) Hubo además la tentativa difusa (solo parcialmente lograda) de construir instituciones del poder constituyente no como efecto de un poder constitucional central y de una Administración centralizada, sino como producto de una vasta pluralidad de iniciativas políticas y de reconocimiento de subjetivaciones plurales. Allí donde tales proyectos se han realizado, el poder constituyente ha revelado tal vez una naturaleza nueva y más profunda: la de ser una germinación difusa y multitudinaria del deseo de libertad e igualdad. *****

Ahora, los distintos elementos son recuperados por los movimientos que han nacido y se han desarrollado desde 2011 en adelante; a saber: 1. el poder constituyente como continuidad, como motor de una acción progresiva de transformación; 2. el poder constituyente como acción de ruptura de la «autonomía de lo político» y, frente a esta, como iniciativa de conmixtión íntima de lo político y lo social; 3. el poder constituyente, por último, como promoción y constitucionalización de un vasto pluralismo. Pero esta tabla de mecanismos, que ya se puso de manifiesto en la experiencia de América Latina, se ve completada/profundizada, por así decirlo, en las experiencias posteriores a 2011. En particular, Ad 1) El poder constituyente como continuidad profundiza su concepto en la inmersión biopolítica.

El contenido de la potencia constitucional es la vida. No solo se exige welfare, no se discute tan solo de la expansión del salario a los costes de la reproducción social, sino que se quiere el reconocimiento de que la vida entera se ha tornado en sujeto de explotación y de extracción de plustrabajo: la reivindicación de derechos y de participación política se basa en este reconocimiento. De esta suerte, la acción constituyente se mide 18 | El poder constituyente conforme a una continuidad temporal que es también una extensión social (de las necesidades, de los deseos…). Esta última se enfrenta a la governance y por ende se articula democráticamente hasta donde sea posible; después una reacción conflictiva, allí donde la governance no consigue efectos adecuados, es siempre posible y aconsejable (véanse los movimientos actuales en Brasil). Ad

2) El poder constituyente como acción de ruptura de la autonomía de lo político y, frente a esta, como conmixtión de lo político y lo social, profundiza su acción propia en la lucha contra la propiedad privada en su forma actual: el poder financiero. Ahora bien, ¿qué significa realmente «producir fuerza constituyente» [costituenza] múltiple y dirigida contra la hegemonía de la propiedad privada? No puede significar sino construir «común», reapropiarse de bienes comunes y construir welfare, constituyendo instituciones de la multitud, esto es, instituciones de las singularidades productivas que se disponen en la cooperación para producir riqueza y para reproducir condiciones de libertad e igualdad. Está claro que, atacando la propiedad privada e insistiendo en la cooperación y en el común como alma del proyecto constituyente, no se da a entender la negativa a que todo trabajador o todo ciudadano pueda o deba expresar un deseo propietario. Pero si hoy, en la posmodernidad, en las nuevas condiciones de productividad, ese deseo parte de una condición laboral que se da dentro de un ambiente de conexiones y de redes, de servicios y subjetivaciones adecuadas, que constituyen hoy la realidad social del trabajo vivo –y si el trabajo de cada persona solo puede valorizarse cuando coopera con otras singularidades–, entonces el derecho a la propiedad ya no será un derecho que pueda aislarse en la decisión egoísta del lobo que se defiende del lobo, sino que se presentará como una salida de la soledad, como un producir en la cooperación, como un existir en la igualdad y en la solidaridad. El nuevo derecho reconoce la propiedad solo en la dimensión de la solidaridad y del común.

Ad 3) El poder constituyente como emergencia de puntos múltiples constituyentes profundiza su propia acción con la exigencia de horizontalidad y de ruptura de toda concepción fetichista del Uno, de la soberanía. Ahora, probablemente el análisis y la experimentación del tema «constituency» tengan que reanudarse a partir de aquí. El poder constituyente tiene que medirse con el pluralismo multitudinario. Esto significa que el concepto de «pueblo», de «nación», han de ser sometidos a crítica, a la crítica del Uno que, progresivamente y cada vez con mayor intensidad, se ha situado hoy en el centro del pensamiento democrático. A esto se agrega que el poder constituyente solo puede ser pensado como creador de un nuevo dispositivo de representación y/o participación; en efecto, la idea y la práctica de la representación burguesas están hoy tan mistificadas y obsoletas que han de ser recompuestas frente a las nuevas condiciones del saber y Prefacio a la nueva edición en español | 19 de la comunicación, y contra las censuras y las limitaciones que fundan el biopoder capitalista sobre la superstición y la ignorancia. ***** Frente a las críticas al concepto de poder constituyente como potencia de deconstrucción y de constitución, de destitución y de institución, y frente a los ejemplos que hemos dado del continuo resurgimiento de voluntades constituyentes, de fenómenos insurreccionales constituyentes y de nueva actividad constituyente, se hace preciso ahora redefinir el concepto de poder constituyente.

A tal objeto podemos ante todo proponer un enfoque metódico definitivo: es imposible determinar, en este mundo posmoderno en el que ya no existe un «afuera», en el que ya no existe posibilidad alguna que pueda ser abstraída de la historicidad presente, una forma de poder constituyente que se proponga como vaciedad de determinación, como evacuación de contenidos. Cuando solo hay «dentro» no puede haber un poder constituyente «vacío»: la acción ético-política o jurídico-estatal tiene siempre un sentido determinado, es decir, se topa siempre con singularidades, una resistencia, vive en la inmanencia y por ende no puede configurar ninguna transcendencia, no puede darse como «excepción».

También el acontecimiento es siempre determinado, en la situación actual, en la condición posmoderna, donde la subsunción capitalista de la sociedad y la acción de los biopoderes se dan frente a una relación productiva que es, al mismo tiempo, globalmente inclusiva y absolutamente excedente. Probablemente haya que recordar aquí de nuevo que el capital es concepto y realidad de una relación: teóricamente, sin trabajo vivo no hay explotación y, muy concretamente, si el trabajo vivo se abstiene de dejarse explotar, se anula la secuencia plusvalor-beneficio; de esta suerte, sin la autonomía relativa del trabajo vivo ni siquiera hay capitalismo, sobre todo cuando el trabajo vivo se torna cognitivo, y por ende se reapropia relativamente de las condiciones de la producción. En estas circunstancias la relación de capital, la relación que constituye el capital, se torna cada vez más dualista.

Asimismo, asumimos aquí la definición foucaultiana del poder como «acción sobre la acción de otro». Por lo tanto, el concepto de poder constituyente ha de ser reelaborado partiendo no de la excepción sino de la excedencia. Allí donde «excepción» como fundamento y governance como procedimiento ya no pueden convivir (la excepción normativa solo puede darse en una situación en la que la norma se presente como general y abstracta y por ende «fuera» de –transcendente sobre– toda procesualidad política concreta), allí las potencias sociales se presentan como máquinas productoras de «excedencia». 20 | El poder constituyente

Por primera vez, más allá de la modernidad, estamos más allá del individualismo posesivo y la reivindicación de derecho ya no se presenta como pretensión, posesión, contrato, sino como exigencia de comunicación, de cooperación y como necesidad de instituciones comunes. La definición del poder constituyente ha superado definitivamente toda imaginación de apropiación egoísta y se ha asentado en una relación de generosidad comunitaria. Las experiencias latinoamericanas y más tarde las «indignadas» han comenzado a mostrarnos que hoy construir derecho quiere decir construir acampadas, y por ende relaciones, redes e instituciones a partir de una experimentación política y afectiva, corpórea y cognitiva, cada vez más abundante de libertad e igualdad. Este parece ser –proyectado en el orden global– el nuevo destino del poder constituyente. ***** Dicho esto, está claro que hasta ahora hemos tenido presentes y desarrollado implícitamente los conceptos spinozianos de multitudinis potentia = ius sive potentia [potencia de la multitud = derecho, esto es, potencia] (colectiva) = institución (activa) del común (excedencia), que siguen siendo fundamentales si queremos aferrar en la metafísica moderna una base, una sugerencia para avanzar más allá de lo «teológico-político». Lo importante aquí es que lo político se basa y se articula en la ontología, una ontología humanista donde el ser es potencia.

Hoy, en esta época plagada de concepciones negativas y abismalmente irracionales del ser –donde justamente se encuentran Schmitt y Heidegger– insistir en esta dimensión ontológica de la potencia, entender su excedencia productiva es absolutamente fundamental. Así, pues, si queremos asegurar este primer punto, continuar y desarrollar una teoría del poder constituyente, mi opinión es que debemos entender y exaltar su naturaleza subjetiva. Esta conduce a asumir la multitud como proceso de subjetivación, la multitud como sujeto que se desarrolla iuxta sua propria principia [según sus propios principios]. Esto significa plantear la «síntesis de multitud y común» como elemento central para reconstruir hoy una figura de poder constituyente. El desarrollo del concepto de multitud no conduce hacia el Uno, sino hacia un «nosotros» fuertemente subjetivado, dinamiza además el proceso constitutivo del «nosotros», sumergiéndolo en una dimensión temporal. Una dimensión temporal –una temporalidad– que, considerando la totalidad de desidentificación o desunificación que determina el concepto de multitud, puede presentarse como precipitación de acontecimientos y condensación intensiva de historicidad. En estas condiciones viene a plantearse un sujeto común. Prefacio a la nueva edición en español | 21 En tercer lugar, no lo olvidemos nunca, el poder constituyente, como quiera que lo asumamos, es una figura rebelde. Spinoza nos lo describe como una «Jerusalén rebelde». El conflicto que subyace al derecho (como subyace al capital, como subyace al Estado) se muestra aquí con plena intensidad.

Del conflicto, el poder constituyente surge como máquina de excedencia subversiva, por la libertad, por el común, por la paz. Permítanme terminar con una cita de mi libro: «Recorriendo la relación entre multitud y potencia, hemos recordado el pensamiento de Maquiavelo; abordando el discurso sobre la distopía constitutiva del común hemos hecho referencia a la metafísica de Spinoza: pues bien, partiendo ahora de la escisión catastrófica de lo político y lo social que nos presenta la metafísica capitalista, es necesario volver a aferrar el punto de vista marxiano. En efecto, corresponde a Marx la insistencia más profunda en la relación o, para ser más exactos, en la interioridad de lo social y lo político, dentro de la corriente materialista y revolucionaria de la metafísica moderna. Y aunque Marx no elaborara aquella teoría del Estado anunciada en El capital, sin embargo –sobre todo en sus escritos económicos– ha identificado el terreno de una crítica de lo político a partir de lo social y ha elaborado algunos prolegómenos fundamentales a toda ciencia futura del poder constituyente. El tema propuesto por Marx es el de la creatividad omniexpansiva del trabajo vivo […] mientras que el poder constituyente había sido definido siempre (en los términos de la modernidad) como un poder extraordinario frente a la legitimidad ordinaria de la Constitución, aquí se elimina todo carácter extraordinario, porque, a través de su reducción a lo social (animado por el trabajo vivo), al poder constituyente se le reconoce la capacidad ordinaria de actuar en términos ontológicos. El poder constituyente es una potencia creativa del ser, es decir, de figuras concretas de lo real, valores, instituciones y lógicas de ordenación de lo real. El poder constituyente constituye la sociedad, identificando lo social y lo político en un nexo ontológico».

Antonio Negri París, 4 de abril de 2014

 

 

La Campaña del NO fue un fraude electoral.

Apenas unos días después del plebiscito se ha descubierto por confesión misma del gerente de la campaña del No, el ex senador Juan Carlos Vélez Uribe, que poderosos empresarios financiaron la campaña, entre ellos el propietario del Canal RCN y de gaseosas Postobón: Carlos Ardila Lulle; y que dicha financiación sirvió para construir una estrategia que buscaba engañar a los sufragantes con temas que no tenían que ver con los acuerdos de la Habana y que buscaban indignar a los electores y hacerlos votar a favor del NO.

Todos vimos la campaña, todos vimos cómo por redes y en iglesias de políticos que se han disfrazado de pastores, se le decía a los electores que los pensionados iban a perder su pensión, que los taxistas iban a tener que dejar sus taxis que pasarían a manos de guerrilleros, que las familias se iban a desintegrar y que sus hijos se volverían homosexuales porque las Farc ejercerían una llamada dictadura de género, que los pobres iban a perder sus subsidios porque estos pasarían a financiar jugosos salarios de los guerrilleros; que Colombia pasaría a tener un régimen como el de Venezuela; que Santos es un comunista camuflado amigo de Castro, que Dios esta con el No, etc.…etc.…

Hasta manipularon el video de una vieja entrevista mía, lo editaron y lo hicieron aparecer como si yo invitase a votar por el NO. Video profusamente repartido a un alto costo económico.

Cometieron un crimen. El engaño al sufragante es un delito tipificado en el código penal y tiene pena de prisión.

Aunque no nos guste escucharlo. Los directivos de la campaña del No que difundieron esta estrategia engañosa son unos delincuentes, agravada su actitud con el hecho que el fraude electoral no servía para obtener unas curules sino para mantener al pueblo sumido en la guerra. Su engaño buscaba que se mataran más colombianos.

Estamos tan acostumbrados al engaño al elector, a la compra de votos, que consideramos esto como cosas normales de la democracia. La realidad es que nuestra democracia ha sido de mentiras y que la mayoría de quienes han hecho las leyes de Colombia lo han hecho en virtud de haber sido elegidos a través del fraude, del delito: la compra de los votos.

Tenemos un sistema político delincuencial que ha sido usado por los narcotraficantes para hacer la ley.

Pero la confesión de Juan Carlos Vélez es más grave. Habla del uso del delito electoral ya no solo para hacer las leyes y obtener curules, sino para mantener la guerra en Colombia, para involucrar a millones de jóvenes en el conflicto armado fratricida del país, para condenarlos a la muerte y la violencia. Jóvenes en su inmensa mayoría pobres y sin oportunidades en la educación pública de Colombia.

Una estrategia electoral delictiva que necesita de bajos niveles de información y conocimiento de la gente. No nos extrañe porque Pastrana y Uribe recortaron los recursos a la educación que había establecido la Constitución del 91. La única manera de mantener al pueblo en la guerra que lo destruye es a partir de la ignorancia.

Pero es importante hoy saber qué buscan en realidad los dirigentes del NO con la continuidad de la guerra en Colombia, así pregonen, otra falsedad: que están con la Paz.

Varios de los empresarios que financiaron el NO están acusados de financiar a los grupos paramilitares, es decir de apoyar el genocidio que desataron en Colombia. No quieren que un Tribunal especializado los escuche en indagatoria.

El presidente Uribe dijo que no quería que los militares sindicados de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad acudan, como los guerrilleros, al tribunal especial de justicia, a confesar y a cambio recibir los beneficios jurídicos que les permitirían el perdón de la sociedad y rehacer la vida de sus familias.

A Uribe le aterra que los militares sindicados confiesen y los sacrifica, los lleva de lleno a la justicia internacional, con tal que su nombre no aparezca en las indagatorias como auspiciador de crímenes cuando fue gobernador de Antioquia o cuando fue Presidente.

El temor de Uribe arrastra al país a la sangre.

La campaña del NO oculta, que no quieren que la tierra amasada ilícitamente y con sangre por el narcotráfico para lavar sus dólares del comercio de la cocaína, más de diez millones de hectáreas, sea devuelta de nuevo a sus antiguos poseedores legítimos o a los campesinos y empresarios que quieren producir alimentos.

El engaño generalizado en la sociedad colombiana y triunfante en regiones antioqueñas, santandereanas y cafeteras, es para ocultar uno de los peores hechos de la historia colombiana, la acumulación de poder económico y político sobre la base de la muerte, el genocidio y el desplazamiento forzado en la sociedad.

Y están a punto, gracias a la debilidad del presidente Santos y la derrota fraudulenta de su plebiscito, de condenarnos a todos a la guerra.

Por eso, como nunca antes, la sociedad colombiana debe actuar. Los jóvenes, los llamados a la violencia han dado el ejemplo. Se rebelan contra la guerra y salen a marchar por centenares de miles.

Como lo hicimos en Bogotá Humana, la movilización debe ser permanente: Una y otra vez. Pero esta vez debe alcanzar todos los rincones de Colombia.

Al movimiento estudiantil ya desatado y que se organiza a partir de asambleas públicas en los parques, donde se coordinan las siguientes acciones y se evalúa la situación del país, debe articularse de manera organizada, una fuerte movilización indígena y campesina por la Paz.

Así romperemos el engaño tejido por los señores de la guerra en el barrio popular, en el municipio, en la ciudad.

Se nos convoca al cabildo abierto, a un movimiento asambleario, que debe tener todo el sentido constituyente del pueblo soberano.

Hay que destituir el engaño, el oprobio, los señores de la guerra, lo que nos lleva a la muerte fratricida. Hay que constituir lo que permite la convivencia. Hasta los acuerdos de la Habana que deben ser respetados se quedarán pequeños si como sociedad somos capaces de no tolerar el engaño y de salir en multitudes a constituir la Paz.

Nos tocó un momento histórico determinante para Colombia y vale la pena vivirlo y actuar con inteligencia y con contundencia. No son los tiempos de quedarnos en la casa, son los tiempos de la acción democrática y masiva. El tiempo de las Multitudes Constituyentes.