UNA POLITICA DE AGUA Y ASEO DIFERENTE PARA COLOMBIA

Por Gustavo Petro

Hace poco la Revista Semana titulaba que el actual alcalde de Bogotá había pagado una multa de cerca de $20.000 millones, impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC a la UAESP,  por el error del alcalde Petro en su política de aseo.

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La verdad es que unas semanas después Eva Maria Uribe, gerente de Peñalosa de la Empresa de Acueducto, pagó otra multa por la misma razón por 65.000 millones de pesos a la misma SIC. La revista no averiguó que estos pagos de casi 100.000 millones de pesos, extraídos de los presupuestos de agua y aseo del Distrito eran ilegales. Ya los tribunales de justicia habían aceptado las demandas que interpusimos y las acciones de la SIC quedaban suspendidas hasta el fallo definitivo. Le interesaba a la Revista mostrar los pagos no como una irresponsabilidad mayúscula de Eva Maria Uribe y Peñalosa, sino como un error mio por mi política de desprivatización y remuneración de los recicladores.

El titular tendencioso de revista Semana, ocultaba un profundo problema de los servicios públicos esenciales de Colombia, que la revista no osó preguntar.

¿Por qué la SIC impone una multa a una empresa de servicios públicos? ¿Según la SIC porque la empresa de Acueducto y la Uaesp rompieron la libre competencia? Sobre tal tesis repetida una y otra vez en los medios de comunicación, es clave iniciar un análisis a fondo.

Acaso la SIC no tiene que ver con la Industria y el Comercio, mientras los Servicios Públicos tienen que ver es con los derechos fundamentales de los colombianos y son, por definición de la Constitución, un fin esencial del Estado? Y si los servicios públicos son la garantía de derechos fundamentales como el agua potable y el saneamiento básico, de donde acá nuestras normas dicen que se rigen exclusivamente por la libre competencia?

¿Acaso el mercado garantiza, per se, los derechos fundamentales?

Tal criterio, propio de las versiones más radicales de la Escuela de Chicago, es portador de un neoliberalismo fundamentalista que no se aplica en ningún lugar del mundo, ni tampoco lo ordena la Constitución. Lo que asegura la Constitución es que el Estado los puede prestar directa o indirectamente y que quien ejerce el control y la vigilancia sobre los servicios públicos es el Presidente a través de la Superintendencia de Servicios Públicos. Qué hacía entonces la superintendencia de Industria y comercio allanando la empresa de acueducto de Bogotá, y que hace imponiéndoles multas? La superintendencia de industria y comercio estaba aplicando una Constitución diferente a la del 91, y en este caso bajo órdenes del vicepresidente de la República?

Porque si bien actores privados pueden ayudar a garantizar un derecho fundamental para la población, el Estado es esencial en esa garantía, sobre todo en un país, con una alta proporción de su población por debajo de la linea de pobreza.

Ese es el criterio que expresa nuestra Constitución y no es un error de un alcalde el aplicarla.

El que la SIC sea la que multe a una empresa de servicios públicos esenciales para la población y a sus directivos y no la Superintendencia de Servicios es un exabrupto y produce una ruptura del orden constitucional; pero que multe una empresa pública de agua potable domiciliario y saneamiento básico es peor: atenta contra la vida.

La garantía de un derecho fundamental y esencial a la vida, como es el agua potable y el saneamiento básico, consagrado así por las Naciones Unidas, no puede ser tratado como si se tratase de un mercado de gaseosas o de tinte para el cabello.

Por eso fue admitida la demanda de nulidad por la Justicia administrativa contra las decisiones que impusieron esas multas.

Entonces por qué Peñalosa se adelantó a pagarlas y no se puso en la defensa del Distrito ante tamaño acto de arbitrariedad?

Las razones son estas:

El superintendente Robledo, es amigo de los abogados de las empresas privadas de aseo y agua potable, y al mismo tiempo es ficha política del Vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras quien también es amigo y ha sido financiado por los dueños de estas empresas privadas de contratistas.

La acción de Robledo, que inició el proceso de investigación estando inhabilitado, con allanamiento incluido a la Empresa de Acueducto y revisión ilegal de la información de los computadores que encontraron, y el del superintendente ad hoc después, hoy secretario general del Presidente Santos, quien estaba bajo investigación del procurador Ordoñez, buscaron que una vez terminados los contratos de concesión de los empresarios privados del aseo en Bogotá, como si nada, continuarán automáticamente perpetuados por el concepto de libre competencia, que según ellos, se aplicaría una vez terminados los contratos de concesión. Y óigase bien, sin devolverle a la ciudad todos lo bienes que adquirieron con el dinero de los usuarios en virtud de dicha concesión incluidos los camiones compactadores.

Es decir que sin importar que los contratos de concesión del aseo de Bogotá hubieran terminado, para los amigos en el gobierno de los propietarios de estos contratos, se garantizaba un derecho a perpetuidad para seguir manteniendo la operación y sus ingresos. Se podrán imaginar que significaría un concepto así trasladado a las concesiones petroleras, del oro o del carbón?

Era una defensa del interés particular de un grupo empresarial ligado estrechamente al Vicepresidente de la República. La SIC como varios organismos de control, vienen siendo utilizados por el vicepresidente como una policía política.

Si los empresarios son amigos del vicepresidente no son investigados en la SIC, si no lo son, sí. Por esta misma razón en la fiscalía se investigó a los amigos del cartel de la contratación de Samuel Moreno, pero no a los amigos de Vargas Lleras.

Es por esto que un integrante confeso del cartel de la contratación de Bogotá: Emilio Tapia, en carta al Fiscal General de la Nación denunció que su fiscal, el fiscal Valbuena, le pedía que no confesara todo lo que sabía sobre el cartel; y es por esto que destruyeron la posibilidad que los Nule hicieran una confesión completa de sus actividades y de sus aliados en el gobierno.

Pero estos hechos que desconoce la Revista Semana, bajo su titular de “error del alcalde Petro” tocan temas aún más profundos.

Los concesionarios privados del aseo en Bogotá, son al mismo tiempo los mayores contratistas de agua potable y saneamiento básico de Colombia, de la electricidad, e incluso de vías de la 4G del país, y no solo han sido amigos de directores de medios de comunicación y de sus presentadoras rutilantes, sino que, se alistan a ser propietarios de canales de televisión.

Se trata de un verdadero cartel de la contratación protegido bajo el Poder del Vicepresidente y la desidia del Presidente Santos.

Peñalosa paga la multa porque le debe favores a Cambio Radical y a Vargas Lleras, y porque lo guía un odio a todo lo que signifique Bogotá Humana y no porque tuviera la obligación de hacerlo, o porque ya la justicia dijera que no tuvimos razón. Los procesos hasta ahora inician. Creo que los funcionarios que decidieron pagar cuando, apenas se inician los procesos en el contencioso administrativo cometieron un delito.

Al mismo tiempo que Peñalosa pagaba la multa a la SIC, el país estuvo en una situación dramática de escasez de agua por procesos climáticos desencadenados por el sobre calentamiento del Océano Pacífico, comparado con sus promedios históricos. Millones de personas fueron golpeadas por otro silencio de la Revista: El Cambio Climático producido por el ser humano.

Cómo es que la SIC busca debilitar financieramente a las empresas públicas de agua y saneamiento básico de carácter público, cuando son estas las únicas que pueden mitigar los efectos de la sequía en grandes zonas del país? Es más importante proteger el interés de cuatro empresarios que el de millones de personas?

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¿No muestra esta política, como la política pública de mantener la privatización de las aguas del Rio Ranchería, la venta de los embalses de Isagen, la postura de Santos contra el Metro de Bogotá y su Reserva Forestal del Norte, el sabotaje al primer POT de adaptación al cambio climático del país: el de Bogotá, la utilización del agua en minería y petróleo, la concesión de áreas para minería en lugares estratégicos para el ambiente, una profunda ignorancia del gobierno nacional sobre el principal problema de la humanidad hoy: el cambio climático?

El plan presentado por Colombia para mitigar emisiones de gases efecto invernadero: dióxido de Carbono, CO2, gas Metano CH4, monóxido de nitrógeno N2O, ha sido un fracaso.

Al imponerse metas conservadoras, el plan colombiano, como el de la mayoría de los países de la COP 21, determinaron un crecimiento para el 2050 de 3 grados centígrados de temperatura promedio para todo el mundo respecto a la temperatura de la época pre industrial. Una catástrofe planetaria.

La COP demandó a los países ser más audaces para el mes de abril y hacer nuevos planes. El presidente Santos no ha discutido públicamente lo que sería el nuevo plan, aunque la Bogotá Humana si lo hizo.

Un plan más audaz implica una política de ubicación poblacional diferente que se aplique progresivamente al 2050, la población debe ubicarse progresivamente y el Estado debe estimularla, en donde hay agua; la electrificación de los sistemas de transporte, lo cual prioriza ferrocarriles, tranvías y metros, y no autopistas concesionadas y BRT urbanos; una agricultura diferente que cultive alimentos y no combustibles y no use abonos en base a Nitrógeno; una política de arborización urbana y reforestación extensa y generalizada, Bogotá por ejemplo debe sembrar un millón de árboles al año; una nueva política energética que sustituya termoeléctricas y gas domiciliario, por energías limpias como la solar, y ojo; una política diferente respecto al agua y el saneamiento básico.

Si el agua se torna escasa en regiones, su uso debe priorizar el consumo humano y el de la naturaleza y la producción de alimentos. Desde el gobierno de Pastrana y sobretodo en los gobiernos de Uribe y Santos se ha priorizado la minería y la producción de combustibles por encima de las necesidades vitales. La Guajira y sus niños muertos son el efecto de esa política irracional.

El agua, desde la perspectiva de la adaptación al cambio climático, y el saneamiento básico, desde la perspectiva de la mitigación, son cruciales en los tiempos del cambio climático y el modelo de privatización actual con carteles de contratación que son a su vez, dueños de poder y de la política, y de la opinión en algunos medios de comunicación, no sirve.

Quien va a pagar por los nuevos acueductos que de regiones cada vez más lejanas deben llevar el agua a las poblaciones? Quien va a pagar por la reubicación de poblaciones afectadas por el alto riesgo, sea por excesos de agua o por su carencia? Quien va a pagar por superar los rellenos sanitarios productores de gas metano, y el tránsito hacia el reciclaje? Si dejáramos esta respuesta a los amigos empresarios del vicepresidente, estos dirían que toda la inversión debería ser pagada por las tarifas de los usuarios.

Es decir pagaría la ciudadanía usuaria de servicios y el peso de la financiación recaería más sobre los pobres. Entre estos pobres, la mayoría de la población colombiana carente de agua potable y saneamiento básico de calidad, que perderían por falta de pago los escasos servicios que hoy reciben.

O tendría que pagar el Estado,  así garantizaría que la financiación de sus inversiones públicas no se trasladarían a los más pobres de la sociedad: una política como el mínimo vital bogotano pero extendida a toda Colombia; pero si lo más lógico es que el Estado a través de su presupuesto tendría que hacer las inversiones que en materia de agua potable y saneamiento básico necesitan las políticas de adaptación y mitigación del cambio climático, entonces para qué empresarios privados concesionarios viviendo de la renta en los servicios que garantizan el derecho esencial al agua y al saneamiento básico?

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En tiempos de cambio climático y para superarlo con éxito se impone una política de desprivatización de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, y más aún una política de desemprerización del servicio del agua potable. El agua potable no puede ser considerada una mercancía en una sociedad bajo efectos del cambio climático, sino un derecho fundamental para la vida y desde esta perspectiva, tal como se hace con la justicia, la seguridad, la educación pública, el Estado debe volcar sus recursos aún a fondo perdido para garantizarla.

Esta nueva política sobre agua potable sustentada en el presupuesto, en lo que tiene que ver con el consumo mínimo vital, debe articularse a una política general del agua en Colombia que nos obliga a priorizar los temas ambientales. El camino de Colombia no es Venezuela, es Costa Rica.

En el tema del saneamiento ambiental, las cosas no son muy diferentes. Cómo se entiende, ante el compromiso de Colombia frente a la Humanidad de disminuir gases efecto invernadero, que se le haga pagar a todos los usuarios del aseo de Colombia un servicio que lo único que hace es transportar residuos para ser enterrados en rellenos que se convierten en bolsas de metano, uno de los peores gases efecto invernadero, 21 veces más poderoso que el CO2 en calentar el planeta?

Pagamos para que nos envenenen y nos maten? Solo porque esos empresarios del aseo son los amigos de Uribe, de Pastrana y de Vargas Lleras?

La Bogotá Humana dio una lección sobre el cambio del modelo del aseo de residuos sólidos y de manera más tímida sobre el cambio del modelo de residuos líquidos y aguas lluvias. A pesar del sabotaje de los empresarios del cartel de las basuras el 18 de diciembre del 2012, la administración progresista logró contra todas las amenazas, en medio de una campaña mediática brutal en contra de sus medidas, después se demostró que los directores de medios eran íntimos de los dueños de las basuras, contra la destitución misma del alcalde, defendido por oleadas y continuas manifestaciones ciudadanas, construir y demostrar la viabilidad de un modelo sustentado en el reciclaje.

El Reciclaje disminuye contrario al modelo de los empresarios privados poderosos del aseo, los gases efecto invernadero.

Por tanto el titular de la Revista Semana con la que comencé este artículo no solo es absurdamente equivocado, sino que la estructuración de una nueva política de agua, agua potable, y saneamiento básico como programa de un gobierno progresista nacional se vuelve el eje articulador de un nuevo país.

 

Autor: gustavopetroblog

Dirigente político progresista de Colombia

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