!Ay Bogotá!

Por Gustavo Petro

Ha sido presentado el presupuesto de Bogotá para el año 2017, y la prensa tradicional, en su afán de legitimar como sea al actual gobierno, ha cubierto con un manto de satisfacción las cifras presentadas.

Que es el mayor presupuesto de la historia, dicen; lo cual oculta en realidad el dramático recorte premeditado de los gastos en educación, salud, inclusión social y cultura hechos en el 2016, que como recursos de Capital, pasan ahora al 2017,

Que las principales inversiones serán en educación, salud, inclusión social y movilidad bajo la figura del esperado metro, y así pasan simplemente a retransmitir el comunicado de prensa de la secretaria de hacienda, sin ningún tipo de análisis que pudiera mover la pereza de los actuales comunicadores de analizar con algo de profundidad la situación de la capital del país, los mismos que en el gobierno pasado retransmitían cualquier cosa que sonara a crítica así fuese engañosa.

Una simple comparación con el presupuesto presentado en 2015 podría descubrir los senderos de hacia dónde va Bogotá.

Veamos unas cifras sencillas:

El presupuesto del 2015 fue de 17,3 billones comparado con el que se acaba de presentar por 18,7 billones. A pesar de este incremento nominal no descubren, indexando con las tasas de inflación esperada del Banco de la República, que el presupuesto del 2017 es menor: solo conservando el valor del peso del 2015, el presupuesto para ser igual al de ese año debería ser de 19,3 billones de pesos.  Lo cual refleja que se debilita, a pesar del ahorro en gasto social del 2016, las bases tributarias de la ciudad, reflejo de una economía en plena desaceleración. Pero, además, la distribución del presupuesto, marca ya la diferencia entre dos visiones de ciudad distintas:

En educación en el 2015 se presupuestaron 3,5 billones de pesos que equivalen a 3,9 billones en el 2017 dado el índice de inflación esperada; para el 2017 Peñalosa presupuesta 3,3 billones. Una caída en términos reales de aproximadamente el ¡15,3%!

En salud en el 2015 se presupuestaron 2,2 billones de pesos, que equivalen para el 2017 a 2,45 billones. Peñalosa presupuesta para el 2017: 2,2 billones con una caída en términos reales de 10,2%

En Inclusión social y primera infancia se presupuestaron en el 2015 1,3 billones que equivalen para el 2017 a 1,45 billones; Peñalosa presupuesta para el 2017, con todo y abrazo para la televisión de niños, niñas y habitantes de calle, una partida de 1,1 billones de pesos, con una caída real de ¡24,14 %! Razón tenía Santos en decir que el amor se expresa en el presupuesto.

Lo cual significa que sin sumar el efecto social que resulta del ahorro de gastos sociales del 2016, con destino a obras viales de Transmilenio en el 2017; el solo presupuesto del 2017 tendrá ya un serio impacto hacia la mitad del gobierno de Peñalosa, respecto a las prioridades de la Bogotá Humana presupuestadas en el 2015:

Es imposible financieramente incrementar la jornada única de los niveles que la dejamos en el 2015, 253.000 estudiantes; la meta de la ciudad era en tres gobiernos aumentarla a la totalidad de los 850.000 estudiantes de la educación pública. Peñalosa decidió no subir el estándar de la educación pública y más bien privatizarla.

Por eso los 30 colegios de que habla parecen ser la continuación de las obras en ejecución de colegios que dejó la Bogotá Humana, después de entregar terminadas 26 sedes nuevas. Solo que estas sedes en lugar de fortalecer la infraestructura de los colegios públicos existentes, va a convertirse jurídicamente, en colegios nuevos, para poder así, ser concesionados a entidades privadas.

Se reduce el presupuesto ligado desde la cultura: a la educación Orquesta Filarmónica, Idartes e IDRD, y que era fundamental para extender la jornada única. Este programa había logrado expandir no solo la educación artística en la primera infancia y la juventud, sino que se había constituido en propulsor de la producción de cultura y deporte de la Ciudad.

Se acaba definitivamente el programa territorios saludables, expresión de un nuevo modelo de salud preventiva y familiar centrado en los equipos médicos que de manera permanente visitaban los hogares del estrato uno y dos de la ciudad. El debilitamiento de este programa en el 2016 trajo como consecuencia el colapso de las urgencias en los hospitales y el crecimiento de tasas de morbilidad en la población. ¡Los niños que murieron por enfermedades agudas respiratorias en el 2016 fueron el doble de los que murieron en 2015!

Se desmantela el progreso hecho por Bogotá en atención a la primera infancia, por el debilitamiento del cuidado de niño(a)s de uno a tres años que hacía Integración Social en el ámbito de los hogares, como también en el ámbito institucional. No parecen estar financiados los gastos en arriendo de más de cien jardines infantiles en los barrios populares y contrario a los estándares internacionales, se agregan más niños por profesora, dañando los criterios de calidad y afecto en la atención de nuestra niñez.

Ni que hablar de los habitantes de calle. La partida destinada por Bogotá Humana por 30.000 millones para construir la ciudadela Humanidad en el Bronx, se evapora en unas cuantas losas de concreto de la próxima troncal del Transmilenio

Se anula la posibilidad de hacer crecer el número de personas de la tercera edad con bonos pensionales y más aún de aumentar sus montos mensuales.

¿Para qué ese sacrificio social?

En el presupuesto del 2017 los periodistas transcriben, creo que, alborozados falsamente, que crece por fin la partida del metro de Bogotá con 1 billón de pesos largo. Solo que no quisieron leer bien: esa partida del metro se llama, fase uno, y no leyeron del comunicado oficial que la fase uno, consta exclusivamente de troncales de buses de Transmilenio, llamadas ahora alimentadoras, y que ya estaban diseñadas y financiadas en la Bogotá Humana.

Una manera muy interesante en transformar presupuestalmente un metro subterráneo, férreo y eléctrico de gran capacidad, en los débiles buses contaminantes, mayoritariamente de marca Volvo, y sus operadores privados tan cercanos a los últimos 17 años de la vida del actual alcalde.

En diciembre del 2017, Bogotá no tendrá ninguna licitación ni de metro subterráneo, dos años de suspensión  cumple ya la licitación; cuando goza de estudios terminados, ni de metro de segundo piso, que ni siquiera tiene estudios de ingeniería.

Eso sí, si se vende la EEB y la ETB el año entrante, la ciudad gozará de unas lindas autopistas congestionadas cruzando los potreros en pos de urbanización densa de lo que iba a ser la Reserva Thomas Van Der Hammen para el uso de la vida y de nuestra niñez, aproximadamente por allá en el año 2022.

Así, los fundamentos que llevaron a la ciudad de Bogotá a ser calificada como la 26 mejor ciudad para vivir en el mundo y la tercera en Latinoamérica por la “Price Waterhouse en su estudio mundial: Inclusión social, fibra óptica, mejoramiento de la educación y la salud, cuidado de la primera infancia, inclusión social, disminución de la desigualdad social y la pobreza, reequilibrio con la naturaleza, mejoramiento del aire y del agua, se destruyen ente los ojos impávidos de lo(a)s bogotano(a)s y la complicidad de la prensa.

Es la hora de los negocios. La vida la niñez, la vejez y el saber no importan. De nuevo la orgía del concreto aplasta la humanización de la ciudad.

UN ACUERDO NACIONAL PARA PERMITIR EL PODER CONSTITUYENTE DE LA SOCIEDAD DE CARA LA PAZ

PROPUESTAS PROGRESISTAS HACIA UN ACUERDO NACIONAL

 Yo voté por el sí el 2 de octubre y sin recursos, no tenemos, le hice campaña en varios lugares del país. Desde antes anote públicamente las deficiencias que veía en el acuerdo de la Habana y la concepción de Santos sobre la Paz, pero no quiero hablar de ello en este momento.

Lo cierto es que el 2 de octubre fuimos derrotados y fundamentalmente fue derrotada una concepción de la Paz en Colombia.

He visto como de manera peligrosa en mi opinión, y movidos quizás por los sentimientos desatados, algunos sectores del sí de la mano del gobierno se han movido a no reconocer el resultado del 2 de octubre o a tratar de construir atajos fáciles que anulen en la práctica el mandato popular del día del plebiscito.

El NO del 2 de octubre significa que no se apoyó los acuerdos de la Habana. No significa, y esto debe ser igualmente reconocido, que se hubieran apoyado las propuestas que hace ahora Uribe. Las propuestas de Uribe, son de él y su movimiento, pero no pasaron por la decisión de la legitimidad popular.

El Mandato del 2 de octubre, y así es como hay que llamarlo así no lo compartamos, obliga a Santos a un nuevo acuerdo y a otra concepción de construir la Paz. Soslayarlo puede llevarnos a una nueva violencia.

Una decisión de Santos de imponer el acuerdo de la Habana, modificando algunas frases, algunos temas parciales no estructurales, a pesar de los resultados del 2 de Octubre, llevará a la Farc a una masacre.

Dentro de sectores polarizados de la sociedad colombiana en todos los territorios, surgirán fuerzas y planteamientos que verán la acción del Presidente como una burla a la decisión popular y se auto legitimarán para actuar contra el actor más débil del proceso: los excombatientes desarmados de las Farc. Por allí pasaremos a una generalización de nuevo de la violencia y la muerte como instrumento de la política y del conflicto.

Conseguiremos lo contrario de lo que nos proponemos y en el corto plazo.

El 2 de octubre señaló que el pueblo colombiano rechazó los acuerdos de Paz de la Habana y que el Presidente debe agenciar nuevos acuerdos bajo una concepción diferente y no simplemente remendarlos.

Lo cual no significa que el pueblo aprobó en contrario, las propuestas de Uribe. Al pueblo no se le pregunto sobre ello.

El Centro Democrático ha propuesto un acuerdo nacional y Santos se ha movido sobre un acuerdo de élites. No se ha  escuchado la propuesta progresista y de otros sectores de la sociedad de dotar de Poder Constituyente a la sociedad para superar el problema y legitimar la Paz en su más alto nivel.

Pues bien el poder constituyente de la sociedad, es decir su capacidad de decidir, destituir y constituir, como la base fundamental de la Democracia debe ser antecedido de un acuerdo previo nacional.

Que no es solo de Uribe y Santos, ni tampoco de partidos políticos exclusivamente, sino que debe ser mucho más integral, incluso como lo pide el ELN.

Que no debe versar sobre el contenido de las reformas e instrumentos a tratar propiamente en un acuerdo con los armados o con las reformas de la sociedad, sino que tiene que ver con los marcos generales y principios en que se circunscribirá el poder constituyente de la sociedad. Se trata de un acuerdo sobre lo fundamental como decía Álvaro Gómez Hurtado.

Me atrevo a adelantar algunas preguntas marco de ese acuerdo nacional sobre lo fundamental:

Como Paz entendemos un proceso que ponga bajo prisión a actores de la violencia o vamos hacia un perdón generalizado a cambio de la verdad?

Como  Paz dejamos la tierra despojada en manos de terceros o indemnizamos a los terceros con bonos y regresamos las tierras  a las víctimas y a quienes quieran producirlas?

Como Paz restringimos  el concepto a una desmovilización de grupos armados insurgentes? O abrimos la opción de una dejación pacífica del narcotráfico con sometimiento a la justicia y con beneficios jurídicos a los actores del narcotráfico?

Como Paz podemos modificar los modelos de salud y educación públicas y su financiación o dejamos las aspiraciones fundamentales de la sociedad y nos limitamos a los de los grupos insurgentes?

Como proceso de Paz podemos adelantar una reforma estructural a la justicia ordinaria que la haga eficaz al ciudadano, o dejamos sin solución este punto fundamental para la prevención de la violencia?

Como proceso de Paz podemos generar estatutos constitucionales del territorio que permita que su uso sea decidido por la ciudadanía? O mantenemos la actual estructura de poder en el territorio, generadora per se de la violencia?

Estos temas son generadores de violencia y muerte hoy en Colombia y no están contemplados en realidad en nuestra actual Constitución. Bajo un acuerdo general de respeto en el marco descrito se puede convocar de nuevo al constituyente para que le de contenido a la paz?

Podemos mantener y ampliar el cese al fuego mientras los armados dejan sus armas a disposición del constituyente? Puede un proceso así vincular a toda la sociedad en su diversidad, acabar la polarización ficticia y permitirnos como Nación construir la Paz?

El Poder Constituyente de Antonio Negri

He querido reproducir el espacio de la edición española de Antonio Negri en su libro El Poder Constituyente, porque me parece absolutamente pertinente a la situación que vive en Colombia después del hundimiento de los acuerdos de Paz en el Plebiscito del 2 de Octubre.

Parte de la izquierda y del movimiento social aún no se atreven a liderar  la transformación del movimiento social en poder Constituyente para obtener el bien común de la Paz.

Antes de iniciar la discusión espero del progresismo un estudio profundo de este documento, y de su aplicación como praxis, a la realidad colombiana.

Prefacio a la Edición Española de Poder Constituyente de Antonio Negri

he recorrido el desarrollo del poder constituyente en la modernidad occidental, a partir de su origen maquiaveliano, a través de las Revoluciones Inglesa, Americana y Francesa de los siglos XVII y XVIII y de la Revolución Rusa del siglo XX. El tema desarrollado en él consistía en el intento de mostrar que el poder constituyente era siempre invención de contenidos, realización de finalidades, «plenitud» de voluntades, mostraba el poder constituyente como potencia productiva de una forma Estado democrática en Maquiavelo; como capacidad de representación (fundamentada de manera clasista) en la Revolución Inglesa; como modelo de un constitucionalismo expansivo en el proyecto estadounidense; como fundación de una democracia igualitaria en la Revolución Francesa y, por último, como reorganización del concepto mismo de democracia y realización de una utopía del común en la Revolución Rusa. El libro fue escrito en la década de 1980, la primera edición italiana es de 1992 y luego aparecieron las ediciones francesa, inglesa y española (esta última realmente deficiente). Treinta años después, este libro no parece viejo: los libros envejecen cuando el concepto ha perdido toda referencia a la realidad.

Para ser más exactos, el libro habría dejado de ser útil si el «poder constituyente» hubiera olvidado el dispositivo que le caracterizara originariamente, a saber: ser motor de renovación, no tanto del orden político como del orden social, es decir, ser una potencia innovadora que emancipa a los ciudadanos de la miseria económica y de la superstición política. Ese olvido no se ha producido. Hacer olvidar los contenidos progresivos del origen es algo que corresponde más bien a los reaccionarios.

Para ellos, el poder constituyente es solo una función «excepcional» de poder de mando, un signo de violencia fundadora. Arché es, para ellos, desde tiempo inmemorial, «inicio» y «poder de mando», inseparables, confusos y mezclados, incondicionados. Para Carl Schmitt, el poder constituyente es lisa y llanamente «poder de excepción», poder que genera poder y que ha perdido toda referencia a contenidos de emancipación. Por el contrario, el poder constituyente consiste, como hemos sostenido, en la capacidad de instaurar un ordenamiento de libertad e PREFACIO A LA NUEVA EDICIÓN EN ESPAÑOL 12 | El poder constituyente igualdad, haciendo de ese fundamento pasional e ideal una máquina multitudinaria, esto es, un dispositivo de composición de la multiplicidad encaminado a la creación de instituciones comunes.

Relativizada la cuestión de la obsolescencia del concepto, pregunté- monos más bien si la historia reciente nos ha ofrecido integraciones de su figura dignas de consideración. En efecto, el último caso constituyente que el libro que comentamos aborda es el soviético, hace casi un siglo. Después, ¿de qué formas, con qué funciones originales se ha presentado –si ha vuelto a presentarse– en la historia política y en la marcha de la libertad un «poder constituyente»? ***** Pero antes de avanzar en la eventual redefinición de poder constituyente, repasemos (porque siempre renace y vuelve a presentarse) la clásica definición schmittiana del poder constituyente.

Sabemos cómo Carl Schmitt consideraba el poder constituyente: como decisión que funda la posibilidad misma de un ordenamiento jurídico, en su fieri [hacerse], y al mismo tiempo como enfrentamiento con el enemigo, sobredeterminando el poder constituyente en un acto de guerra que lo traduce en una acción dotada de un máximo de facticidad, arrojada en el ordenamiento jurídico como inmanencia absoluta. Esa inmanencia es tan profunda que a primera vista se echa en falta la relación misma entre poder constituyente y poder constituido: el poder constituyente presenta la naturaleza de un poder originario o de un contrapoder absoluto, como potencia ciertamente determinada históricamente, pero, al mismo tiempo, despojada desde el principio de toda trama existencial e instalada en las determinaciones abstractas del acontecimiento puro y de la violencia.

El poder constituyente es un acontecimiento voluntario absoluto. Aquí la historicidad misma de la forma Estado se da en la figura del poder soberano, mientras que la fundación de la soberanía es sencillamente la repetición o la sobredeterminación irracional de una soberanía de hecho, dada, necesaria, siempre igual a sí misma. De esta suerte, el poder constituyente es representado, desde el punto de vista de los contenidos, como el vacío o, si se quiere, como lo «teológico-político» en acto: paulinamente, como la fuerza opuesta al Anticristo. La definición schmittiana ha tenido una gran difusión e importancia. Su definición extremista parecía cortar el nudo aporético que el concepto jurídico de poder constituyente presentaba para los juristas: según la definición de Burdeau, «el estudio del poder constituyente presentaba desde el punto de vista jurídico una dificultad excepcional que atañe a la naturaleza híbrida de este poder […] la potencia que el poder constituyente oculta se Prefacio a la nueva edición en español | 13 muestra rebelde a una integración en un sistema jerarquizado de normas y de competencias […] el poder constituyente resulta siempre ajeno al derecho». Por otra parte, partiendo de esta aporía, recordemos el esquema antinómico con el que el poder constituyente fue estudiado en la tradición decimonónica del derecho público alemán. Por un lado, Georg Jellinek, para el cual el poder constituyente resulta de lo empírico-facticio del proceso histórico como producción normativa –instituyente– que permanece «externa» al derecho constituido. Por el otro, Hans Kelsen, donde el poder constituyente es absorbido kantianamente en la Grundnorm [norma fundamental] que cualifica el conjunto del sistema y se plantea, in actu, como su omnipotencia y su expansividad.

¡Lástima que esto restituya tan solo un proyecto de la razón kantiano y esquemático! Ahora bien, teniendo en cuenta esta situación no resuelta del problema, insistamos en el hecho de que es lógicamente erróneo escapar de su contradictoriedad a través de la vacuidad de la definición schmittiana. Como siempre ocurre en el pensamiento reaccionario, Schmitt elimina todo contenido para mantener intacta (y por ende autorizada y justificada) la violencia de la acción soberana. ***** En cambio, ¿cómo se plantea el poder constituyente, más allá del modelo moderno, esto es, en la posmodernidad? Indiquemos aquí a continuación algunas características problemáticas que subyacen a ese cuestionamiento. a) En la posmodernidad, por encima de todo hay que tener en consideración la radical modificación (de colocación) de la dimensión jurí- dico-administrativa respecto a la organización económica de la sociedad, impuesta por el capitalismo global. La sociedad ha sido completamente absorbida en la organización económica y en el poder de mando del capital: esto es, se ha «realizado» la «subsunción» de la sociedad en el capital, cuyas figuras son esencialmente las del capital financiero, que domina y reorganiza la división del trabajo en el plano global, construye la ganancia sobre el trabajo material e inmaterial de la «fábrica social» y extrae renta de la producción-reproducción de la vida y de la comunicación-circulación de los valores. El dinero es su poder constituyente, la forma en la que domina el «común productivo», se apropia de él y lo hace funcional a la explotación y a su jerarquización. b) Desde esta perspectiva, los conceptos de fuerza de trabajo global y de ciudadanía se superponen hasta tal punto que asistimos a una transfiguración biopolítica de la organización social y del poder. Ahora bien, esta inmersión del trabajo vivo en la constitución de la subjetividad política 14 |

El poder constituyente plantea un virtual antagonismo en la raíz de toda realidad institucional, una dialéctica dual y profunda que implica al mismo tiempo la condición social y la condición política. En el biopoder capitalista –como veremos más tarde– capital y trabajo vivo se enfrentan siempre, se incluyen y se excluyen: esta es la lucha a cuyo través la democracia se afirma. c) En tercer lugar, la construcción del mercado global y el relativo debilitamiento de la efectividad del Estado-nación atenúan la autonomía constitucional del Estado soberano y le imponen una progresiva homogeneización en el plano global. Esta transición es (en el interior y en el exterior del Estado-nación) conducida a través de las figuras y las diná- micas de la governance. Estas, en primer lugar, atenúan la relación entre generalidad abstracta de la ley / supremacía de la constitución y –por otra parte– la Administración; y, en segundo lugar, instituyen esta relación atenuada dentro de los movimientos globales del mercado.

Dinero y governance global se entrelazan y construyen la sociedad jurídica del capitalismo maduro en el plano global. Es evidente que en esta condición muestra también definitivamente su inconsistencia la mera reminiscencia de una concepción à la Schmitt del poder constituyente. Esta última estaba pensada para la modernidad, para el Estado-nación, estaba pensada para una estructura del derecho público europeo que contemplaba la supremacía del soberano y de su ley como algo insuperable («el Estado de derecho»): aquí, por el contrario, mediante la combinación de las diferentes figuras del derecho en la posmodernidad, nos encontramos, de manera clara y rotunda, ante un «común» institucionalizado y roto por la dialéctica entre dinero del poder de mando y trabajo vivo productivo.

Llegados a este punto, la búsqueda de una nueva definición del poder constituyente no puede dejar de hacer hincapié en los contenidos/fuerzas dialécticas de la relación de poder. En esta situación, el concepto mismo de poder constituyente, tal y como se plantea en la tradición jurídica de la modernidad, como potencia originaria e incondicionada, entra en crisis. Su inmanencia está completamente inmersa en la dinámica material de las transformaciones constitucionales y en la condicionalidad histórica. Desde esta perspectiva, cuando se habla de poder constituyente se habla inmediatamente de deconstrucción de las ordenaciones formales de las constituciones existentes y de producción normativa simultánea en la relación que vincula la acción destitutiva con la institutiva de un nuevo ordenamiento.

La governance se plantea normalmente dentro de este espacio y se caracteriza como función productiva de un sistema abierto. ***** Prefacio a la nueva edición en español | 15 Dada esta situación, puede parecer que una concepción «instituyente» puede ser considerada fundamental y central. Preguntémonos sin embargo si, dada esta escena, una concepción «institucionalista» del poder constituyente –moderna– puede ser recuperada y hacerse operativa. La cuestión es oportuna, pero la respuesta es negativa. Produciendo una definición instituyente del poder constituyente, como un pleno productivo de derechos contra el vacío de la afirmación de un puro poder de decisión, la teoría jurídica de los siglos XIX y XX hacía hincapié en las posibles diná- micas internas, que continuamente conformaron el derecho público y la Constitución. Se trata de las corrientes institucionalistas, cuya eficacia se desarrolla desde la década de 1920 hasta el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Entendiendo la lucha de clases como tejido de toda mediación social, las concepciones institucionales del derecho constitucional y público permitieron a veces organizar el encuentro de los «dos reformismos» –como a menudo les ha sido reconocido–, a saber: de las instancias reformistas que emanaban de las fuerzas políticas del trabajo y de las capitalistas, conforme a una línea «progresista», encaminada a establecer en su momento nuevas formas y constituciones de la reproducción de la sociedad. El antifascismo democrático en la década de 1930 y durante el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial se batió en estos campos.

Las Constituciones francesa, italiana y alemana de la década de 1940 son sus ejemplos más destacados. Considérese además la semejanza y tal vez la homogeneidad de este trabajo institucionalista sobre el derecho constitucional con las políticas keynesianas de desarrollo y con el propio modelo rooseveltiano del New Deal. El modelo económico del capitalismo socialdemócrata y reformista es construido precisamente mediante una orquestación jurídica de tipo institucionalista: el derecho privado da origen al derecho del trabajo y de sociedades; el derecho público organiza los derechos del welfare, etc., etc. Sin embargo, el institucionalismo moderno (aunque profundamente reformado) ha mostrado su insuficiencia frente a la crisis y las transformaciones del sistema capitalista (tanto en su forma liberal como en su forma socialista, esto es, en el tránsito más allá de la modernidad).

Lo advierten, aunque sin la capacidad de proponer alternativas, autores contemporáneos. En particular, vale la pena recordar la crítica de Giorgio Agamben, quien, ante la crisis, considera que el poder constituyente se ve inevitablemente atraído y despotenciado por el sistema del biopoder y por ende se torna incapaz de ser expresión radical de innovación social. Por otra parte, siempre ante la crisis, Balibar considera que toda figura de poder constituyente como plenitud productiva es frágil e ilusoria, mientras que su potencia se ve anulada frente a la formación del capital financiero y a sus dimensiones globales. A su modo de ver, la reivindicación de una potencia originaria del poder 16 | El poder constituyente constituyente queda reducida a una figura ética (una de las dos fuentes de la creatividad moral, tal y como la consideraba Bergson). Estas críticas reflejan la confusión actual y la presumible inadecuación de la consistencia del concepto de poder constituyente cuando este, en su figura socialdemócrata, reformista y de modelo institucionalista, se mide con la eficacia del biopoder en una fase de «subsunción real» de la sociedad en el capital. Sin embargo, cuando estas críticas achatan el poder constituyente, a menudo niegan también la resistencia de las subjetividades que entran en juego y su siempre virtual, pero no menos efectiva, capacidad de insurgencia. Por tal motivo terminan siendo «síntomas de la época» antes que soluciones del problema que plantean la productividad de los movimientos, la acumulación y la subjetivación de las pasiones y los deseos de las subjetividades. *****

Así, pues, ¿cómo empezar de nuevo a hablar de poder constituyente tras haber marcado las distancias de toda concepción moderna? El camino más útil parece consistir en leer y analizar las «formas de lucha» (que tienden a darse como «formas de vida») a partir del final de la Guerra Fría y en particular de las inventadas a partir de 2011 en las experiencias de los Occupy y de los indignados del 15M. Pero antes de hacerlo, reanudemos el discurso a partir del extraordinario terreno de experimentación que ha sido América Latina en estos últimos treinta años. a) En América Latina, el poder constituyente no se ha dado solo como movimiento singular de levantamiento, insurreción y toma del poder por parte de multitudes o, si se quiere, de las fuerzas populares, encaminado a transformarse en Constitución, sino que se ha presentado más bien como una continuidad de operaciones de renovación. Luego se ha prolongado en el tiempo a través de iniciativas constitucionales sucesivas.

El poder constituyente no parece haber renunciado aquí a representaciones simbólicas o a la exaltación de insurgencias temporales singulares (que permanecen vivas como narraciones), sino que parece haber preferido configurarse más bien como una potencia constituyente que se realiza en los tiempos (largos o breves) de un proceso más o menos radical y no obstante continuo. b) La acción económica y la política han avanzado juntas, se han hibridado continuamente. A diferencia del modo en que el poder constituyente se configuró en la modernidad –esto es, como momento de «autonomía de lo político», traducido en la fuerza jurisdiccional de las Constituciones–, las teorías y las prácticas de los procesos constituyentes, en la experiencia latinoamericana, han visto cómo el proyecto de la autonomía de lo político Prefacio a la nueva edición en español | 17 se doblega a las teorías y las prácticas de una «ontología de la liberación» social: del racismo, de las permanencias coloniales así como de las figuras del dominio capitalista particularmente indecentes (los reiterados golpes de Estado, la devastación de los derechos humanos…).

El deseo de participación económica y de decisión biopolítica se han recompuesto con fuerza, ofreciendo por ende características nuevas al concepto de poder constituyente y destruyendo en ocasiones su definición moderna originaria –que consideraba exclusivos los «derechos humanos»– mientras que aquí predominan los «derechos sociales». c) Hubo además la tentativa difusa (solo parcialmente lograda) de construir instituciones del poder constituyente no como efecto de un poder constitucional central y de una Administración centralizada, sino como producto de una vasta pluralidad de iniciativas políticas y de reconocimiento de subjetivaciones plurales. Allí donde tales proyectos se han realizado, el poder constituyente ha revelado tal vez una naturaleza nueva y más profunda: la de ser una germinación difusa y multitudinaria del deseo de libertad e igualdad. *****

Ahora, los distintos elementos son recuperados por los movimientos que han nacido y se han desarrollado desde 2011 en adelante; a saber: 1. el poder constituyente como continuidad, como motor de una acción progresiva de transformación; 2. el poder constituyente como acción de ruptura de la «autonomía de lo político» y, frente a esta, como iniciativa de conmixtión íntima de lo político y lo social; 3. el poder constituyente, por último, como promoción y constitucionalización de un vasto pluralismo. Pero esta tabla de mecanismos, que ya se puso de manifiesto en la experiencia de América Latina, se ve completada/profundizada, por así decirlo, en las experiencias posteriores a 2011. En particular, Ad 1) El poder constituyente como continuidad profundiza su concepto en la inmersión biopolítica.

El contenido de la potencia constitucional es la vida. No solo se exige welfare, no se discute tan solo de la expansión del salario a los costes de la reproducción social, sino que se quiere el reconocimiento de que la vida entera se ha tornado en sujeto de explotación y de extracción de plustrabajo: la reivindicación de derechos y de participación política se basa en este reconocimiento. De esta suerte, la acción constituyente se mide 18 | El poder constituyente conforme a una continuidad temporal que es también una extensión social (de las necesidades, de los deseos…). Esta última se enfrenta a la governance y por ende se articula democráticamente hasta donde sea posible; después una reacción conflictiva, allí donde la governance no consigue efectos adecuados, es siempre posible y aconsejable (véanse los movimientos actuales en Brasil). Ad

2) El poder constituyente como acción de ruptura de la autonomía de lo político y, frente a esta, como conmixtión de lo político y lo social, profundiza su acción propia en la lucha contra la propiedad privada en su forma actual: el poder financiero. Ahora bien, ¿qué significa realmente «producir fuerza constituyente» [costituenza] múltiple y dirigida contra la hegemonía de la propiedad privada? No puede significar sino construir «común», reapropiarse de bienes comunes y construir welfare, constituyendo instituciones de la multitud, esto es, instituciones de las singularidades productivas que se disponen en la cooperación para producir riqueza y para reproducir condiciones de libertad e igualdad. Está claro que, atacando la propiedad privada e insistiendo en la cooperación y en el común como alma del proyecto constituyente, no se da a entender la negativa a que todo trabajador o todo ciudadano pueda o deba expresar un deseo propietario. Pero si hoy, en la posmodernidad, en las nuevas condiciones de productividad, ese deseo parte de una condición laboral que se da dentro de un ambiente de conexiones y de redes, de servicios y subjetivaciones adecuadas, que constituyen hoy la realidad social del trabajo vivo –y si el trabajo de cada persona solo puede valorizarse cuando coopera con otras singularidades–, entonces el derecho a la propiedad ya no será un derecho que pueda aislarse en la decisión egoísta del lobo que se defiende del lobo, sino que se presentará como una salida de la soledad, como un producir en la cooperación, como un existir en la igualdad y en la solidaridad. El nuevo derecho reconoce la propiedad solo en la dimensión de la solidaridad y del común.

Ad 3) El poder constituyente como emergencia de puntos múltiples constituyentes profundiza su propia acción con la exigencia de horizontalidad y de ruptura de toda concepción fetichista del Uno, de la soberanía. Ahora, probablemente el análisis y la experimentación del tema «constituency» tengan que reanudarse a partir de aquí. El poder constituyente tiene que medirse con el pluralismo multitudinario. Esto significa que el concepto de «pueblo», de «nación», han de ser sometidos a crítica, a la crítica del Uno que, progresivamente y cada vez con mayor intensidad, se ha situado hoy en el centro del pensamiento democrático. A esto se agrega que el poder constituyente solo puede ser pensado como creador de un nuevo dispositivo de representación y/o participación; en efecto, la idea y la práctica de la representación burguesas están hoy tan mistificadas y obsoletas que han de ser recompuestas frente a las nuevas condiciones del saber y Prefacio a la nueva edición en español | 19 de la comunicación, y contra las censuras y las limitaciones que fundan el biopoder capitalista sobre la superstición y la ignorancia. ***** Frente a las críticas al concepto de poder constituyente como potencia de deconstrucción y de constitución, de destitución y de institución, y frente a los ejemplos que hemos dado del continuo resurgimiento de voluntades constituyentes, de fenómenos insurreccionales constituyentes y de nueva actividad constituyente, se hace preciso ahora redefinir el concepto de poder constituyente.

A tal objeto podemos ante todo proponer un enfoque metódico definitivo: es imposible determinar, en este mundo posmoderno en el que ya no existe un «afuera», en el que ya no existe posibilidad alguna que pueda ser abstraída de la historicidad presente, una forma de poder constituyente que se proponga como vaciedad de determinación, como evacuación de contenidos. Cuando solo hay «dentro» no puede haber un poder constituyente «vacío»: la acción ético-política o jurídico-estatal tiene siempre un sentido determinado, es decir, se topa siempre con singularidades, una resistencia, vive en la inmanencia y por ende no puede configurar ninguna transcendencia, no puede darse como «excepción».

También el acontecimiento es siempre determinado, en la situación actual, en la condición posmoderna, donde la subsunción capitalista de la sociedad y la acción de los biopoderes se dan frente a una relación productiva que es, al mismo tiempo, globalmente inclusiva y absolutamente excedente. Probablemente haya que recordar aquí de nuevo que el capital es concepto y realidad de una relación: teóricamente, sin trabajo vivo no hay explotación y, muy concretamente, si el trabajo vivo se abstiene de dejarse explotar, se anula la secuencia plusvalor-beneficio; de esta suerte, sin la autonomía relativa del trabajo vivo ni siquiera hay capitalismo, sobre todo cuando el trabajo vivo se torna cognitivo, y por ende se reapropia relativamente de las condiciones de la producción. En estas circunstancias la relación de capital, la relación que constituye el capital, se torna cada vez más dualista.

Asimismo, asumimos aquí la definición foucaultiana del poder como «acción sobre la acción de otro». Por lo tanto, el concepto de poder constituyente ha de ser reelaborado partiendo no de la excepción sino de la excedencia. Allí donde «excepción» como fundamento y governance como procedimiento ya no pueden convivir (la excepción normativa solo puede darse en una situación en la que la norma se presente como general y abstracta y por ende «fuera» de –transcendente sobre– toda procesualidad política concreta), allí las potencias sociales se presentan como máquinas productoras de «excedencia». 20 | El poder constituyente

Por primera vez, más allá de la modernidad, estamos más allá del individualismo posesivo y la reivindicación de derecho ya no se presenta como pretensión, posesión, contrato, sino como exigencia de comunicación, de cooperación y como necesidad de instituciones comunes. La definición del poder constituyente ha superado definitivamente toda imaginación de apropiación egoísta y se ha asentado en una relación de generosidad comunitaria. Las experiencias latinoamericanas y más tarde las «indignadas» han comenzado a mostrarnos que hoy construir derecho quiere decir construir acampadas, y por ende relaciones, redes e instituciones a partir de una experimentación política y afectiva, corpórea y cognitiva, cada vez más abundante de libertad e igualdad. Este parece ser –proyectado en el orden global– el nuevo destino del poder constituyente. ***** Dicho esto, está claro que hasta ahora hemos tenido presentes y desarrollado implícitamente los conceptos spinozianos de multitudinis potentia = ius sive potentia [potencia de la multitud = derecho, esto es, potencia] (colectiva) = institución (activa) del común (excedencia), que siguen siendo fundamentales si queremos aferrar en la metafísica moderna una base, una sugerencia para avanzar más allá de lo «teológico-político». Lo importante aquí es que lo político se basa y se articula en la ontología, una ontología humanista donde el ser es potencia.

Hoy, en esta época plagada de concepciones negativas y abismalmente irracionales del ser –donde justamente se encuentran Schmitt y Heidegger– insistir en esta dimensión ontológica de la potencia, entender su excedencia productiva es absolutamente fundamental. Así, pues, si queremos asegurar este primer punto, continuar y desarrollar una teoría del poder constituyente, mi opinión es que debemos entender y exaltar su naturaleza subjetiva. Esta conduce a asumir la multitud como proceso de subjetivación, la multitud como sujeto que se desarrolla iuxta sua propria principia [según sus propios principios]. Esto significa plantear la «síntesis de multitud y común» como elemento central para reconstruir hoy una figura de poder constituyente. El desarrollo del concepto de multitud no conduce hacia el Uno, sino hacia un «nosotros» fuertemente subjetivado, dinamiza además el proceso constitutivo del «nosotros», sumergiéndolo en una dimensión temporal. Una dimensión temporal –una temporalidad– que, considerando la totalidad de desidentificación o desunificación que determina el concepto de multitud, puede presentarse como precipitación de acontecimientos y condensación intensiva de historicidad. En estas condiciones viene a plantearse un sujeto común. Prefacio a la nueva edición en español | 21 En tercer lugar, no lo olvidemos nunca, el poder constituyente, como quiera que lo asumamos, es una figura rebelde. Spinoza nos lo describe como una «Jerusalén rebelde». El conflicto que subyace al derecho (como subyace al capital, como subyace al Estado) se muestra aquí con plena intensidad.

Del conflicto, el poder constituyente surge como máquina de excedencia subversiva, por la libertad, por el común, por la paz. Permítanme terminar con una cita de mi libro: «Recorriendo la relación entre multitud y potencia, hemos recordado el pensamiento de Maquiavelo; abordando el discurso sobre la distopía constitutiva del común hemos hecho referencia a la metafísica de Spinoza: pues bien, partiendo ahora de la escisión catastrófica de lo político y lo social que nos presenta la metafísica capitalista, es necesario volver a aferrar el punto de vista marxiano. En efecto, corresponde a Marx la insistencia más profunda en la relación o, para ser más exactos, en la interioridad de lo social y lo político, dentro de la corriente materialista y revolucionaria de la metafísica moderna. Y aunque Marx no elaborara aquella teoría del Estado anunciada en El capital, sin embargo –sobre todo en sus escritos económicos– ha identificado el terreno de una crítica de lo político a partir de lo social y ha elaborado algunos prolegómenos fundamentales a toda ciencia futura del poder constituyente. El tema propuesto por Marx es el de la creatividad omniexpansiva del trabajo vivo […] mientras que el poder constituyente había sido definido siempre (en los términos de la modernidad) como un poder extraordinario frente a la legitimidad ordinaria de la Constitución, aquí se elimina todo carácter extraordinario, porque, a través de su reducción a lo social (animado por el trabajo vivo), al poder constituyente se le reconoce la capacidad ordinaria de actuar en términos ontológicos. El poder constituyente es una potencia creativa del ser, es decir, de figuras concretas de lo real, valores, instituciones y lógicas de ordenación de lo real. El poder constituyente constituye la sociedad, identificando lo social y lo político en un nexo ontológico».

Antonio Negri París, 4 de abril de 2014

 

 

La Campaña del NO fue un fraude electoral.

Apenas unos días después del plebiscito se ha descubierto por confesión misma del gerente de la campaña del No, el ex senador Juan Carlos Vélez Uribe, que poderosos empresarios financiaron la campaña, entre ellos el propietario del Canal RCN y de gaseosas Postobón: Carlos Ardila Lulle; y que dicha financiación sirvió para construir una estrategia que buscaba engañar a los sufragantes con temas que no tenían que ver con los acuerdos de la Habana y que buscaban indignar a los electores y hacerlos votar a favor del NO.

Todos vimos la campaña, todos vimos cómo por redes y en iglesias de políticos que se han disfrazado de pastores, se le decía a los electores que los pensionados iban a perder su pensión, que los taxistas iban a tener que dejar sus taxis que pasarían a manos de guerrilleros, que las familias se iban a desintegrar y que sus hijos se volverían homosexuales porque las Farc ejercerían una llamada dictadura de género, que los pobres iban a perder sus subsidios porque estos pasarían a financiar jugosos salarios de los guerrilleros; que Colombia pasaría a tener un régimen como el de Venezuela; que Santos es un comunista camuflado amigo de Castro, que Dios esta con el No, etc.…etc.…

Hasta manipularon el video de una vieja entrevista mía, lo editaron y lo hicieron aparecer como si yo invitase a votar por el NO. Video profusamente repartido a un alto costo económico.

Cometieron un crimen. El engaño al sufragante es un delito tipificado en el código penal y tiene pena de prisión.

Aunque no nos guste escucharlo. Los directivos de la campaña del No que difundieron esta estrategia engañosa son unos delincuentes, agravada su actitud con el hecho que el fraude electoral no servía para obtener unas curules sino para mantener al pueblo sumido en la guerra. Su engaño buscaba que se mataran más colombianos.

Estamos tan acostumbrados al engaño al elector, a la compra de votos, que consideramos esto como cosas normales de la democracia. La realidad es que nuestra democracia ha sido de mentiras y que la mayoría de quienes han hecho las leyes de Colombia lo han hecho en virtud de haber sido elegidos a través del fraude, del delito: la compra de los votos.

Tenemos un sistema político delincuencial que ha sido usado por los narcotraficantes para hacer la ley.

Pero la confesión de Juan Carlos Vélez es más grave. Habla del uso del delito electoral ya no solo para hacer las leyes y obtener curules, sino para mantener la guerra en Colombia, para involucrar a millones de jóvenes en el conflicto armado fratricida del país, para condenarlos a la muerte y la violencia. Jóvenes en su inmensa mayoría pobres y sin oportunidades en la educación pública de Colombia.

Una estrategia electoral delictiva que necesita de bajos niveles de información y conocimiento de la gente. No nos extrañe porque Pastrana y Uribe recortaron los recursos a la educación que había establecido la Constitución del 91. La única manera de mantener al pueblo en la guerra que lo destruye es a partir de la ignorancia.

Pero es importante hoy saber qué buscan en realidad los dirigentes del NO con la continuidad de la guerra en Colombia, así pregonen, otra falsedad: que están con la Paz.

Varios de los empresarios que financiaron el NO están acusados de financiar a los grupos paramilitares, es decir de apoyar el genocidio que desataron en Colombia. No quieren que un Tribunal especializado los escuche en indagatoria.

El presidente Uribe dijo que no quería que los militares sindicados de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad acudan, como los guerrilleros, al tribunal especial de justicia, a confesar y a cambio recibir los beneficios jurídicos que les permitirían el perdón de la sociedad y rehacer la vida de sus familias.

A Uribe le aterra que los militares sindicados confiesen y los sacrifica, los lleva de lleno a la justicia internacional, con tal que su nombre no aparezca en las indagatorias como auspiciador de crímenes cuando fue gobernador de Antioquia o cuando fue Presidente.

El temor de Uribe arrastra al país a la sangre.

La campaña del NO oculta, que no quieren que la tierra amasada ilícitamente y con sangre por el narcotráfico para lavar sus dólares del comercio de la cocaína, más de diez millones de hectáreas, sea devuelta de nuevo a sus antiguos poseedores legítimos o a los campesinos y empresarios que quieren producir alimentos.

El engaño generalizado en la sociedad colombiana y triunfante en regiones antioqueñas, santandereanas y cafeteras, es para ocultar uno de los peores hechos de la historia colombiana, la acumulación de poder económico y político sobre la base de la muerte, el genocidio y el desplazamiento forzado en la sociedad.

Y están a punto, gracias a la debilidad del presidente Santos y la derrota fraudulenta de su plebiscito, de condenarnos a todos a la guerra.

Por eso, como nunca antes, la sociedad colombiana debe actuar. Los jóvenes, los llamados a la violencia han dado el ejemplo. Se rebelan contra la guerra y salen a marchar por centenares de miles.

Como lo hicimos en Bogotá Humana, la movilización debe ser permanente: Una y otra vez. Pero esta vez debe alcanzar todos los rincones de Colombia.

Al movimiento estudiantil ya desatado y que se organiza a partir de asambleas públicas en los parques, donde se coordinan las siguientes acciones y se evalúa la situación del país, debe articularse de manera organizada, una fuerte movilización indígena y campesina por la Paz.

Así romperemos el engaño tejido por los señores de la guerra en el barrio popular, en el municipio, en la ciudad.

Se nos convoca al cabildo abierto, a un movimiento asambleario, que debe tener todo el sentido constituyente del pueblo soberano.

Hay que destituir el engaño, el oprobio, los señores de la guerra, lo que nos lleva a la muerte fratricida. Hay que constituir lo que permite la convivencia. Hasta los acuerdos de la Habana que deben ser respetados se quedarán pequeños si como sociedad somos capaces de no tolerar el engaño y de salir en multitudes a constituir la Paz.

Nos tocó un momento histórico determinante para Colombia y vale la pena vivirlo y actuar con inteligencia y con contundencia. No son los tiempos de quedarnos en la casa, son los tiempos de la acción democrática y masiva. El tiempo de las Multitudes Constituyentes.

¿Nos Robarán la Paz?

El 2 de Octubre no es una derrota sólo de Santos, quizás su mayor derrota; es una derrota de Colombia.

Hacer la Paz no es un camino equivocado para Colombia ni es un camino fácil, al contrario, a pesar de su dificultad,  es su necesidad más fundamental. La necesidad de cualquier sociedad es convivir en paz y en libertad. El engaño que los dirigentes del No propusieron a sectores afectados por el miedo, por manipulación religiosa o política será siempre transitorio.

Pero el camino abierto para salvar los acuerdos de la Habana y algo que sonaba demagógico en la voz de Santos, una Paz Estable y Duradera, que implica mucho más que los acuerdos de la Habana, es la Constituyente.

Una cosa es un pueblo refrendador de acuerdos entre Santos y las Farc, acuerdos que fuera del título sobre desarrollo rural versan sobre la metodología técnica militar y jurídica para desmovilizar un ejército en armas, y otra cosa es un pueblo Constituyente reformando y decidiendo sobre sus propios problemas. Problemas de la sociedad que son el núcleo central de la convivencia y por tanto de una paz estable y duradera.

Las reformas que necesita nuestra sociedad colombiana contemporánea versan sobre un modelo de salud hoy mercantilizado e ineficaz, sobre un fortalecimiento de la educación superior pública que permita el acceso de una juventud numerosa y excluida que es en sí misma la fuerza manipulada de la violencia en campos y ciudades, pero también la posibilidad de una fuerza del saber consciente y esencial para la nueva economía del siglo XXI, que versan sobre una justicia que solo ha podido serla para los poderosos pero no para el ciudadano del común y versan sobre el territorio donde fuerzas extrañas, mafiosas unas, legales otras, han depredado suelos y recursos sin que las ciudadanías habitantes de ellos puedan decidir. El territorio ha sido el espacio de la violencia, del genocidio, de la depredación, pero puede ser el espacio del sostenimiento de la vida si se deja a sus habitantes simplemente decidir. El territorio es el espacio de la adaptación y la mitigación del cambio climático producido por la codicia del mercado y que es hoy la principal tarea de la humanidad.

Cómo podemos hablar de convivencia social sin plantear quien tiene el poder en el territorio y como son los planes para salvar la vida ante el cambio pavoroso del clima?

Santos es capaz de adoptar un programa de reformas constitucionales de esta magnitud que es básico para hablar con sinceridad de una Paz estable y duradera? O va simplemente a jugar con los nuevos equilibrios que le propone Uribe, para bajarse por las orejas de su responsabilidad histórica y configurar un nuevo frente nacional ausente por completo de reformas sociales y de Democracia? Un Frente que ya no podría llamarse nacional sino el frente del ESMAD, el de la represión generalizada de la sociedad como ya sucede en muchas regiones incluida Bogotá?

El problema no es como los del NO apoyan la Paz, ellos no la apoyan; el problema es como los apáticos y abstencionistas apoyan la Paz.

La línea que vincula la abstención a la Paz es la Paz Grande, la de las reformas sociales en salud, educación, justicia y el camino para producir estas reformas no es el de un Congreso cuyas fuentes de elección provienen precisamente de los intereses creados que no permiten las reformas sino de otorgarle al pueblo sus funciones Constituyentes

El gran fracaso del Sí en las elecciones, está en un Santos que concibió la Paz como una paz chiquita, barata, ajena a las reivindicaciones de la sociedad. Pensó como todo hombre del establecimiento que la Paz es una rendición y que las reformas sociales solo son populismo. Que la guerrilla no representa las reformas sociales, cosa que puede ser cierta, pero que tampoco es la sociedad, las regiones y sus movimientos sociales su interlocutor. De ese esquema reducido de la Paz surgió la idea de hacer un plebiscito refrendario que desde el inicio estaba derrotado. De esa idea chiquita de la Paz nació la idea en el partido Liberal de pensar que podía utilizar el proceso como la construcción de su propia candidatura presidencial.  Y de esa idea chiquita de la Paz salió la idea de  Santos, dados ya los resultados, de creerse  el cuento que los votos surgieron de Cambio radical y no de la sociedad que reclama la Paz. La Paz chiquita llevo la estrategia del gobierno al tamaño de las ambiciones personales de sus integrantes en plena pugna.

Al contrario de lo que piensa Santos, la Paz implica una destitución de lo que nos lleva a la violencia y una constitución de nuevas reformas que nos lleven a la convivencia.  Toda Constitución tiene la potencia de ser un Tratado de Paz. Acordar es constituir. Pero el acuerdo es con el conjunto de la sociedad que solo se puede establecer a partir del gran pacto constitucional.

El acuerdo de toda la diversidad colombiana, de la que Uribe es una parte pequeña, el Dialogo Nacional, que no cabe en una mesa de tres patas: la diversidad colombiana no cabe en esa mesa; debe tener poder vinculante, capacidad de reforma real y en los temas que importan y eso no se garantiza más que a partir de una constituyente si estamos de acuerdo que el camino de Colombia es el de una Democracia plural.

Los que de las campañas del “sí “temen una Constituyente porque piensan que Uribe ganaría, se parecen a los del No que temen que Timochenko sería presidente. Expresan solo los miedos de convocar al pueblo a que decida. Los temores que se han convertido en el instrumento de la manipulación y del engaño y que están paralizando por completo la iniciativa social. La Paz implica un pueblo soberano. Estas palabras no son solo para las canciones o los himnos, es la misma realidad histórica de la convivencia de los pueblos.

Santos va camino a construir un nuevo Frente Nacional del establecimiento: Santos, Vargas Lleras y Uribe, de tal frente solo surgirá una propuesta de rendición para las Farc y una reacción indeterminada de ellos. Cualquiera que sea su respuesta, la renuncia a una Paz grande solo abrirá el camino de las nuevas violencias.

Atraer al gobierno hacia una postura coherente con la Paz, romper toda opción de frente nacional del establecimiento y llevar las cosas hacia una democratización real de Colombia pasa por el que no ha sido convidado a las cumbres: la sociedad y su movilización.

Una movilización que no es para el unanimismo: el acuerdo Santos y Uribe, sino para lograr el papel protagónico de la sociedad en la construcción de la Paz .

Una multitud por una Constituyente que hable del pan, la educación, la salud, del territorio de lo(a)s colombiano(a)s: La Paz Grande. Desde el progresismo nosotros solicitamos a todos los movimientos sociales y políticos democráticos de Colombia avanzar sobre una gran movilización social, ciudadana y permanente por la Paz de la Nación.

UNA POLITICA DE AGUA Y ASEO DIFERENTE PARA COLOMBIA

Por Gustavo Petro

Hace poco la Revista Semana titulaba que el actual alcalde de Bogotá había pagado una multa de cerca de $20.000 millones, impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC a la UAESP,  por el error del alcalde Petro en su política de aseo.

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La verdad es que unas semanas después Eva Maria Uribe, gerente de Peñalosa de la Empresa de Acueducto, pagó otra multa por la misma razón por 65.000 millones de pesos a la misma SIC. La revista no averiguó que estos pagos de casi 100.000 millones de pesos, extraídos de los presupuestos de agua y aseo del Distrito eran ilegales. Ya los tribunales de justicia habían aceptado las demandas que interpusimos y las acciones de la SIC quedaban suspendidas hasta el fallo definitivo. Le interesaba a la Revista mostrar los pagos no como una irresponsabilidad mayúscula de Eva Maria Uribe y Peñalosa, sino como un error mio por mi política de desprivatización y remuneración de los recicladores.

El titular tendencioso de revista Semana, ocultaba un profundo problema de los servicios públicos esenciales de Colombia, que la revista no osó preguntar.

¿Por qué la SIC impone una multa a una empresa de servicios públicos? ¿Según la SIC porque la empresa de Acueducto y la Uaesp rompieron la libre competencia? Sobre tal tesis repetida una y otra vez en los medios de comunicación, es clave iniciar un análisis a fondo.

Acaso la SIC no tiene que ver con la Industria y el Comercio, mientras los Servicios Públicos tienen que ver es con los derechos fundamentales de los colombianos y son, por definición de la Constitución, un fin esencial del Estado? Y si los servicios públicos son la garantía de derechos fundamentales como el agua potable y el saneamiento básico, de donde acá nuestras normas dicen que se rigen exclusivamente por la libre competencia?

¿Acaso el mercado garantiza, per se, los derechos fundamentales?

Tal criterio, propio de las versiones más radicales de la Escuela de Chicago, es portador de un neoliberalismo fundamentalista que no se aplica en ningún lugar del mundo, ni tampoco lo ordena la Constitución. Lo que asegura la Constitución es que el Estado los puede prestar directa o indirectamente y que quien ejerce el control y la vigilancia sobre los servicios públicos es el Presidente a través de la Superintendencia de Servicios Públicos. Qué hacía entonces la superintendencia de Industria y comercio allanando la empresa de acueducto de Bogotá, y que hace imponiéndoles multas? La superintendencia de industria y comercio estaba aplicando una Constitución diferente a la del 91, y en este caso bajo órdenes del vicepresidente de la República?

Porque si bien actores privados pueden ayudar a garantizar un derecho fundamental para la población, el Estado es esencial en esa garantía, sobre todo en un país, con una alta proporción de su población por debajo de la linea de pobreza.

Ese es el criterio que expresa nuestra Constitución y no es un error de un alcalde el aplicarla.

El que la SIC sea la que multe a una empresa de servicios públicos esenciales para la población y a sus directivos y no la Superintendencia de Servicios es un exabrupto y produce una ruptura del orden constitucional; pero que multe una empresa pública de agua potable domiciliario y saneamiento básico es peor: atenta contra la vida.

La garantía de un derecho fundamental y esencial a la vida, como es el agua potable y el saneamiento básico, consagrado así por las Naciones Unidas, no puede ser tratado como si se tratase de un mercado de gaseosas o de tinte para el cabello.

Por eso fue admitida la demanda de nulidad por la Justicia administrativa contra las decisiones que impusieron esas multas.

Entonces por qué Peñalosa se adelantó a pagarlas y no se puso en la defensa del Distrito ante tamaño acto de arbitrariedad?

Las razones son estas:

El superintendente Robledo, es amigo de los abogados de las empresas privadas de aseo y agua potable, y al mismo tiempo es ficha política del Vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras quien también es amigo y ha sido financiado por los dueños de estas empresas privadas de contratistas.

La acción de Robledo, que inició el proceso de investigación estando inhabilitado, con allanamiento incluido a la Empresa de Acueducto y revisión ilegal de la información de los computadores que encontraron, y el del superintendente ad hoc después, hoy secretario general del Presidente Santos, quien estaba bajo investigación del procurador Ordoñez, buscaron que una vez terminados los contratos de concesión de los empresarios privados del aseo en Bogotá, como si nada, continuarán automáticamente perpetuados por el concepto de libre competencia, que según ellos, se aplicaría una vez terminados los contratos de concesión. Y óigase bien, sin devolverle a la ciudad todos lo bienes que adquirieron con el dinero de los usuarios en virtud de dicha concesión incluidos los camiones compactadores.

Es decir que sin importar que los contratos de concesión del aseo de Bogotá hubieran terminado, para los amigos en el gobierno de los propietarios de estos contratos, se garantizaba un derecho a perpetuidad para seguir manteniendo la operación y sus ingresos. Se podrán imaginar que significaría un concepto así trasladado a las concesiones petroleras, del oro o del carbón?

Era una defensa del interés particular de un grupo empresarial ligado estrechamente al Vicepresidente de la República. La SIC como varios organismos de control, vienen siendo utilizados por el vicepresidente como una policía política.

Si los empresarios son amigos del vicepresidente no son investigados en la SIC, si no lo son, sí. Por esta misma razón en la fiscalía se investigó a los amigos del cartel de la contratación de Samuel Moreno, pero no a los amigos de Vargas Lleras.

Es por esto que un integrante confeso del cartel de la contratación de Bogotá: Emilio Tapia, en carta al Fiscal General de la Nación denunció que su fiscal, el fiscal Valbuena, le pedía que no confesara todo lo que sabía sobre el cartel; y es por esto que destruyeron la posibilidad que los Nule hicieran una confesión completa de sus actividades y de sus aliados en el gobierno.

Pero estos hechos que desconoce la Revista Semana, bajo su titular de “error del alcalde Petro” tocan temas aún más profundos.

Los concesionarios privados del aseo en Bogotá, son al mismo tiempo los mayores contratistas de agua potable y saneamiento básico de Colombia, de la electricidad, e incluso de vías de la 4G del país, y no solo han sido amigos de directores de medios de comunicación y de sus presentadoras rutilantes, sino que, se alistan a ser propietarios de canales de televisión.

Se trata de un verdadero cartel de la contratación protegido bajo el Poder del Vicepresidente y la desidia del Presidente Santos.

Peñalosa paga la multa porque le debe favores a Cambio Radical y a Vargas Lleras, y porque lo guía un odio a todo lo que signifique Bogotá Humana y no porque tuviera la obligación de hacerlo, o porque ya la justicia dijera que no tuvimos razón. Los procesos hasta ahora inician. Creo que los funcionarios que decidieron pagar cuando, apenas se inician los procesos en el contencioso administrativo cometieron un delito.

Al mismo tiempo que Peñalosa pagaba la multa a la SIC, el país estuvo en una situación dramática de escasez de agua por procesos climáticos desencadenados por el sobre calentamiento del Océano Pacífico, comparado con sus promedios históricos. Millones de personas fueron golpeadas por otro silencio de la Revista: El Cambio Climático producido por el ser humano.

Cómo es que la SIC busca debilitar financieramente a las empresas públicas de agua y saneamiento básico de carácter público, cuando son estas las únicas que pueden mitigar los efectos de la sequía en grandes zonas del país? Es más importante proteger el interés de cuatro empresarios que el de millones de personas?

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¿No muestra esta política, como la política pública de mantener la privatización de las aguas del Rio Ranchería, la venta de los embalses de Isagen, la postura de Santos contra el Metro de Bogotá y su Reserva Forestal del Norte, el sabotaje al primer POT de adaptación al cambio climático del país: el de Bogotá, la utilización del agua en minería y petróleo, la concesión de áreas para minería en lugares estratégicos para el ambiente, una profunda ignorancia del gobierno nacional sobre el principal problema de la humanidad hoy: el cambio climático?

El plan presentado por Colombia para mitigar emisiones de gases efecto invernadero: dióxido de Carbono, CO2, gas Metano CH4, monóxido de nitrógeno N2O, ha sido un fracaso.

Al imponerse metas conservadoras, el plan colombiano, como el de la mayoría de los países de la COP 21, determinaron un crecimiento para el 2050 de 3 grados centígrados de temperatura promedio para todo el mundo respecto a la temperatura de la época pre industrial. Una catástrofe planetaria.

La COP demandó a los países ser más audaces para el mes de abril y hacer nuevos planes. El presidente Santos no ha discutido públicamente lo que sería el nuevo plan, aunque la Bogotá Humana si lo hizo.

Un plan más audaz implica una política de ubicación poblacional diferente que se aplique progresivamente al 2050, la población debe ubicarse progresivamente y el Estado debe estimularla, en donde hay agua; la electrificación de los sistemas de transporte, lo cual prioriza ferrocarriles, tranvías y metros, y no autopistas concesionadas y BRT urbanos; una agricultura diferente que cultive alimentos y no combustibles y no use abonos en base a Nitrógeno; una política de arborización urbana y reforestación extensa y generalizada, Bogotá por ejemplo debe sembrar un millón de árboles al año; una nueva política energética que sustituya termoeléctricas y gas domiciliario, por energías limpias como la solar, y ojo; una política diferente respecto al agua y el saneamiento básico.

Si el agua se torna escasa en regiones, su uso debe priorizar el consumo humano y el de la naturaleza y la producción de alimentos. Desde el gobierno de Pastrana y sobretodo en los gobiernos de Uribe y Santos se ha priorizado la minería y la producción de combustibles por encima de las necesidades vitales. La Guajira y sus niños muertos son el efecto de esa política irracional.

El agua, desde la perspectiva de la adaptación al cambio climático, y el saneamiento básico, desde la perspectiva de la mitigación, son cruciales en los tiempos del cambio climático y el modelo de privatización actual con carteles de contratación que son a su vez, dueños de poder y de la política, y de la opinión en algunos medios de comunicación, no sirve.

Quien va a pagar por los nuevos acueductos que de regiones cada vez más lejanas deben llevar el agua a las poblaciones? Quien va a pagar por la reubicación de poblaciones afectadas por el alto riesgo, sea por excesos de agua o por su carencia? Quien va a pagar por superar los rellenos sanitarios productores de gas metano, y el tránsito hacia el reciclaje? Si dejáramos esta respuesta a los amigos empresarios del vicepresidente, estos dirían que toda la inversión debería ser pagada por las tarifas de los usuarios.

Es decir pagaría la ciudadanía usuaria de servicios y el peso de la financiación recaería más sobre los pobres. Entre estos pobres, la mayoría de la población colombiana carente de agua potable y saneamiento básico de calidad, que perderían por falta de pago los escasos servicios que hoy reciben.

O tendría que pagar el Estado,  así garantizaría que la financiación de sus inversiones públicas no se trasladarían a los más pobres de la sociedad: una política como el mínimo vital bogotano pero extendida a toda Colombia; pero si lo más lógico es que el Estado a través de su presupuesto tendría que hacer las inversiones que en materia de agua potable y saneamiento básico necesitan las políticas de adaptación y mitigación del cambio climático, entonces para qué empresarios privados concesionarios viviendo de la renta en los servicios que garantizan el derecho esencial al agua y al saneamiento básico?

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En tiempos de cambio climático y para superarlo con éxito se impone una política de desprivatización de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, y más aún una política de desemprerización del servicio del agua potable. El agua potable no puede ser considerada una mercancía en una sociedad bajo efectos del cambio climático, sino un derecho fundamental para la vida y desde esta perspectiva, tal como se hace con la justicia, la seguridad, la educación pública, el Estado debe volcar sus recursos aún a fondo perdido para garantizarla.

Esta nueva política sobre agua potable sustentada en el presupuesto, en lo que tiene que ver con el consumo mínimo vital, debe articularse a una política general del agua en Colombia que nos obliga a priorizar los temas ambientales. El camino de Colombia no es Venezuela, es Costa Rica.

En el tema del saneamiento ambiental, las cosas no son muy diferentes. Cómo se entiende, ante el compromiso de Colombia frente a la Humanidad de disminuir gases efecto invernadero, que se le haga pagar a todos los usuarios del aseo de Colombia un servicio que lo único que hace es transportar residuos para ser enterrados en rellenos que se convierten en bolsas de metano, uno de los peores gases efecto invernadero, 21 veces más poderoso que el CO2 en calentar el planeta?

Pagamos para que nos envenenen y nos maten? Solo porque esos empresarios del aseo son los amigos de Uribe, de Pastrana y de Vargas Lleras?

La Bogotá Humana dio una lección sobre el cambio del modelo del aseo de residuos sólidos y de manera más tímida sobre el cambio del modelo de residuos líquidos y aguas lluvias. A pesar del sabotaje de los empresarios del cartel de las basuras el 18 de diciembre del 2012, la administración progresista logró contra todas las amenazas, en medio de una campaña mediática brutal en contra de sus medidas, después se demostró que los directores de medios eran íntimos de los dueños de las basuras, contra la destitución misma del alcalde, defendido por oleadas y continuas manifestaciones ciudadanas, construir y demostrar la viabilidad de un modelo sustentado en el reciclaje.

El Reciclaje disminuye contrario al modelo de los empresarios privados poderosos del aseo, los gases efecto invernadero.

Por tanto el titular de la Revista Semana con la que comencé este artículo no solo es absurdamente equivocado, sino que la estructuración de una nueva política de agua, agua potable, y saneamiento básico como programa de un gobierno progresista nacional se vuelve el eje articulador de un nuevo país.

 

Por qué Santos no trabajó por el Metro para Bogotá?

Por Gustavo Petro

En el año 2010 el gobierno de Uribe y el de Samuel Moreno, lograron un acuerdo en materia de transporte en Bogotá: La ciudad pasaría al transporte multimodal con su primera línea del metro, el tren de cercanías, cables aéreos para los barrios en pendiente, y la continuación del BRT, Bus de Tránsito Rápido, o troncal de Transmilenio en la Avenida Boyacá.

El Plan cambiaba la idea de Peñalosa, Mockus y Lucho Garzón de extender por la ciudad exclusivamente un sistema de troncales de buses BRT.

La tesis peñalosista, se basaba en que los BRT son más baratos que el Metro y pueden transportar igual número de personas, tesis fundamental, de ser cierta, para grandes ciudades de países en desarrollos con restricción importante en sus presupuestos.

La tesis en su versión más radical excluye todo transporte público férreo o multimodal, diferente a buses, se autofinancia en su operación exclusivamente con los pasajes de los usuarios y se expande a cuanta troncal de ciudad, independientemente de su tamaño y demanda, se pueda.

Lo que hicieron Uribe y Moreno, sin que lo supieran muy claramente, era cambiar el paradigma del transporte público en Bogotá y seguir el modelo de Medellín, que a su vez es el modelo de Europa, China, y las ciudades densas de los EEUU: El modelo del transporte multimodal, varios modos tecnológicos integrados entre sí.

En nuestro programa de gobierno presentado para las elecciones de 2011 a la alcaldía de Bogotá habíamos planteado la necesidad de un transporte multimodal para la ciudad, por ser más eficiente, poderoso y cómodo para los y las usuarias. Como alcalde de Bogotá Humana, decidí continuar el acuerdo del Conpes del 2010 y llevar a la ciudad hacia ese transporte multimodal. Bogotá Humana le apostaba como política pública de movilidad al transporte multimodal, tal como lo habían hecho antes ciudades como París, Londres, Nueva York, Tokio, Berlín, Madrid, Seúl, o en nuestra Colombia: Medellín

Hicimos el primer estudio de diseño del Metro de la historia de Bogotá. Con más de 40.000 planos, con los estudios de suelos más avanzados tecnológicamente de nuestra historia, y a un costo de 65.000 millones de pesos completamente pagados por el Distrito de crédito del Banco Mundial.

De acuerdo a la ley de sistemas de transporte masivos, y al Conpes del 2010 de Uribe y Moreno. Las obras se harían a través de una co financiación de recursos de la Nación, el 70%, y del Distrito, el 30%.

Era imprescindible, por razones de trámite legal, que Santos convocará un Conpes para volver realidad esa cofinanciación y los recursos que la Nación aportaría que para el metro implicaban 4.900 millones USD del  presupuesto nacional.

El Distrito financiaría el 30% del metro, 2.100 millones de USD, y la totalidad de las obras restantes del conpes 2010 en un 100%: Troncal BRT de la avenida Boyacá, Tren de cercanías, que volvimos un sistema de tranvías con Cundinamarca, los cables a Ciudad Bolívar y San Cristóbal.

El Conpes nunca se convocó.

Esperaba el Gobierno Nacional que el Distrito tuviese que acudir al Concejo para financiar el 30% del metro y fracasar allí para asignarle la responsabilidad del fracaso a Bogotá Humana; sabían que en el Concejo nos esperaban las mismas bancadas mayoritarias del gobierno nacional listas para hundir el proyecto. Solo se repetiría la historia del POT, Santos lo apoyaba, y Vargas Lleras lo hundía con sus bancadas en el Concejo.

Santos no esperaba que fuéramos capaces de obtener los recursos, y los obtuvimos. Ya teníamos una posibilidad legal de endeudarnos por 800.000 millones, podíamos pignorar la sobretasa de la gasolina por varios años, como se hizo para hacer las troncales BRT, sin pasar por el Concejo, gracias a que quedaba libre a partir del 2016 por un valor de 2,6 billones de pesos y la fortaleza alcanzada por las empresas públicas nos permitían un acuerdo de accionistas para garantizar un flujo anualizado de las reservas, que no de las utilidades, es decir del ahorro guardado en ellas, por los 700.000 millones restantes. El gobierno nacional hizo un mal cálculo político por simple desconocimiento de los mecanismos financieros y presupuestales de Bogotá y ante la evidencia que el Metro quedaba completamente financiado, decidió utilizar otra estrategia para sabotear la licitación de su construcción

La estrategia de Santos consistió en demorar la licitación y poner una fase previa muy larga de estructuración de las condiciones de dicha licitación: Clemente del Valle, responsable de ese proceso propuso un cronograma que solo permitía abrir licitación hasta junio del 2016.

Era evidente que Santos no quería que la impronta de Bogotá Humana quedara en la historia del Metro de Bogotá. Cuando el Distrito se movió rápidamente para cumplir todos los requisitos y lograr una licitación en el 2015, de pronto y de manera absurda, el ministerio de hacienda dejó de financiar el proceso y la estructuración se entrabó durante más de seis meses paralizada porque no giraron 5.000 millones de pesos. Así lograron que el plazo para iniciar la licitación se prorrogara después de nuestro gobierno. El gobierno jugaba a excluirnos de una manera peligrosa para la salud del Metro.

Santos no quería que el nombre de alguien ajeno al establecimiento quedará en la historia del Metro y Vargas Lleras veía en el protagonismo de la Bogotá Humana una afectación a su imagen de gran ejecutor fabricada en los medios.

Yo le había dicho a los funcionarios del gobierno nacional que postergar el punto de no retorno hasta después de las elecciones locales era supremamente riesgoso, porque podría suceder que la ciudadanía eligiese un alcalde enemigo del Metro de Bogotá. Santos creía que ganaría Pardo y que sería a él a quien le daría las llaves para arrancar el Metro. Vargas Lleras aprovechó la situación y apoyó a Peñalosa. Vargas Lleras veía en la financiación del Metro un riesgo para los recursos de las autopistas 4G, sus amigos concesionarios y su imagen de buen ejecutor fabricada artificialmente en la prensa

Efectivamente Peñalosa ganó y el Metro perdió. la reacción inmediata del gobierno nacional fue enviarme una carta firmada por un funcionario subalterno del ministerio de Hacienda donde se anunciaba la suspensión de la estructuración de la licitación. El Metro se desbarató como un castillo de naipes.

El Ministro de Hacienda, Cárdenas, que ya había sido el funcionario que suspendió el proyecto del Metro en el gobierno de Samper, adujo a través de su funcionaria, que el resultado electoral demostraba que los bogotanos no querían un metro para su ciudad.

La historia de los tranvías 

Los tranvías fueron el principal medio de transporte de Bogotá hasta 1951 cuando fueron quemados y sus rieles se taparon con asfalto. Desde entonces en el mundo, no dejaron de desarrollarse con tecnologías que los volvieron muy cómodos y baratos. Algunas personas que conocían la experiencia europea en este modo de transporte gobernaban para el momento que fui elegido como alcalde, el departamento de Cundinamarca y veían en los desarrollos del llamado tren-tram, un tranvía con capacidad de moverse con alta velocidad en zona rural y parar en semáforos en zona urbana, una opción muy adecuada para la conexión con Bogotá; recogí su idea y decidí proponer al Concejo la financiación para el primer tranvía moderno por la séptima con opción de conección hasta Zipaquirá.

El cartel de la contratación dominaba el Concejo de Bogotá en el año 2012 y había ordenado, algunos dicen que con dinero de por medio, sabotear toda política del alcalde Petro, su denunciante. El cartel de la contratación quería derribar el gobierno de la Bogotá Humana y tenía mayoría en el concejo, había elegido contralor y personero distritales, y contaba con la ayuda de la prensa que nos veía como su principal enemigo.

 La acción contra el tranvía no se hizo esperar. Al solicitar el endeudamiento de la ciudad para iniciar el proyecto, perdimos por un voto la propuesta, precisamente el voto de Miguel Uribe y el de los concejales del cartel de la contratación

Aunque quería una operación pública de los nuevos modos de transporte, la posición de la mayoría del Concejo no lo permitía, y por eso decidí convocar la iniciativa privada en esta materia.

Las iniciativas llegaron, y por montones. Más de 4.000 millones de dólares en inversión privada extranjera se propusieron para construir no solo la línea de la séptima , sino un sistema completo de tranvías que con el Metro alcanzaba cerca de 110 km de líneas con articulación a los principales municipios de la Sabana de Bogotá.

Pudimos llegar, a través de estas iniciativas privadas, a estudios de ingeniería de detalle del tranvía que del centro de Bogotá, Av 19 con 13, iría por Mártires, Puente Aranda, Fontibón, articularía el aeropuerto  y pasaría por los municipios de Mosquera, Madrid y Faca. Bogotá no ponía un peso de su presupuesto si se construía.

Luego en etapa de factibilidad quedaron las propuestas de tranvía hasta Soacha, el tranvía por la carrera 68 desde la 100 con séptima hasta Venecia, y el de la Séptima.

Más de 110 km de líneas férreas en transporte masivo, con estudios avanzados de ingeniería, listas para comenzar construcción, y sin necesidad de usar el presupuesto distrital. Lo que estaba sobre la mesa era una red de tranvías con una extensión mayor a la que habían alcanzado las troncales de buses de transmilenio y con un eje estructurante en la primera línea del metro para Bogotá .

Aprendimos que la infraestructura y la operación de un LRT, es decir un tranvía, es más barato que el de un BRT, troncal de buses. Lo cual significa que la tarifa técnica, la que se le paga a los operadores, es menor si se cuenta con metro y tranvías, que si solo tenemos buses. Esto es clave para la sostenibilidad financiera del sistema. Y se debe a que metro y tranvías transportan más personas por unidad de energía que los buses más grandes. Es decir son más eficientes. La infraestructura del tranvía es muy barata, son rieles que pueden pasar por encima de prados, sin necesidad de grandes obras de concreto y sus estaciones son similares a las de los buses pero más largas y por tanto más cómodas y usan energía eléctrica y no utilizan combustibles. Prácticamente no usan concreto. En Bogotá y en Colombia la energía eléctrica es mucho más barata que la gasolina o el Diesel.

La tarifa al pasajero, dado que la tarifa técnica es más baja que la de los buses,  puede ser mucho más baja que la actual, si se construyeran como obra pública.

Presentamos, también, el diseño, la financiación y la contratación licitada de la línea de cable a Ciudad Bolívar, igualmente presentamos el diseño de ingeniería de detalle de la línea de cable a San Cristóbal y le buscamos financiación en las regalías que se adjudican a Bogotá.

En cumplimiento del Conpes 2010, hicimos ingeniería de diseño de la troncal Boyacá para BRT e iniciamos licitación de construcción y finalmente, nos adelantamos a un nuevo modelo de propiedad del BRT y su tecnología con la licitación de la fase uno, buscando que compitieran empresas públicas, empresas férreas,  obligábamos a cambiar la tecnología de los buses por modos no contaminantes, y democratizábamos la propiedad del transporte privado inclusive introduciendo la propiedad pública, para ello habíamos creado una empresa de transporte eléctrico en la EEB, la Empresa de Energía de Bogotá.

Y qué pasó?

Todo ha sido suspendido. Le han suspendido a Bogotá con todo y sus estudios realizados con el máximo de planeación y cuidado, su salto al transporte multimodal.

Por qué?

Más allá de los egos, de la falta de liderazgo del Presidente en esta materia y su sectarismo, más allá del calculo electoral de Vargas Lleras y su afán de acabar todo proyecto que sea de la Bogotá Humana, más allá del ego de Peñalosa y su posición pro BRT que no se ha movido un ápice desde 1998, tenemos intereses económicos creados y poderosos que buscan impedir el salto al transporte multimodal en la ciudad y en el país.

Ya en 1951 habían quemado el tranvía público de Bogotá en una ataque de parapoliciales conservadores. El alcalde conservador, el señor Mazuera, se convirtió en el mayor importador de buses e hizo una fortuna, incluso fue el primer empresario de taxis de la ciudad. A partir de allí se creó el modelo Mazuera, el de alcaldes que usan las inversiones públicas del distrito, planificadas de tal manera, que permiten su enriquecimiento particular y el de sus amigos.

A partir de 1951 y después de liquidar la empresa pública de trolebuses, cada vez menos empresarios se benefician de operar un servicio público esencial que controlan en un 100%. Los grandes empresarios privados del transporte se convirtieron en concejales de la ciudad y comenzaron a determinar su política pública de transporte.

Hoy tenemos tres grandes intereses particulares que se mueven detrás de los medios y detrás de la política y los gobiernos para detener cualquier paso de Bogotá y de la mayoría de las áreas metropolitanas al transporte multimodal y a un esquema mixto de operación:

El primer interés particular es el de los propietarios privados de las concesiones hoy en problemas por sobre endeudamiento: Si el metro y los tranvías se construyen, no aumentarán por sí mismos la demanda de transporte público global, sino que cambiarán su estructura: ya no irán en buses, sino en trenes, un millón y medio de viajes diarios, y si el metro se extiende a Suba, dos millones de viajes de cinco y medio que es la demanda total. Eso significa el 30 al 40% de la demanda total. Tendríamos no solo mayor comodidad de los que van en trenes y de quienes se quedan en los buses, en tanto aumenta en metros cuadrados la capacidad de transporte de personas, tanto en los vehículos, como en las estaciones, sino, además, una disminución en ese mismo porcentaje de las utilidades de los actuales concesionarios de buses de la ciudad.

El segundo interés particular es el del propietario del recaudo: Recaudo Bogotá hoy es el único recaudador de dinero de la totalidad del sistema integrado de transporte. Es un monopolio privado, a pesar que la Constitución lo prohíbe. Es la palanca real de control del sistema, mucho más que los operadores concesionarios. Manejan el dinero y la información a través del Sirci.

El propietario que controla el Recaudo en Bogotá es la familia Ríos, la misma que opera buses de BRT en Santiago de Chile y en Panamá, y era propietaria de Express, operadora de buses de BRT en Bogotá y de una zona del SITP.

La familia Ríos también tiene intereses en el sistema de información de vehículos, en el aseo de Bogotá, y en la urbanización de los cerros orientales. Su poderío comenzó con la elección de uno de sus miembros al Concejo de Bogotá y son fuertes financiadores de Cambio Radical y de las campañas del actual Vicepresidente de la República. Tienen una gran influencia en medios de comunicación, especialmente en Caracol radio.

Hace unos días, con gran silencio de la prensa, el funcionario Bacca de la superintendencia de industria y comercio , el mismo que sancionó al acueducto, la Uaesp, Aguas de Bogotá, y a mi con multas por desprivatizar el servicio de aseo, desprivatización que afectó a los Ríos, les archivó a los mismos Ríos la investigación por colusión en la licitación del recaudo a pesar de las pruebas exitentes. La superintendencia de Industria y Comercio es dirigida por una ficha burocrática del Vicepresidente de la República.

Pues bien, el Recaudo se gana nueve pesos por cada pasaje que pagan los usuarios. Es el mejor negocio que se puede hacer con un servicio público en Bogotá, recauda en caja y en efectivo billones de pesos, hasta 64 billones de hoy hasta por los próximos 16 años. Fue denunciado como parte de los negocios del cartel de la contratación por los mismos integrantes del cartel. Pero en la fiscalía los miembros del cartel amigos del vicepresidente no van a la cárcel.

El Recaudo perdería su actual monopolio y disminuiría sus utilidades también entre un 30 y un 40% si hay metro, tranvías y cables, porque de acuerdo al contrato, si se instalan nuevos modos tecnológicos, el gestor lo puede contratar con otros. Pensé en la ETB.

El tercer gran interés particular es el de los productores de buses Diesel, el mayor de ellos VOLVO. Volvo es el gran financiador de la actividad internacional de Peñalosa. El actual alcalde a través de su promoción del BRT en ciudades de países en desarrollo, es en el fondo el gran vendedor de buses de Volvo. En realidad cuando Peñalosa suspende el metro y los tranvías propicia, en un gran conflicto de interés, que no investigan, el mercado a favor de Volvo.

Volvo como toda la industria automotriz de motores de combustión, hace parte del lobby contra las medidas a tomar para mitigar el cambio climático. Son industrias que se mueven alrededor del petróleo y su época ha llegado a su fin a menos que transiten a tecnologías no depredadoras.

La actitud displicente ante el cambio climático, palabra que no aparece en el discurso de Peñalosa, tiene que ver con que los modelos BRT de diesel no sirven para mitigar el cambio climático, están mandados a recoger por otras tecnologías mucho más limpias

Cuando inicié el proceso de licitación de la fase I, la misma que Peñalosa firmó con carácter de contrato indefinido, se propuso un modelo de salto tecnológico hacia modos eléctricos y no contaminantes: Peñalosa suspendió la licitación. Volvo no produce vehículos eléctricos no contaminantes.

Así las cosas la alianza Cambio Radical-Peñalosa que la mayoría de la clase media bogotana eligió, no tiene ningún interés en el metro y el transporte multimodal y todos los intereses apuntan en continuar el modelo anacrónico y depredador del BRT a diesel en Bogotá y en las áreas metropolitanas de Colombia.

En el mundo este modelo llega a su final: Santiago de Chile lo cambiará por una mayor operación pública, más metro y tranvías y cables. Nueva Delhi comienza a desmontarlo. Pero Bogotá, de donde arrancó, quiere extenderlo.

A nivel nacional los BRT de las áreas metropolitanas dan déficits cuantiosos. La salida de subir las tarifas solo reduce la demanda y las frecuencias y empeora el problema.

Si Santos asumiera el liderazgo quizás podría darse cuenta que la agenda de la infraestructura de transporte de Colombia no pasa por la propuesta del Vicepresidente, sino que debe acoplarse a las necesidades mundiales de mitigar el cambio climático y por tanto pasa por subterranizar el metro de Medellín en su trayecto central, financiar una red de tranvías en las ciudades intermedias para disminuir el déficit de sus sistemas de transporte, construir un fondo nacional al subsidio del transporte para la población de estrato 1 y 2 que podría rescatar las ciudades de la invasión de las motos y reconstruir el sistema ferroviario eléctrico tanto para carga como para pasajeros en Colombia. Ni el BRT a Diesel en las ciudades, ni las autorrutas por concesión para tracto mulas son sostenibles ni financiera ni ambientalmente.

Si santos entendiera el tema del cambio climático y el nuevo pacto que necesitamos hacer en respeto a la Naturaleza, sabría que el metro subterráneo de Bogotá es impostergable, y como jefe del Estado que es dueño del subsuelo de Bogotá debería ponerlo a andar financiandolo en su totalidad.